La curatela

El 281 se la reconoce «siempre que el patrimonio de la persona con discapacidad lo permita», y se paga con cargo a ese patrimonio. El importe y el modo de cobrarla los fija la autoridad judicial, según el trabajo y el valor y la rentabilidad de los bienes. No es un cargo gratuito por definición, no la paga una entidad pública y no depende de que la autocuratela la prevea (aunque puede regularla, 271).

El 292 da cinco años y fija el día inicial: «desde la terminación del plazo establecido para efectuarla», es decir, al acabar los tres meses (o su prórroga) que tenía para rendirla, no desde el cese. Los tres años son la prescripción de otra acción: la de responsabilidad por daños, que cuenta desde la rendición final de cuentas (294).

El 278 enumera las causas: incurrir en una causa legal de inhabilidad, conducirse mal por incumplir los deberes del cargo o por notoria ineptitud y, «en su caso», los «problemas de convivencia graves y continuados» con la persona a la que apoya. Mudarse de provincia, dejar de convivir con ella o que la persona quiera cambiar sin motivo no están en la lista.

El 272 no separa el nombre de lo demás: «la propuesta de nombramiento y demás disposiciones voluntarias» del 271 —entre ellas, las reglas de administración y la retribución— vinculan a la autoridad judicial. No son orientativas ni necesitan ratificarse. Solo puede prescindir de ellas en los casos tasados del párrafo segundo y por resolución motivada.

El 280 es tajante: el curador nombrado en atención a una disposición testamentaria que se excuse «por cualquier causa» pierde lo que el testador le dejó en consideración al nombramiento. No importa que la causa sea sobrevenida ni que la excusa se admita: excusarse es legítimo, pero el legado iba unido al cargo.

El último párrafo del 269 lo cierra sin excepciones: «En ningún caso» puede la resolución incluir la mera privación de derechos. La curatela fija los actos en que se presta apoyo, no los derechos que se quitan. Ni el informe del Ministerio Fiscal ni la naturaleza patrimonial de los derechos abren una puerta que el texto no deja abierta.

El 284 la mantiene, pero como algo facultativo y excepcional: la autoridad judicial puede exigirla «cuando lo considere necesario por concurrir razones excepcionales», y entonces fija su modalidad y cuantía. No es automática por administrar bienes, ni depende de que la pida el Ministerio Fiscal. Una vez constituida, la fianza se somete a aprobación judicial, y la autoridad judicial puede modificarla o dejarla sin efecto en cualquier momento.

Dentro del 287.2.º, que exige autorización para enajenar o gravar inmuebles y valores no cotizados, entre otros bienes, el texto añade: «Se exceptúa la venta del derecho de suscripción preferente de acciones». Gravar un inmueble y vender joyas u objetos de especial significado familiar siguen necesitando autorización (287.2.º).

El último párrafo del 276 prevé justo ese caso: si, oída la persona, «no resultare clara su voluntad», la autoridad judicial puede alterar el orden legal y nombrar «a la persona más idónea para comprender e interpretar su voluntad, deseos y preferencias». El Código no presume que el orden legal refleje sus deseos, no pasa la propuesta al Ministerio Fiscal y no manda aplazar el nombramiento.

En el 276 el hijo o descendiente va en segundo lugar y el guardador de hecho en quinto. La convivencia solo se exige al cónyuge o la pareja (1.º) y a los hermanos, parientes o allegados (6.º); a los hijos solo les sirve para desempatar si son varios. Por eso la hija va antes que la sobrina, y nada dispuesto en testamento o documento público (4.º) se interpone. La autoridad judicial podría alterar el orden tras oír a la persona, pero el enunciado pregunta por el orden legal.

El 279 no deja hueco: mientras se resuelve, «el nombrado estará obligado a ejercer su función». Alegar la excusa no suspende el cargo. Si no actúa y hace falta apoyo, se nombra un defensor judicial que lo sustituya, y si la excusa se rechaza, él paga los gastos. (El plazo para alegarla es de quince días desde que conoce el nombramiento, salvo causa sobrevenida.)

El 277 lo admite si la voluntad y las necesidades de la persona lo justifican, y pone el ejemplo: se pueden separar «como cargos distintos los de curador de la persona y curador de los bienes». Si son varios, la autoridad judicial fija cómo funcionan, respetando la voluntad de la persona. No depende del tamaño del patrimonio ni de que el curador sea una persona jurídica.

Los tres años del 268 admiten una excepción: la autoridad judicial puede, «de manera excepcional y motivada», fijar un plazo superior «que no podrá exceder de seis años». Diez años pasan del techo, el plazo no depende de que lo pida el Ministerio Fiscal, y no hay plazo abierto aunque la situación parezca estable; al revés, el mismo artículo obliga a revisar ante cualquier cambio.

El 275.1 lo admite, pero no para cualquiera: «las fundaciones y demás personas jurídicas sin ánimo de lucro, públicas o privadas», y solo si entre sus fines figura «la promoción de la autonomía y asistencia a las personas con discapacidad». No se limita a las entidades públicas, ni basta con ser apta si se tiene ánimo de lucro.

El 287.2.º lo pone en «término inicial que exceda de seis años». Los seis años se repiten en el capítulo con otro papel: son el techo excepcional de la revisión de las medidas (268). Los arrendamientos de duración menor no necesitan autorización por esta causa.

El 271 permite proponer «el nombramiento o la exclusión de una o varias personas determinadas» para ejercer la curatela: excluir a alguien también es cosa de la persona, no del juez. Puede proponer a más de una, y el 273 admite sustitutos y dice cuál se prefiere si no fija el orden. No hay límite de parentesco: el orden de parientes del 276 solo juega cuando falta la propuesta.

El último párrafo del 281 lo excluye: «No concurrirá causa de excusa» cuando los apoyos se han encomendado a una entidad pública. Las dos causas de los distractores (carecer de medios, o que las condiciones no casen con sus fines) son del 279 y valen para las personas jurídicas privadas, no para la pública. El plazo de quince días es el de quien sí puede excusarse.

El 287.5.º incluye en la lista «aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia», y también repudiarla. Lo que dispara la autorización es la forma de aceptar, no el contenido de la herencia ni su valor: aceptar sin beneficio de inventario compromete el patrimonio propio de la persona con las deudas del causante.

El 272, párrafo segundo, solo lo permite si hay «circunstancias graves desconocidas por la persona que las estableció» o si han cambiado las causas que tuvo en cuenta, y «siempre mediante resolución motivada». Ni el paso del tiempo ni que la persona propuesta no sea pariente lo justifican; y aunque los llamados por ley pueden pedirlo, su sola preferencia por otro candidato no basta.

Por regla general el curador asiste; representar es la excepción. El 269 la reserva a los «casos excepcionales» en que resulte imprescindible, y aun entonces la autoridad judicial fija «en resolución motivada los actos concretos». No hay un bloque de actos patrimoniales que el curador represente por defecto, ni puede decidirlos él. Tampoco basta que la persona no pueda expresar su voluntad, deseos y preferencias en un momento dado. Tampoco cubre todos los actos por haberse constituido con facultades representativas: solo los que la resolución fije uno a uno.