Los requisitos y la celebración del matrimonio

El 43, párrafo segundo, cuenta el año «desde el día de la negativa a la celebración del matrimonio»: el plazo corre cuando el incumplimiento se manifiesta, no cuando se prometió ni cuando se gastó. La fecha prevista para la boda tienta, pero el Código no la menciona.

El 47.3 alcanza la muerte dolosa «del cónyuge o persona con la que hubiera estado unida por análoga relación de afectividad a la conyugal»: quien estuvo unido por análoga relación de afectividad entra desde la Ley 15/2015; antes solo el cónyuge. Los ascendientes, los demás parientes y los hijos no los nombra.

El 62, párrafo segundo: la copia acreditativa la remite «el autorizante» —quien celebró y extendió el acta o autorizó la escritura— al Registro Civil competente, que la inscribe tras la calificación de su Encargado. No es carga de los contrayentes ni de los testigos.

El 48, al final: «La dispensa ulterior convalida, desde su celebración, el matrimonio cuya nulidad no haya sido instada judicialmente por alguna de las partes». El efecto es retroactivo, al día de la boda, no desde la dispensa ni desde la inscripción; y la condición es que ninguna parte haya pedido antes la nulidad.

El 46.1.º impide casarse a «los menores de edad no emancipados»; quien está emancipada no entra en ese impedimento, y el Código no exige ninguna autorización más. La dispensa judicial de edad desapareció con la Ley 15/2015 (desde el 23 de julio de 2015): hoy el 48 solo dispensa la muerte dolosa del cónyuge y el parentesco colateral de tercer grado.

El 51.2.2.º da la celebración al notario «libremente elegido por ambos contrayentes que sea competente en el lugar de celebración». El domicilio de uno de ellos es el criterio del 51.1 para tramitar el acta previa, no para celebrar; y no hay turno colegial.

El 51.1 reparte esa competencia por el domicilio de uno de los contrayentes y, «si residiesen en el extranjero», la da al funcionario diplomático o consular Encargado del Registro Civil. El notario y el letrado de la Administración de Justicia (el artículo aún dice «Secretario judicial») son competentes por el domicilio en España, que estos contrayentes no tienen.

El 61, párrafo tercero: «El matrimonio no inscrito no perjudicará los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas». La norma no distingue la forma de celebración ni la fecha de la adquisición, y la falta de inscripción tampoco obliga a los cónyuges a indemnizar: lo que no puede el matrimonio sin inscribir es perjudicar a quien adquirió derechos de buena fe.

El 69: «Se presume, salvo prueba en contrario, que los cónyuges viven juntos». Es una presunción que admite prueba en contra, no absoluta, y no depende del padrón ni de haber fijado domicilio.

El 61: «El matrimonio produce efectos civiles desde su celebración». La inscripción es necesaria para su «pleno reconocimiento», y por eso tienta, pero no marca el comienzo de los efectos.

El 48 deja a la autoridad judicial dispensar ese impedimento «con justa causa y a instancia de parte», mediante resolución previa en expediente de jurisdicción voluntaria. No se concede de oficio ni a instancia del Ministerio Fiscal, y el Código no la ata a la rehabilitación del condenado ni a que se haya extinguido la condena: lo que pide es una justa causa.

El 54, vigente desde 1981, atribuye esa autorización al Ministro de Justicia, y el expediente se tramita reservadamente, sin edictos ni proclamas. No hay que confundirlo con la dispensa de impedimentos del 48, que desde 2015 da la autoridad judicial y ya no el Ministro.

El 45, párrafo segundo: «La condición, término o modo del consentimiento se tendrá por no puesta». No invalida el matrimonio ni aplaza sus efectos: simplemente no cuenta. La nulidad tienta porque el mismo artículo dice que no hay matrimonio sin consentimiento, pero aquí el consentimiento existe; lo que se ignora es lo que se le añadió.

El 43 dice que ese incumplimiento «sólo» obliga a resarcir los gastos hechos y las obligaciones contraídas en consideración al matrimonio prometido. Lo estipulado para el caso de que no hubiera boda no obliga (42), y el Código no habla de daño moral. «Ninguna» confunde las dos reglas: la promesa no obliga a casarse, pero su incumplimiento sin causa sí obliga a resarcir.

El 58: tras leer los artículos 66, 67 y 68, quien celebra pregunta a cada uno «si consiente en contraer matrimonio con el otro y si efectivamente lo contrae en dicho acto», y con el sí de ambos los declara unidos. Los artículos los lee él; no pregunta si los han leído. Los impedimentos y la edad se comprueban antes, en el acta o expediente previo.

El 52, párrafo final: no requiere «la previa tramitación del acta o expediente matrimonial, pero sí la presencia, en su celebración, de dos testigos mayores de edad». La urgencia dispensa del trámite previo, no de los testigos; la comprobación de los requisitos se hace después (65).

El 56, en la redacción vigente desde el 30 de abril de 2021, permite pedir a las Administraciones o entidades la provisión de apoyos humanos, técnicos y materiales para emitir, interpretar y recibir el consentimiento. Ni el Fiscal informa ni hace falta autorización judicial: lo que se recaba son apoyos, y el consentimiento lo sigue prestando la persona.

El 53 salva la validez pese a la incompetencia o falta de nombramiento de quien celebra con dos condiciones: que al menos uno de los cónyuges haya procedido de buena fe —aquí ya se da, porque uno lo ignoraba— y que quien celebró ejerciera sus funciones públicamente. No pide inscribir en plazo, ni una ratificación del Alcalde, ni una convalidación del Encargado.

El 42 es tajante: la promesa no obliga a casarse y «no se admitirá a trámite la demanda en que se pretenda su cumplimiento», conste como conste y la haga quien la haga. Lo que sí cabe es otra acción, la del 43, que no pide cumplir la promesa sino resarcir gastos; por eso tienta la opción de la mayoría de edad, que es un requisito de esa otra acción, no de esta demanda.

El 50 les da dos caminos: la forma prescrita para los españoles «o» la establecida por la ley personal «de cualquiera de ellos». Basta la ley de uno; no hace falta que las dos coincidan, y la residencia habitual no es el criterio.