La nacionalidad

El 21.1: la carta de naturaleza se otorga discrecionalmente, mediante real decreto, «cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales». No depende de un tiempo de residencia. Quien no ejercitó a tiempo la opción tiene otro camino, el de la residencia con plazo reducido, no la carta de naturaleza.

Es el caso de la regla general del 22.1: «se requiere que ésta haya durado diez años». Los plazos más cortos del mismo artículo son excepciones para supuestos concretos (por la nacionalidad de origen, por la condición de refugiado o por ciertos vínculos con España), y ninguno concurre aquí.

Ser residente legal en España es el primer requisito de la recuperación (26.1.a), pero el mismo apartado lo aparta: «no será de aplicación a los emigrantes ni a los hijos de emigrantes». La excepción vale para los emigrantes y también para sus hijos, no solo para estos; la dispensa por circunstancias excepcionales es para los demás casos. Le basta declarar su voluntad de recuperarla ante el encargado del Registro Civil e inscribir la recuperación.

El 19.1: el extranjero menor de dieciocho años adoptado por un español «adquiere, desde la adopción, la nacionalidad española de origen». Es automática y de origen, como la de un hijo por naturaleza; no hay que optar ni residir.

El 20.2.d) pone la declaración en manos de la propia interesada: la formula «el interesado con discapacidad con los apoyos y ajustes de procedimiento que, en su caso, precise». Nadie opta en su lugar, tampoco su curador, por mucho que atienda a su voluntad. La autorización del encargado del Registro Civil es la del 20.2.a), para cuando opta el representante legal del menor de catorce años, no la de este caso. Y si unas medidas de apoyo le impidieron optar antes, tampoco opta otro por ella: el 20.2.e) le abre un plazo propio cuando se extinguen.

El 27 parte de la igualdad: los extranjeros «gozan en España de los mismos derechos civiles que los españoles, salvo lo dispuesto en las Leyes especiales y en los Tratados». No la condiciona a la residencia legal ni a la reciprocidad, y los tratados no son la única fuente de sus derechos, sino uno de los límites a esa igualdad.

El 25.1.b) no castiga el cargo en sí, sino ejercerlo «contra la prohibición expresa del Gobierno»; lo mismo vale para entrar voluntariamente al servicio de las armas de otro Estado. Sin prohibición expresa no hay pérdida: no hace falta una autorización previa, y el Código no fija ningún tiempo en el cargo.

El 26.2 cierra la puerta de la recuperación a quien está incurso en los supuestos del artículo anterior: no podrá recuperarla «sin previa habilitación concedida discrecionalmente por el Gobierno». No basta dejar pasar el tiempo ni volver a residir, y no hace falta una sentencia: decide el Gobierno.

El 18 regula la consolidación: esa posesión y utilización continuada durante diez años, con buena fe y título inscrito, «es causa de consolidación de la nacionalidad, aunque se anule el título que la originó». La anulación no se la quita, no la deja en suspenso de la inscripción y no hace falta volver a adquirirla.

El 22.1: «Serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido la condición de refugiado». Es un plazo propio de ese supuesto; los de uno y dos años son para otros casos que el mismo artículo enumera, y ser refugiado no lleva a ninguno de ellos.

El 25.1.a) prevé una causa de pérdida para los españoles que no lo son de origen: utilizar exclusivamente, «durante un período de tres años», la nacionalidad a la que declararon renunciar al adquirir la española. Su caso encaja entero: tres años, no cinco, y sin ninguna condición de residencia. La garantía frente a la privación de la nacionalidad no está en el Código, sino en el art. 11.2 de la Constitución, y no impide esta causa de pérdida, que el propio Código prevé.

El 17.1.d) completa la regla con una presunción: «se presumen nacidos en territorio español los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea territorio español». Lo que se presume es el lugar del nacimiento, que es lo que exige la regla; no se presume una filiación española ni una residencia, y tampoco se les declara apátridas.

El 20.2 gradúa por edad. Por debajo de catorce años declara el representante legal; por encima de los catorce, «el propio interesado, asistido por su representante legal»; y por sí solo, el emancipado o mayor de dieciocho. Con quince años y sin emancipar, declara ella con asistencia.

El 24.2 hace perder la nacionalidad a los españoles «emancipados que renuncien expresamente a ella, si tienen otra nacionalidad y residen habitualmente en el extranjero». Son tres condiciones, y ninguna es una aceptación del Gobierno: cumplidas, la renuncia expresa produce la pérdida por sí misma.

El párrafo segundo del 22.3 lo resuelve con una ficción: a los efectos del supuesto del cónyuge de español, «se entenderá que tiene residencia legal en España el cónyuge que conviva con funcionario diplomático o consular español acreditado en el extranjero». No haber pisado España no lo impide, y el Código no le pide más años de matrimonio ni residencia previa.

Su caso es el del 20.1.b): hijo de padre o madre «originariamente español y nacido en España». Que la madre hubiera perdido la nacionalidad antes de que él naciera no le cierra la opción: lo que cuenta es que fuera española originariamente, y es justo el caso que el 20.1.b) cubre. Para esa opción, el 20.3 aparta los plazos del apartado 2: «no estará sujeto a límite alguno de edad». La caducidad a los veinte años es la regla general, que aquí no rige, y el Código no le pide residir antes en España.

El párrafo segundo del 24.1 saca de esa causa de pérdida a ciertos países, Portugal entre ellos: la adquisición de la nacionalidad «de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal no es bastante» para perder la española de origen. No necesita ningún trámite para conservarla, y residir fuera de España no basta por sí mismo para perderla.

El 17.1.c) evita que nazca un apátrida en España: son españoles de origen los nacidos aquí de padres extranjeros «si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad». No hay que esperar a optar ni a residir, y los padres no eligen: si sus leyes no le dan una nacionalidad, la suya es la española de origen.

El 17.1.a) abre la lista de los españoles de origen con «los nacidos de padre o madre españoles». Basta uno de los dos y no importa dónde se nazca: el niño es español de origen desde que nace, sin optar ni pedir nada. La opción y la carta de naturaleza son vías para quien no lo es.

El 22.4 pide dos cosas que no son tiempo: «buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española», justificadas en el expediente que regula la legislación del Registro Civil. El Código no exige empleo, medios económicos, estar al corriente con Hacienda ni un domicilio fijo.