El nacimiento y la extinción de la personalidad civil

El 29 hace una ficción a favor del concebido: se le tiene por nacido «para todos los efectos que le sean favorables». No para todos los efectos, que incluirían los que le perjudican; tampoco se limita a la herencia, aunque sea el ejemplo que primero viene a la cabeza, ni lo deja al criterio del juez caso por caso.

El 32 tiene una sola frase: la personalidad civil «se extingue por la muerte de las personas». La declaración de ausencia no la extingue (el 34 remite la presunción de muerte del ausente al título VIII, que esta colección pregunta en su bloque), perder la nacionalidad cambia la ley personal pero no la condición de persona, y ninguna condena priva de la personalidad.

El 36 las remite al contrato de sociedad: se rigen «por las disposiciones relativas al contrato de sociedad, según la naturaleza de éste», es decir, por las de la sociedad civil o la mercantil según cuál sea. El Código no las remite a la ley de asociaciones, sino al contrato de sociedad; no las equipara a las corporaciones públicas ni las deja al acuerdo de sus miembros caso por caso. Esto es su régimen; su capacidad civil es otra cuestión, que el Código resuelve aparte.

La ficción del 29 lleva una condición: vale «siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente», el que dice cuándo se adquiere la personalidad. Mientras tanto, la ventaja queda a la espera de ese nacimiento. El Código no pide que el testamento lo describa como concebido, ni que la concepción se inscriba, ni pone el reparto de la herencia como plazo.

El 35.2.º no se lo da a todas: son personas jurídicas las asociaciones de interés particular «a las que la ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados». Lo de «civiles, mercantiles o industriales» dice de qué clase pueden ser, y no basta para ser persona; ninguna de las tres clases queda fuera. El interés público es el rasgo de las del número 1.º.

El 39 da primero el destino que hayan previsto las leyes, los estatutos o las cláusulas fundacionales; y si nada se estableció, los bienes «se aplicarán a la realización de fines análogos», en interés de la región, provincia o municipio que principalmente debía recoger los beneficios de la entidad extinguida. No se reparten entre los miembros ni pasan sin más al Estado o a la Administración que la reconoció.

El 31 lo decide por el orden de salida: en los partos dobles, «la prioridad del nacimiento» da al primer nacido los derechos del primogénito. No se reparten entre las dos ni los eligen los padres, y no va a la que nace después, como dice una creencia popular.

El segundo párrafo del 38 aparta a la Iglesia de la regla general: «se regirá en este punto por lo concordado entre ambas potestades». El distractor tentador sale de la misma frase: las leyes especiales rigen a los establecimientos de instrucción y beneficencia, no a la Iglesia. Las leyes y reglas de su constitución son la regla común de las personas jurídicas, la que la Iglesia no sigue.

El 30 no se conforma con que haya vida en algún momento del parto: la vida cuenta «una vez producido el entero desprendimiento del seno materno». Si muere antes de que la salida se complete, no ha llegado a ser persona, aunque diera señales de vida y aunque el parto hubiera empezado. La inscripción no tiene nada que ver: el Código no la exige para adquirir la personalidad.

El 33 pone la carga en quien afirma: «el que sostenga la muerte anterior de una o de otra, debe probarla». No encarga al juez averiguar el orden por su cuenta; una declaración de fallecimiento no sirve aquí, porque las dos muertes constan y lo que se discute es cuál fue antes; y la presunción que el artículo da a falta de prueba no es la que sostienen esos herederos, así que no les ahorra nada.