La representación legal y los bienes de los hijos

El 168 fija tres años para la acción de rendición de cuentas contra los padres. Los cinco años son de otra cuenta: la cuenta general que rinde el tutor al cesar, contados desde que acaba el plazo para rendirla (232), igual que la del curador. El tres del tutor es otra acción, la de responsabilidad, contada desde la rendición final (234). El año es el plazo de varias acciones de filiación (133, 136, 137), y los cuatro años, el del 140.

La privación no es definitiva: el segundo párrafo del 170 permite a los tribunales, «en beneficio e interés del hijo», acordar la recuperación cuando hubiere cesado la causa que la motivó. Pero no es automática: que la causa cese es la condición, y la recuperación la acuerdan los tribunales; tampoco basta con que la consienta el otro progenitor.

El tercer párrafo del 166 exime de la autorización judicial si el menor «hubiese cumplido dieciséis años y consintiere en documento público». Con dieciséis años cumplidos ya basta: ya no hace falta la autorización judicial. Pero la forma importa: un documento privado no sirve, y el consentimiento ante el Ministerio Fiscal tampoco es el que pide el Código.

El último párrafo del 162 exige, para los contratos que obliguen al hijo a realizar prestaciones personales, «el previo consentimiento de éste si tuviere suficiente juicio». El criterio es el juicio del hijo, no una edad: los «doce años» son la edad a la que el Código manda oír al hijo en otros casos, como el desacuerdo de los progenitores (156). Tampoco hace falta autorización judicial ni aprobación del Fiscal.

Estos actos son la primera excepción del 162 a la representación legal: el hijo los ejercita por sí mismo según su madurez, y sus padres no lo representan ni tienen que consentir. Pero quedar fuera de la representación no es quedar fuera de todo: el mismo artículo añade que los responsables parentales «intervendrán en estos casos en virtud de sus deberes de cuidado y asistencia». Por eso «ninguno» es el error tentador.

Cuando el conflicto de intereses existe solo con uno de los progenitores, el segundo párrafo del 163 lo resuelve sin nombrar a nadie: «corresponde al otro por Ley y sin necesidad de especial nombramiento» representar al menor. La madre, que ostenta la patria potestad y no tiene interés en el pleito, lo representa de pleno derecho: no hace falta que la designe la autoridad judicial, ni que se nombre un defensor judicial, ni que el Ministerio Fiscal cubra el hueco.

El 162 ata la representación legal a la patria potestad: la tienen «los padres que ostenten la patria potestad». No depende de con quién viva el hijo ni de quién tenga su custodia: tras una ruptura, si los dos conservan la patria potestad, los dos lo representan. Y el progenitor que no la ostenta, aunque su filiación esté determinada, sigue obligado a velar por el hijo y a prestarle alimentos (110), pero eso no le da su representación.

Repudiar una herencia del hijo exige autorización judicial (166, párrafo segundo), y si se deniega, el mismo párrafo protege al hijo de las deudas de la herencia: «sólo podrá ser aceptada a beneficio de inventario». No se entiende aceptada pura y simplemente, que lo haría responder de las deudas con su propio patrimonio; no queda en suspenso hasta su mayoría de edad, y aceptarla así no pide otra autorización: la denegación ya ha fijado la forma.

El 169.1.º pone en el mismo plano la muerte y la declaración de fallecimiento, de los padres o del hijo: las dos acaban la patria potestad. No queda en suspenso a la espera de una prueba de la muerte, ni hace falta una sentencia de privación, que es otra cosa (170): la privación la acuerda una sentencia, por incumplimiento de los deberes o en causa criminal o matrimonial, y la extinción se produce por hechos como este, la emancipación o la adopción del hijo. Tampoco pasa a los abuelos: si faltan los dos padres, lo que se abre es la tutela.

El 166 no deja a los padres enajenar ni gravar los inmuebles del hijo «sino por causas justificadas de utilidad o necesidad y previa la autorización» judicial, con audiencia del Ministerio Fiscal. Hacen falta las dos cosas: la causa no basta con acreditarla ante notario, y ni el acuerdo de los dos progenitores ni una aprobación del Fiscal después de vender sustituyen a la autorización previa. Las excepciones a esta regla están en el tercer párrafo del mismo artículo. Qué juzgado decide no lo resuelve hoy este artículo, sino la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, que atiende a la residencia habitual del menor.

El 167 legitima a tres: «el propio hijo», «el Ministerio Fiscal» y «cualquier pariente del menor». Ni la Entidad Pública, que actúa en el desamparo, ni un defensor judicial, que se nombra para un conflicto de intereses concreto, ni un tutor, que no existe mientras el menor está bajo la patria potestad, aparecen en la lista. Las medidas pueden llegar a exigir caución o fianza o a nombrar un administrador.