La separación y el divorcio

El 89 fija los efectos del divorcio judicial «desde la firmeza de la sentencia o decreto». Junio es la fecha que cuenta para los terceros de buena fe, a los que el divorcio no perjudica hasta su inscripción. Y la admisión de la demanda produce otros efectos, los provisionales del 102, no la disolución.

El 81 obliga a la vía judicial no solo con hijos menores no emancipados, sino también con hijos mayores «respecto de los que se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores»; y el 82.2 excluye entonces la escritura ante notario. Lo que cuenta son las medidas de apoyo judiciales que ejercen los padres: una discapacidad sin esas medidas no lo impide. El hijo que sigue formándose o que tiene alimentos reconocidos tampoco lo impide.

Cuando la pide uno solo (81.2.º), a la demanda se acompaña una «propuesta fundada de las medidas» que han de regular los efectos de la separación. La propuesta de convenio regulador es lo que acompaña a la petición de los dos, o de uno con el consentimiento del otro (81.1.º). Y alegar causas ya no hace falta: la Ley 15/2005, en vigor desde el 10 de julio de 2005, suprimió la separación causal.

El 86 decreta el divorcio «a petición de uno solo de los cónyuges, de ambos o de uno con el consentimiento del otro», con los mismos requisitos que el 81 pide para la separación, y aquí el plazo de tres meses ya ha pasado. El hijo menor no exige acuerdo: obliga a la vía judicial (81), que es la de quien pide solo. Tampoco hay que separarse antes: la Ley 15/2005, en vigor desde el 10 de julio de 2005, suprimió la separación previa como paso hacia el divorcio.

El 82.1 cuenta los tres meses «desde la celebración del matrimonio», el mismo día inicial que el 81 para la separación judicial y que el 87 lleva al divorcio. No se cuentan desde la inscripción, que mira a los efectos frente a terceros, ni desde que se dejó de convivir: la separación de hecho no es requisito de ninguna de estas vías.

La reconciliación pone término al procedimiento y deja sin efecto lo resuelto en él (84, párrafo primero), pero el mismo párrafo aparta a los hijos: «mediante resolución judicial, serán mantenidas o modificadas las medidas adoptadas en relación a los hijos, cuando exista causa que lo justifique». No caen solas con el resto, ni quedan congeladas: decide el juez si hay causa.

El 85 da una lista cerrada de causas de disolución: la muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y el divorcio, sea cual sea la forma y el tiempo de celebración del matrimonio. La separación no está: suspende la vida común (83), pero el vínculo sigue, y por eso la reconciliación le pone término sin necesidad de volver a casarse (84).

El 88, párrafo segundo, es tajante: la reconciliación posterior al divorcio «no produce efectos legales», aunque los divorciados pueden contraer entre sí nuevo matrimonio. Lo que deja sin efecto lo resuelto es la reconciliación de los separados (84): la separación no disolvió el vínculo y el divorcio sí (85).

El 87 permite el divorcio de mutuo acuerdo en escritura ante notario, pero cierra la puerta a los funcionarios diplomáticos o consulares en sus funciones notariales: «no podrán autorizar la escritura pública de divorcio». El 82.1 dice lo mismo de la separación. Da igual dónde residan los cónyuges y que luego se inscriba. Que el cónsul pueda celebrar un matrimonio en el extranjero (51) no le permite deshacerlo.

El 83 hace correr los efectos de la separación notarial «desde la manifestación del consentimiento de ambos cónyuges otorgado en escritura pública». La inscripción en el Registro Civil importa para los terceros de buena fe, frente a los que no hay plenos efectos hasta que se inscribe, no entre los cónyuges. Y la escritura no la aprueba ningún letrado: es una vía alternativa a la suya.

El 88 extingue la acción de divorcio por la muerte de cualquiera de los cónyuges y por su reconciliación, que «deberá ser expresa» cuando llega después de la demanda, así que no basta con volver a convivir. No exige una forma concreta: la escritura, la comunicación al Juez y la inscripción son exigencias del 84 para la reconciliación de los separados, que no se trasladan a la acción de divorcio.

La regla del 81.2.º es esperar tres meses, pero el mismo número trae la excepción: no hace falta esperar si se acredita un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante «o de los hijos de ambos» o de cualquiera de los dos cónyuges. El riesgo para la hija basta; no tiene que ser el de la propia madre, y no depende de que el otro consienta, que es lo que distingue la petición de uno con el consentimiento del otro (81.1.º).