La ausencia

El 187, párrafo segundo, devuelve al ausente que aparece «su patrimonio, pero no los productos percibidos, salvo mala fe interviniente»; como aquí hubo buena fe, los productos se quedan con los hijos. El tercio reservado del 186 solo existe cuando poseen los hermanos, no los hijos, y lo que se restituye es «su patrimonio», sin distinguir entre muebles e inmuebles.

El 184 solo llama a los hermanos mayores de edad «que hayan convivido familiarmente con el ausente»; este no convivió, así que no entra. Agotada la lista, la representación corresponde a la persona solvente de buenos antecedentes que designe el letrado de la Administración de Justicia (el «Secretario judicial» del texto), oído el Ministerio Fiscal, que no la asume él mismo. El «pariente más próximo» es el criterio del 181 para el defensor del desaparecido, no para el representante del declarado ausente.

El 184, número 2.º, prefiere entre varios hijos a «los que convivían con el ausente y el mayor al menor»: la edad desempata entre quienes estaban en la misma situación, pero no pasa por delante de la convivencia. No hay ejercicio conjunto, y el letrado de la Administración de Justicia (el «Secretario judicial» del texto) solo interviene si aprecia un motivo grave o si no hay ninguna de las personas que el artículo enumera.

El defensor del 181 es una medida de urgencia: «ampare y represente al desaparecido en juicio o en los negocios que no admitan demora sin perjuicio grave». Administrar el patrimonio con posesión temporal y hacer suyos los productos es cosa de los representantes del ya declarado ausente (184 y 186), y vender por necesidad o utilidad evidente es lo que el 186 permite, con autorización, a esos poseedores temporales. Instar la declaración de ausencia es la obligación que el 182 pone en el cónyuge, los parientes y el Fiscal.

Probada la muerte, el 188 abre la sucesión en favor de quienes eran sucesores al morir, y el poseedor temporal les entrega el patrimonio del difunto, «pero reteniendo, como suyos, los productos recibidos en la cuantía señalada». Lo percibido conforme a lo fijado no se devuelve ni se reparte, ni queda en depósito hasta la partición.

El 191 hace acrecer la parte del ausente a sus coherederos «al no haber persona con derecho propio para reclamarla», pero no se la regala: deben hacer inventario, con intervención del Ministerio Fiscal, y reservar esos bienes «hasta la declaración del fallecimiento». Como no se prueba que existiera al abrirse la sucesión, su representante no puede reclamarla en su nombre (190). No pasa a su representante, que no tiene derecho propio a reclamarla; y el 192 deja a salvo las acciones de petición de herencia del ausente o de sus causahabientes.

El 184 llama primero al «cónyuge presente mayor de edad no separado legalmente o de hecho»: la separación de hecho basta para apartarlo. La trampa es el 181, que para el defensor del desaparecido solo excluye al separado legalmente; para la representación del ya declarado ausente el Código es más estricto. Y el cónyuge sí puede ser representante del ausente: es el primero de la lista del 184.

El último inciso del 183 no distingue: inscrita la declaración, «quedan extinguidos de derecho todos los mandatos generales o especiales otorgados por el ausente». No sobrevive el especial, no hace falta esperar a la declaración de fallecimiento y no hay nada que revocar: la extinción es automática, y desde entonces actúa el representante del 184.

Los tres años del 183 presuponen que el apoderado sigue ahí. Si muere, renuncia de forma justificada o caduca el mandato, la ausencia legal llega en cuanto concurren dos cosas: que se ignore el paradero y que haya pasado un año desde las últimas noticias. Aquí han pasado dieciocho meses, así que no hay que esperar a los tres años, el año no se vuelve a contar desde la muerte del apoderado y la muerte del mandatario no pasa el mandato a sus herederos: es, precisamente, lo que determina la ausencia legal.

El 186, párrafo tercero, cierra la puerta con una excepción: los poseedores temporales no pueden vender, gravar, hipotecar ni dar en prenda los bienes del ausente «sino en caso de necesidad o utilidad evidente, reconocida y declarada» por el letrado de la Administración de Justicia (el «Secretario judicial» del texto), que al autorizarlo fija también el empleo del dinero. Ser representante legítima no basta, el Fiscal no es quien autoriza y la prohibición no es absoluta.

El 182 separa a los obligados (cónyuge no separado legalmente, parientes consanguíneos hasta el cuarto grado y Ministerio Fiscal) de quien simplemente puede pedirla: «cualquier persona que racionalmente estime tener sobre los bienes del desaparecido algún derecho ejercitable en vida del mismo o dependiente de su muerte». El acreedor está en ese segundo grupo: puede, pero no debe. La denuncia al Fiscal es una vía por la que el Fiscal actúa, no la única que tiene el acreedor.

El 187, párrafo primero, excluye al poseedor actual en favor de quien prueba su derecho preferente, pero no le da los productos hacia atrás: los tiene «a partir del día de la presentación de la demanda». No desde la declaración de ausencia ni desde que empezó la posesión del otro, y tampoco hay que esperar a que la exclusión se haga efectiva.

Sin apoderado general, el 183 pide un año «desde las últimas noticias o a falta de éstas desde su desaparición»: la desaparición solo cuenta si no hay noticias posteriores, y aquí la carta las da. Contar desde el fin del año natural es el cómputo del 193 para la declaración de fallecimiento, no el de la ausencia legal; y los tres años son para quien dejó encomendada la administración de todos sus bienes.

A falta de cónyuge, el 181 llama al «pariente más próximo hasta el cuarto grado, también mayor de edad»: decide la proximidad, no la edad, y el círculo llega al cuarto grado, no al segundo. El Ministerio Fiscal no designa a nadie: si no hay parientes, no están presentes o la urgencia es notoria, la persona solvente la nombra el letrado de la Administración de Justicia (el «Secretario judicial» del texto), y al Fiscal solo se le oye antes.

El 185, obligación 2.ª, manda prestar la garantía que el letrado de la Administración de Justicia (el «Secretario judicial» del texto) fije, y exceptúa a «los comprendidos en los números 1.º, 2.º y 3.º» del 184: el cónyuge, el hijo y el ascendiente. Los hermanos del número 4.º, aunque también son representantes legítimos, no están exceptuados, y tampoco lo está el representante dativo que se designa en defecto de todos ellos.

El 183 alarga el plazo cuando el desaparecido dejó su patrimonio en manos de alguien: con un apoderado que administra todos sus bienes, la ausencia legal llega «pasados tres años». El año es el plazo de quien no dejó ese apoderado (183, primero) y también el que cuenta cuando el mandatario muere o renuncia; ni seis meses ni dos años son plazos de la ausencia legal.