La curatela

El 287.2.º lo pone en «término inicial que exceda de seis años». Los seis años se repiten en el capítulo con otro papel: son el techo excepcional de la revisión de las medidas (268). Los arrendamientos de duración menor no necesitan autorización por esta causa.

El 292 da cinco años y fija el día inicial: «desde la terminación del plazo establecido para efectuarla», es decir, al acabar los tres meses (o su prórroga) que tenía para rendirla, no desde el cese. Los tres años son la prescripción de otra acción: la de responsabilidad por daños, que cuenta desde la rendición final de cuentas (294).

Cuando el impedimento o el conflicto es «prolongado o reiterado», el 283 deja de lado el defensor judicial puntual y permite a la autoridad judicial, oídos la persona y el Fiscal, «reorganizar el funcionamiento de la curatela, e incluso proceder al nombramiento de un nuevo curador». No hay que esperar a la revisión periódica. Y la curatela no se convierte en tutela: desde la Ley 8/2021, en vigor el 3 de septiembre de 2021, la tutela ya no es una medida para mayores de edad.

El 276 empieza por la voluntad de la propia persona: se nombra a quien ella haya propuesto, o a quien propuso la persona en quien delegó la elección. El orden legal —cónyuge o pareja conviviente, hijos, progenitores…, guardador de hecho en quinto lugar— solo juega «en defecto de tal propuesta».

El 281 se la reconoce «siempre que el patrimonio de la persona con discapacidad lo permita», y se paga con cargo a ese patrimonio. El importe y el modo de cobrarla los fija la autoridad judicial, según el trabajo y el valor y la rentabilidad de los bienes. No es un cargo gratuito por definición, no la paga una entidad pública y no depende de que la autocuratela la prevea (aunque puede regularla, 271).

El 277 lo admite si la voluntad y las necesidades de la persona lo justifican, y pone el ejemplo: se pueden separar «como cargos distintos los de curador de la persona y curador de los bienes». Si son varios, la autoridad judicial fija cómo funcionan, respetando la voluntad de la persona. No depende del tamaño del patrimonio ni de que el curador sea una persona jurídica.

El 284 la mantiene, pero como algo facultativo y excepcional: la autoridad judicial puede exigirla «cuando lo considere necesario por concurrir razones excepcionales», y entonces fija su modalidad y cuantía. No es automática por administrar bienes, ni depende de que la pida el Ministerio Fiscal. Una vez constituida, la fianza se somete a aprobación judicial, y la autoridad judicial puede modificarla o dejarla sin efecto en cualquier momento.

El 272 no separa el nombre de lo demás: «la propuesta de nombramiento y demás disposiciones voluntarias» del 271 —entre ellas, las reglas de administración y la retribución— vinculan a la autoridad judicial. No son orientativas ni necesitan ratificarse. Solo puede prescindir de ellas en los casos tasados del párrafo segundo y por resolución motivada.

El 279 no deja hueco: mientras se resuelve, «el nombrado estará obligado a ejercer su función». Alegar la excusa no suspende el cargo. Si no actúa y hace falta apoyo, se nombra un defensor judicial que lo sustituya, y si la excusa se rechaza, él paga los gastos. (El plazo para alegarla es de quince días desde que conoce el nombramiento, salvo causa sobrevenida.)

El 294 da tres años «contados desde la rendición final de cuentas». No es el año de la responsabilidad extracontractual general, y los cinco años son los de la acción para exigir la cuenta general (292). El día inicial no es el del daño sino el de la rendición final.

Para el conflicto ocasional, el 283 encarga el nombramiento al letrado de la Administración de Justicia, que oye a la persona y respeta su voluntad, deseos y preferencias. La autoridad judicial entra cuando el conflicto es prolongado o reiterado: entonces puede reorganizar la curatela o nombrar otro curador. Ni el Ministerio Fiscal ni la entidad pública nombran este defensor judicial.

El 287 suma dos fuentes: «los actos que determine la resolución y, en todo caso», los que enumera el propio artículo. La resolución puede añadir actos, y la lista no impide que pida autorización para otros. La resolución no puede dispensar ninguno de la lista. Que el curador respete la voluntad, deseos y preferencias de la persona no le ahorra la autorización.

El 287.7.º exige autorización para interponer demandas en nombre de la persona, salvo en asuntos urgentes o de escasa cuantía, y añade otra excepción: no hace falta «cuando la persona con discapacidad inste la revisión de la resolución judicial en que previamente se le hubiesen determinado los apoyos». La revisión no depende de la conformidad del Fiscal ni de una cuantía.

El 287.5.º incluye en la lista «aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia», y también repudiarla. Lo que dispara la autorización es la forma de aceptar, no el contenido de la herencia ni su valor: aceptar sin beneficio de inventario compromete el patrimonio propio de la persona con las deudas del causante.

El plazo del auto es un máximo, no una espera obligada. El 268, párrafo tercero, añade a la revisión periódica otra «en todo caso»: ante cualquier cambio en la situación de la persona que pueda requerir modificar las medidas. No hay que aguardar a los tres años, no depende solo de que ella lo pida, y el Código no prevé una revisión anual del Ministerio Fiscal (que puede recabar información en cualquier momento, 270, pero no revisa las medidas).

El 275.2 es una prohibición sin válvula: «No podrán ser curadores» quienes hubieren sido legalmente removidos de una tutela, curatela o guarda anterior. La salvedad de las «circunstancias excepcionales debidamente motivadas» es del apartado 3, para otros casos (condenados, conflicto de intereses, concurso), y no alcanza a este. El tiempo transcurrido no cuenta, y la tutela de la que fue removido sí cuenta.

El 291, párrafo segundo: cuando la medida ya no es precisa, o cuando se adopta una forma de apoyo más adecuada, la curatela se extingue «por resolución judicial». No se extingue de pleno derecho: hace falta que una resolución lo declare. El curador no puede darla por terminada renunciando, y la revisión periódica no la extingue de forma automática.

El 282 lo dice en su primera frase: ante el letrado de la Administración de Justicia. No ante la autoridad judicial que lo nombró, ni ante notario o el encargado del Registro Civil. Ante el mismo letrado se forma después el inventario, cuando el curador tiene facultades representativas (285).

El 270 se lo encarga al Ministerio Fiscal, «sin perjuicio de las revisiones periódicas»: puede pedir información en cualquier momento. La autoridad judicial tiene su propio control (las medidas de la resolución y el informe que puede exigir al curador), pero el letrado, la entidad pública y los parientes no reciben esa facultad del artículo.

Dentro del 287.2.º, que exige autorización para enajenar o gravar inmuebles y valores no cotizados, entre otros bienes, el texto añade: «Se exceptúa la venta del derecho de suscripción preferente de acciones». Gravar un inmueble y vender joyas u objetos de especial significado familiar siguen necesitando autorización (287.2.º).