La nacionalidad

El 20.2.c) fija la regla y su excepción en la misma frase: la opción «caducará a los veinte años de edad», pero si el optante no estaba emancipado según su ley personal al llegar a los dieciocho, el plazo «se prolongará hasta que transcurran dos años desde la emancipación». Es su caso: el tope de los veinte años no le alcanza.

El 22.2.c) incluye entre los que necesitan un año de residencia a quien haya estado sujeto a tutela, curatela con representación plena, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, «incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud». Los dos años son el tiempo de acogimiento que se exige, no el de residencia, y no hace falta que el acogimiento haya terminado.

El 19.1: el extranjero menor de dieciocho años adoptado por un español «adquiere, desde la adopción, la nacionalidad española de origen». Es automática y de origen, como la de un hijo por naturaleza; no hay que optar ni residir.

El 21.4 vale para la carta de naturaleza y para la residencia: las concesiones «caducan a los ciento ochenta días siguientes a su notificación» si el interesado no comparece en ese plazo. El plazo corre desde la notificación, y son días, no meses ni años.

El 22.1: «Serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido la condición de refugiado». Es un plazo propio de ese supuesto; los de uno y dos años son para otros casos que el mismo artículo enumera, y ser refugiado no lleva a ninguno de ellos.

El 19.3, añadido en 2015: si el sistema jurídico de su país le mantiene la nacionalidad, «ésta será reconocida también en España», sin perjuicio de que adquiera la española de origen por la adopción. No se le exige renunciar, no queda suspendida y no pasa por delante de la española.

El 22.3 pide tres cosas a la residencia, en todos los casos: que sea «legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición». El Código no exige que se haya vivido siempre en el mismo municipio: se puede cambiar de domicilio dentro de España sin interrumpir nada.

El 28 da la nacionalidad española a las corporaciones, fundaciones y asociaciones reconocidas por la ley «y domiciliadas en España», siempre que sean personas jurídicas según el Código. El criterio es el domicilio: no cuenta la nacionalidad de sus miembros, dónde se constituyeron ni dónde actúan.

El párrafo segundo del 24.1 saca de esa causa de pérdida a ciertos países, Portugal entre ellos: la adquisición de la nacionalidad «de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal no es bastante» para perder la española de origen. No necesita ningún trámite para conservarla, y residir fuera de España no basta por sí mismo para perderla.

Es el caso de la regla general del 22.1: «se requiere que ésta haya durado diez años». Los plazos más cortos del mismo artículo son excepciones para supuestos concretos (por la nacionalidad de origen, por la condición de refugiado o por ciertos vínculos con España), y ninguno concurre aquí.

El 20.1.a) da el derecho de opción a «las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español»: el caso típico es el hijo de quien se nacionaliza. El matrimonio, el nacimiento en España o un año de residencia no abren la opción: son supuestos de la nacionalidad por residencia, que se concede, no se opta.

El caso encaja en el doble nacimiento en España del 17.1.b), pero el mismo apartado añade la excepción: «Se exceptúan los hijos de funcionario diplomático o consular acreditado en España». Que los padres sean extranjeros no es la razón (esa regla está pensada justo para padres extranjeros), y ninguna declaración salva la excepción.

El 27 parte de la igualdad: los extranjeros «gozan en España de los mismos derechos civiles que los españoles, salvo lo dispuesto en las Leyes especiales y en los Tratados». No la condiciona a la residencia legal ni a la reciprocidad, y los tratados no son la única fuente de sus derechos, sino uno de los límites a esa igualdad.

El 24.1 no la hace perder de golpe: la pérdida «se producirá una vez que transcurran tres años» desde la adquisición de la otra nacionalidad, y puede evitarse si dentro de ese plazo declara su voluntad de conservar la española ante el encargado del Registro Civil. Ser española de origen no la protege de esta causa, que es una pérdida por su propia conducta.

El 24.2 hace perder la nacionalidad a los españoles «emancipados que renuncien expresamente a ella, si tienen otra nacionalidad y residen habitualmente en el extranjero». Son tres condiciones, y ninguna es una aceptación del Gobierno: cumplidas, la renuncia expresa produce la pérdida por sí misma.

El 17.1.a) abre la lista de los españoles de origen con «los nacidos de padre o madre españoles». Basta uno de los dos y no importa dónde se nazca: el niño es español de origen desde que nace, sin optar ni pedir nada. La opción y la carta de naturaleza son vías para quien no lo es.

El 21.2 encarga la concesión al Ministro de Justicia, «que podrá denegarla por motivos razonados de orden público o interés nacional». Son dos motivos tasados y tienen que razonarse: no es una decisión libre de oportunidad. La situación del empleo y la reciprocidad con el país del solicitante no figuran entre ellos.

El 22.1 reduce el plazo a dos años para los nacionales de origen de una lista cerrada: «países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal», y para los sefardíes. Portugal está en ella. Francia, Italia y Marruecos no, por cercanos que sean, y a sus nacionales se les aplica la regla general.

El 26.2 cierra la puerta de la recuperación a quien está incurso en los supuestos del artículo anterior: no podrá recuperarla «sin previa habilitación concedida discrecionalmente por el Gobierno». No basta dejar pasar el tiempo ni volver a residir, y no hace falta una sentencia: decide el Gobierno.

Al adoptado mayor de edad el 19.2 no le da la nacionalidad sin más, sino un derecho de opción a la de origen «en el plazo de dos años a partir de la constitución de la adopción». El plazo se cuenta desde la adopción, no desde su mayoría de edad ni desde la inscripción, y son dos años.