La aplicación y la eficacia general de las normas jurídicas

Dos reglas del artículo 5: el día de partida queda excluido y el cómputo empieza al día siguiente (5.1), y en el cómputo civil no se excluyen los inhábiles (5.2). Se cuentan diez días seguidos desde el sábado 6: acaba el lunes 15. El domingo 14 sale de contar el propio viernes; el viernes 19, de saltarse los fines de semana como hace la Ley 39/2015 en los plazos administrativos; el miércoles 17, de saltarse solo los domingos.

El 3.1 enumera varios elementos de interpretación —el sentido propio de las palabras, el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social—, pero solo a uno le pone el adverbio: se interpreta «atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad» de las normas. El sentido de las palabras y los antecedentes son criterios del mismo artículo, aunque no el que destaca; la voluntad del legislador no aparece en el texto.

El 7.2 da tres criterios: el acto u omisión sobrepasa los límites «por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice». El daño para tercero es otro requisito, no la medida del exceso, y el artículo no habla de proporción entre beneficio y daño ni remite a la costumbre.

El 3.2 tiene dos partes: la equidad «habrá de ponderarse en la aplicación de las normas» siempre, y solo cuando la ley lo permite expresamente puede ser la base exclusiva de una resolución. Quien responde «ninguno» confunde las dos: el permiso expreso hace falta para decidir solo con equidad, no para tenerla en cuenta. Tampoco es una fuente del artículo 1, ni autoriza a dejar de aplicar una norma.

El 6.1 no niega todo efecto al error de derecho: dice que producirá «únicamente aquellos efectos que las leyes determinen». La primera opción es la tentadora, porque mezcla esta regla con la frase anterior del mismo apartado sobre la ignorancia de las leyes; pero el error de derecho puede tener efectos, solo que los fija la ley, no el juez ni la equiparación con el error de hecho.

El 4.3 hace del Código el derecho supletorio general: sus disposiciones «se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes». Supletorias quiere decir que cubren lo que la ley propia no regula, no que la desplacen; y no hace falta que esa ley remita a ellas.

El 6.3 los declara «nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención». La segunda opción olvida esa salvedad; la cuarta trae la consecuencia del abuso del derecho (7.2), y la anulabilidad no es la regla que fija el Código para estos actos.

La primera frase del 7.2 es: «La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo». El Código no dice ahí nada del ejercicio negligente, lucrativo o gratuito de un derecho: lo que no ampara es el que se vuelve contra la convivencia, y por eso lo pone junto al abuso.

El 7.2 empieza por «Todo acto u omisión»: también no hacer puede sobrepasar manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho y, con daño para tercero, dar lugar a la indemnización. El artículo no exige un acto positivo de ejercicio, y no distingue entre el acto y la omisión en sus consecuencias: las dos dan lugar a lo mismo.

Es el abuso del derecho del 7.2, que da lugar «a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso». Aplicar la norma eludida es la consecuencia del fraude de ley (6.4) y la nulidad, la de los actos contrarios a normas imperativas (6.3). Tener el derecho no protege su abuso: «la Ley no ampara el abuso del derecho».

El 5.2 es tajante: «en el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles». La primera opción describe el cómputo de los plazos administrativos por días de la Ley 39/2015 (art. 30), que sí descuenta sábados, domingos y festivos; aquí la pregunta es por el Código Civil, y en él cuentan todos los días.

El 6.2 pone a la renuncia tres límites: que no contraríe el interés público, que no contraríe el orden público y que no perjudique a terceros. «La moral» es uno de los requisitos de la costumbre en el artículo 1.3, no de la renuncia; y el Código no exige forma notarial ni una autorización expresa de la ley.

La lista del 4.2 es cerrada y tiene tres miembros: las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal. Las leyes especiales no están en ella: que una ley regule una materia concreta no la excluye de la aplicación analógica del 4.1.

El 6.2 trata juntas dos cosas: «la exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos». Las dos valen solo si no contrarían el interés o el orden público ni perjudican a terceros. La analogía y la interpretación son materia de los artículos 3 y 4, y el Código no habla aquí de elegir tribunal.

La primera frase del 6.1 no admite matices: «La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento». No hay excepción por buena fe, por lo reciente de la ley ni por la imposibilidad de conocerla.

El 6.4 define el fraude de ley por dos rasgos: el acto se hace «al amparo del texto de una norma» y persigue un resultado prohibido por el ordenamiento o contrario a él. Los contrarios a normas imperativas o prohibitivas son los del 6.3 (nulos); sobrepasar los límites normales de un derecho es el abuso del 7.2; e ignorar la ley no excusa de cumplirla (6.1).

El 3.2 solo deja que una resolución descanse exclusivamente en la equidad «cuando la ley expresamente lo permita». El distractor tentador, «en defecto de ley y costumbre», es el lugar que el artículo 1.4 da a los principios generales del derecho, no a la equidad; y ni el acuerdo de las partes ni la injusticia del resultado bastan.

Una ley de ámbito temporal está en la lista del 4.2: no se aplica «ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente» en ella. Por eso no vale la analogía del 4.1, aunque el hecho sea idéntico. La supletoriedad del 4.3 es la del propio Código, no la de cualquier ley.

El 3.1 manda interpretar las normas en relación con «la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas», no la del momento en que se aprobaron: una norma vieja se lee con los ojos de hoy. Sí es un criterio expreso del Código, y no depende de lo que prueben las partes.

La nulidad de pleno derecho del 6.3 es la regla general, pero cede cuando la propia norma «establezca un efecto distinto para el caso de contravención». Aquí lo establece: el contrato vale y la consecuencia es la multa. La segunda opción aplica la regla sin su salvedad; la indemnización de la cuarta es la del abuso del derecho (7.2), que la norma no prevé.