Las normas de Derecho internacional privado

El 9.8 somete la sucesión a «la Ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país donde se encuentren»: una sola ley para toda la herencia, sin trocearla por países ni por la clase de bienes, así que los inmuebles no siguen aquí la ley del país en que estén. La ley nacional al otorgar testamento es la tentación: el mismo apartado solo la usa para conservar la validez de las disposiciones testamentarias, no para regir la sucesión.

El 9.1 fija la ley personal de las personas físicas por la nacionalidad: «es la determinada por su nacionalidad». Mientras siga siendo italiana, su ley personal es la italiana, por muchos años que lleve viviendo en España. El Código no la deja elegir entre la de su nacionalidad y la de su residencia, y la ley personal no cambia según el tribunal que conozca del asunto.

El 8.1 hace territoriales las leyes penales, las de policía y las de seguridad pública: «obligan a todos los que se hallen en territorio español». No importa la nacionalidad, la residencia ni el tiempo que se pase en España: basta estar aquí. El Código no condiciona esa obligación a ningún tratado ni a la residencia.

El 9.1 dice que la ley personal «regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte». La propiedad de los inmuebles, las obligaciones no contractuales y la propiedad intelectual tienen cada una su propia regla en el artículo 10, que no pasa por la ley personal.

El 11.3: «Será de aplicación la ley española» a los contratos, testamentos y demás actos jurídicos autorizados por funcionarios diplomáticos o consulares de España en el extranjero. El apartado está en el artículo 11, que regula las formas y solemnidades de los actos: para la forma, cuenta quién autoriza el testamento, no el país en que está el consulado ni la residencia de quien otorga. El contenido de la sucesión tiene su propia regla, fuera de este artículo.

El 9.11 regula la ley personal de las personas jurídicas y, para la fusión, añade: «En la fusión de sociedades de distinta nacionalidad se tendrán en cuenta las respectivas leyes personales». No se impone la de una de ellas, ni la absorbente ni la resultante, y el Código no mira a los Estados donde operan.

El 12.5 deja la elección al propio Estado plurilegislativo: la determinación del sistema aplicable «se hará conforme a la legislación de dicho Estado». No la decide el derecho español, que ya hizo su parte al remitir a ese Estado, ni la capital ni las partes.

El 9.10 da una regla propia para quien no tiene nacionalidad o la tiene indeterminada: su ley personal es «la ley del lugar de su residencia habitual». El Código no atiende al lugar de nacimiento, no la elige el interesado y no la convierte en española por estar en España.

El 12.2: la remisión al derecho extranjero «se entenderá hecha a su ley material, sin tener en cuenta el reenvío que sus normas de conflicto puedan hacer a otra ley que no sea la española». El reenvío de A hacia B no se sigue; se aplican directamente las normas sustantivas de A. El 12.2 únicamente descarta el reenvío a una ley que no sea la española; el que devuelve a la española no lo excluye, y aquí no lo hay.

El 10.5 aplica a las obligaciones contractuales la ley a la que las partes se hayan sometido expresamente, «siempre que tenga alguna conexión con el negocio de que se trate». No exige que sea la ley nacional de una de las partes, la del lugar de celebración ni la de la residencia habitual común: las dos últimas, junto con la nacional común, son las leyes a las que el mismo apartado acude cuando no hay sometimiento expreso.

El 12.3: «En ningún caso tendrá aplicación la ley extranjera cuando resulte contraria al orden público». Que las partes se sometieran a ella expresamente no la salva, ni en todo ni en parte, y tampoco importa su nacionalidad: el límite del orden público no admite excepciones en el texto.

El 11.2: si la ley que regula el contenido de los actos y contratos exige para su validez una forma o solemnidad, «será siempre aplicada, incluso en el caso de otorgarse aquéllos en el extranjero». La escritura pública no depende de lo que pacten las partes ni la sustituye la forma más ligera de otro país o de otra ley.

El párrafo segundo del 9.1 lo resuelve en una frase: «El cambio de ley personal no afectará a la mayoría de edad adquirida de conformidad con la ley personal anterior». Quien ya era mayor de edad lo sigue siendo aunque la nueva ley la fije más tarde, y el Código no le pide ningún trámite para conservarla. Las dos respuestas negativas aplican la ley nueva a algo que ya se adquirió.

El 10.1: la posesión, la propiedad y los demás derechos sobre bienes inmuebles, y su publicidad, «se regirán por la ley del lugar donde se hallen». La casa está en Málaga, así que rige la ley española, sea cual sea la nacionalidad o la residencia del dueño y dondequiera que se firmara la compra.

El 9.2 es una escalera: primero, la ley personal común al tiempo de casarse (aquí no la hay); después, la ley personal o de residencia de uno de ellos elegida por ambos en documento auténtico «otorgado antes de la celebración» (no la eligieron, y elegirla después no vale); a falta de elección, «la ley de la residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración», que es la portuguesa. La del lugar de celebración es el último peldaño, solo si no hay esa residencia común.

El párrafo segundo del 9.9: «Prevalecerá en todo caso la nacionalidad española del que ostente además otra no prevista en nuestras leyes o en los tratados internacionales». La coincidente con la última residencia habitual y, en su defecto, la última adquirida son los criterios del párrafo primero, que valen para la doble nacionalidad prevista en las leyes españolas cuando los tratados no dicen nada: no es este caso.