Las fuentes del Derecho

El art. 2.3 fija la regla y su salvedad en una sola frase: las leyes no tienen efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario. La irretroactividad es la regla por defecto, no una prohibición absoluta: la propia ley puede disponer otra cosa. Las opciones que hablan de las sancionadoras o de lo favorable mezclan esta regla con límites que el art. 2.3 no menciona; los que pone la Constitución al legislador están en su art. 9.3 y son otra cuestión.

El art. 1.4 los sitúa en el tercer lugar: se aplican en defecto de ley o costumbre. No pasan por delante de la costumbre, que ocupa el segundo puesto (1.3). El distractor de la jurisprudencia tienta porque el 1.6 la menciona justo después, pero no es un escalón que haya que agotar antes: complementa el ordenamiento. Y no necesitan que ninguna ley se remita a ellos: rigen por sí mismos cuando faltan la ley y la costumbre.

El art. 1.7 impone a jueces y tribunales el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido. Que falte la ley no lo exime: tiene detrás la costumbre (1.3) y los principios generales del derecho (1.4). Por eso ni suspender, ni archivar, ni esperar a que otro órgano se pronuncie son salidas que el Código admita.

El art. 1.2 fija la jerarquía: carece de validez la disposición que contradice otra de rango superior. La que contradice a otra anterior del mismo rango no es inválida: es la norma posterior, y lo que ocurre es que deroga a la anterior en lo incompatible (art. 2.2). La costumbre solo rige en defecto de ley (1.3), y la doctrina del Tribunal Supremo complementa el ordenamiento (1.6), pero ninguna de las dos es un rango superior frente al que una disposición pierda su validez.

Los veinte días del art. 2.1 son la regla supletoria: rigen «si en ellas no se dispone otra cosa». Esta ley sí dispone otra cosa, y manda lo que ella dice: el día siguiente al de su publicación. El distractor de los veinte días «sin poder acortarlos» convierte una regla supletoria en un mínimo que el Código no impone, y el Gobierno no tiene ningún papel en adelantar la vigencia de una ley.

El art. 2.1 cuenta los veinte días desde la completa publicación de la ley en el «Boletín Oficial del Estado», y solo cuando la propia ley no dispone otra cosa. Ni la aprobación en las Cortes ni la sanción del Rey ponen en marcha el plazo: lo hace la publicación. Y el Código habla de días, no de días hábiles: en el cómputo civil no se excluyen los inhábiles (art. 5.2).

El art. 1.6 no se conforma con que la doctrina venga del Tribunal Supremo: exige que la establezca «de modo reiterado». Una sola sentencia, por firme que sea, no basta. Por eso el distractor tentador, «porque la dicta el Tribunal Supremo», se queda a medias: acierta el tribunal y olvida la reiteración. El Código tampoco pide que ninguna formación concreta del Supremo la confirme.

El caso reúne las tres condiciones del art. 1.3: falta ley aplicable, la costumbre no es contraria a la moral ni al orden público y está probada. Rige, por tanto, la costumbre. Los principios generales vienen después, en el tercer lugar (1.4), y aquí hay costumbre. La doctrina del Supremo complementa el ordenamiento (1.6), pero no es una fuente que se aplique en su lugar.

El art. 1.2 resuelve el caso por la jerarquía: carecen de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior, y la ley está por encima del real decreto. Que el real decreto sea posterior no le da prioridad: el criterio de la norma posterior opera entre normas del mismo rango, no frente a una superior. El dictamen del Consejo de Estado no cambia el rango de nadie. Y el motivo de la invalidez no es que haga falta una ley orgánica: cualquier ley posterior podría derogar a esa ley.

El art. 2.1 no cuenta desde que la ley empieza a publicarse, sino desde su «completa publicación». Si el texto se reparte en dos números, la publicación no está completa hasta que sale el segundo, y es entonces cuando empiezan los veinte días, para la ley entera: el Código no da a cada parte su propio plazo. La sanción es anterior a la publicación y no pone en marcha el plazo.

El art. 2.2 dice que la derogación «se extenderá siempre» a todo lo que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior. No hace falta que la ley nueva lo diga ni que un tribunal lo declare: lo incompatible cae por sí solo. Pero solo eso: lo que es compatible sigue vigente, porque el Código no extiende la derogación a la ley anterior entera.

El art. 1.4 añade, tras su papel supletorio, que se aplican «sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico»: no solo llenan huecos, sino que inspiran todo el ordenamiento. No derogan la costumbre (las leyes se derogan por otras leyes, y el Código no da a los principios ese efecto); interpretar declaraciones de voluntad es lo que hacen los usos que el 1.3 no equipara a la costumbre; y el fundamento exclusivo de una resolución es lo que el Código permite a la equidad solo cuando la ley lo dice (art. 3.2).

El art. 1.3 pone tres condiciones a la costumbre y ninguna más: que no haya ley aplicable, que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Que el Tribunal Supremo la haya acogido no es una de ellas: el papel del Supremo está en el 1.6, donde su doctrina reiterada complementa el ordenamiento, pero la costumbre no necesita ese respaldo para regir.

El art. 2.2 suma dos alcances: el que la ley nueva disponga expresamente (los artículos 3 a 5) y, «siempre», todo lo que sobre la misma materia sea incompatible con ella (el 9). Que la cláusula derogatoria enumere unos artículos no salva a los demás que sean incompatibles. Tampoco cae la ley entera: lo que no se deroga expresamente ni es incompatible sigue vigente, sin esperar a que lo declare nadie.

El art. 1.1 enumera tres fuentes y solo tres: la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. La jurisprudencia, el distractor que más tienta, no está en la lista: el mismo artículo le da otro papel, el de complementar el ordenamiento (1.6). Y los tratados tampoco figuran como fuente aparte: sus normas se aplican en España cuando pasan a formar parte del ordenamiento interno al publicarse (1.5).

El último inciso del art. 2.2 lo resuelve: «por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado». Derogar la ley B no resucita la ley A, ni entera ni en parte. Pero tampoco deja viva a la B, que es la que C acaba de derogar: la opción que lo dice acierta en lo de A y falla en lo de B. El distractor de «lo que no sea incompatible con C» tienta porque recuerda la derogación tácita del mismo apartado, pero esa regla sirve para saber qué deroga una ley nueva, no para devolver la vigencia a una ley ya derogada.