El nacimiento y la extinción de la personalidad civil

El 39 da primero el destino que hayan previsto las leyes, los estatutos o las cláusulas fundacionales; y si nada se estableció, los bienes «se aplicarán a la realización de fines análogos», en interés de la región, provincia o municipio que principalmente debía recoger los beneficios de la entidad extinguida. No se reparten entre los miembros ni pasan sin más al Estado o a la Administración que la reconoció.

El 37 reparte la capacidad civil de tres maneras: la de las corporaciones, por las leyes que las crearon o reconocieron; la de las asociaciones, por sus estatutos; y la de las fundaciones, «por las reglas de su institución», aprobadas por disposición administrativa cuando haga falta. La ley de creación o reconocimiento es la celda de las corporaciones, no la de las fundaciones; el contrato de sociedad es un contrato entre socios y nada tiene que ver con una fundación; y la capacidad no queda al criterio del patronato en cada caso.

El 33 pone la carga en quien afirma: «el que sostenga la muerte anterior de una o de otra, debe probarla». No encarga al juez averiguar el orden por su cuenta; una declaración de fallecimiento no sirve aquí, porque las dos muertes constan y lo que se discute es cuál fue antes; y la presunción que el artículo da a falta de prueba no es la que sostienen esos herederos, así que no les ahorra nada.

El 30 no se conforma con que haya vida en algún momento del parto: la vida cuenta «una vez producido el entero desprendimiento del seno materno». Si muere antes de que la salida se complete, no ha llegado a ser persona, aunque diera señales de vida y aunque el parto hubiera empezado. La inscripción no tiene nada que ver: el Código no la exige para adquirir la personalidad.

El 31 lo decide por el orden de salida: en los partos dobles, «la prioridad del nacimiento» da al primer nacido los derechos del primogénito. No se reparten entre las dos ni los eligen los padres, y no va a la que nace después, como dice una creencia popular.

El 29 hace una ficción a favor del concebido: se le tiene por nacido «para todos los efectos que le sean favorables». No para todos los efectos, que incluirían los que le perjudican; tampoco se limita a la herencia, aunque sea el ejemplo que primero viene a la cabeza, ni lo deja al criterio del juez caso por caso.

El 30, en la redacción que le dio la Ley 20/2011, fija la adquisición en un instante: «en el momento del nacimiento con vida». El distractor tentador es la regla antigua, que exigía vivir veinticuatro horas: hoy un niño que vive diez horas ha sido persona, con todo lo que eso supone para lo que haya heredado o transmitido. El texto tampoco pide viabilidad. Y la personalidad no se remonta a la concepción: el 29 abre diciendo que «el nacimiento determina la personalidad», y tener por nacido al concebido es una ficción que no se la da.

A falta de prueba, el 33 da dos consecuencias juntas: las personas «se presumen muertas al mismo tiempo» y por eso «no tiene lugar la transmisión de derechos de uno a otro». Ninguno sobrevive al otro, así que ninguno puede heredarle: cada herencia va a sus otros herederos. El Código no fija un orden por la edad.

El 35.1.º lo fija en su constitución: su personalidad «empieza desde el instante mismo en que, con arreglo a derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas». «Reconocidas por la ley» describe qué entes son; cuándo nace su personalidad lo fija la constitución válida. No hay que esperar a que empiecen a funcionar ni a una publicación.

El 36 las remite al contrato de sociedad: se rigen «por las disposiciones relativas al contrato de sociedad, según la naturaleza de éste», es decir, por las de la sociedad civil o la mercantil según cuál sea. El Código no las remite a la ley de asociaciones, sino al contrato de sociedad; no las equipara a las corporaciones públicas ni las deja al acuerdo de sus miembros caso por caso. Esto es su régimen; su capacidad civil es otra cuestión, que el Código resuelve aparte.