Las clases de penas y las penas privativas de libertad

El art. 34.2 las excluye porque nacen de atribuciones gubernativas o disciplinarias, ejercidas sobre subordinados o administrados. El precepto no habla de atribuciones judiciales, jurisdiccionales ni penales.

El art. 34.1 saca de las penas la detención, la prisión preventiva y las demás medidas cautelares de naturaleza penal. Las otras tres opciones sí figuran como penas en el art. 33.

El art. 33.7 lo dice de una vez: «tienen todas la consideración de graves». La regla no distingue por duración, por la forma de la multa ni por el carácter temporal o definitivo de la medida, así que ninguna de esas excepciones existe.

La letra a) del art. 33.3 incluye la prisión «hasta cinco años», de modo que esos cinco años exactos todavía entran. Solo es grave la prisión superior a esa duración (art. 33.2.b), y entre las leves del apartado 4 no hay ninguna pena de prisión.

El art. 33.6 ata la accesoria a la principal: dura lo mismo, sin mitades ni aumentos y sin que el tribunal la fije por separado. La excepción existe solo si otro precepto del Código lo dispone expresamente.

La letra f) permite llegar a quince años en la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y gozar de beneficios fiscales o de la Seguridad Social. La suspensión de actividades, la clausura y la intervención judicial tienen, en las letras c), d) y g), un tope menor.

El art. 36.1 da doce años en el caso de la letra a), que es el de ese capítulo, y ocho en el resto de los casos. Quince y veinte años son los umbrales del tercer grado en el mismo apartado: es fácil cruzarlos porque van seguidos en el texto.

La letra k) del art. 33.3 la hace menos grave «cualquiera que fuese su cuantía»: no la condiciona al daño causado, a un tiempo determinado ni a que se imponga sin prisión. La única salvedad es la del apartado 7, que se refiere a las personas jurídicas y que el enunciado deja aparte.

Para quien no está preso, el art. 38.2 cuenta desde el ingreso en el establecimiento adecuado. La firmeza de la sentencia es el punto de partida del otro caso, el del reo que ya está preso (art. 38.1). La notificación y el requerimiento no aparecen en este artículo.

El art. 35 enumera cuatro penas privativas de libertad: la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Las otras opciones no están en esa lista, aunque la de residir en determinados lugares también limite adónde se puede ir.

El art. 33.3.l) señala de treinta y un días a un año. De uno a treinta días es la franja de la pena leve del apartado 4, de modo que los dos tramos se tocan en el día treinta. Seis meses y dos años no aparecen como límite de esta pena en el art. 33.

El art. 36.4 nombra a las personas septuagenarias junto a las enfermas muy graves con padecimientos incurables, y manda valorar especialmente su escasa peligrosidad. Lo acuerda la autoridad judicial de vigilancia penitenciaria, previo informe del Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes.

El art. 32 reduce las penas a tres grupos: privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa. Las medidas de seguridad y la responsabilidad civil no aparecen en esa enumeración, y los trabajos en beneficio de la comunidad tampoco forman un grupo propio en ella.

El art. 33.5 hace depender su naturaleza de la pena a la que sustituye: esta responsabilidad toma la naturaleza que le corresponda a esa pena. No mira el importe impagado, ni el delito, ni los días que resulten por sí mismos.

La fórmula «en cualquier caso» del art. 36.2 abre una lista de cinco letras, y la b) recoge los delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal. La condición de funcionario, la violencia o intimidación y la temeridad no están en esa lista: esas circunstancias no activan esta regla.

Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco años son la letra d) de la lista de penas graves del art. 33.2. Las otras tres opciones están redactadas tal como figuran en la lista del apartado siguiente, la de las menos graves.

El art. 33.4.g) llama leve a la multa de hasta tres meses, y la que pasa de ahí ya es menos grave. La duración de la multa decide su clase, así que un mes, dos o seis no son frontera de la multa en este artículo.

El art. 37.1 da el máximo de esta pena: hasta seis meses. La trampa son los tres meses, que salen del art. 33.4.h): ahí no se fija la duración de la localización permanente, sino el tramo con el que se clasifica como leve.

El art. 36.1 reserva esa autorización al tribunal, con un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social. El Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias son oídos, no deciden. La autoridad judicial de vigilancia penitenciaria aparece en los apartados 3 y 4 del artículo, para otras decisiones.

El párrafo segundo del art. 37.1 pide que el concreto precepto aplicable lo disponga expresamente: sin esa previsión, el juez no puede acordarlo por la sola reiteración. El cumplimiento es los sábados, domingos y días festivos, en el centro más próximo al domicilio. La solicitud del reo pertenece a otra regla, la del apartado 2.