La extinción de la responsabilidad criminal y la prescripción

La frontera se decide con «de quince o más años» del art. 131.1: una prisión de exactamente quince ya está dentro de ese tramo. El tramo inmediatamente inferior solo llega a la prisión «por más de diez y menos de quince años», y de ahí el error de contestar con la misma cifra de la pena.

El art. 131.1 los saca de la regla residual: «los demás delitos» prescriben a los cinco años, excepto los leves y estos dos. Aquí el plazo no depende de la pena señalada, sino de la clase de delito.

El numeral 3.º nombra la remisión definitiva, conforme a los apartados 1 y 2 del art. 87. La suspensión solo aplaza la ejecución y no aparece en la lista: lo que extingue es la remisión que puede llegar después. El numeral 2.º habla del cumplimiento de la condena, no de una parte de ella.

El segundo párrafo del art. 132.1 retrasa el día inicial hasta la mayoría de edad en su lista de delitos, y si la víctima fallece antes, se cuenta desde el fallecimiento. La comisión es la regla general que este párrafo desplaza, y los treinta y cinco años pertenecen a la lista cerrada del párrafo siguiente, donde este delito no está.

El tercer párrafo del art. 132.1 fija ese día inicial para una lista cerrada de delitos, y si la víctima fallece antes de alcanzar esa edad, se cuenta desde el fallecimiento. La mayoría de edad es el día inicial del párrafo anterior, que excluye expresamente los delitos de este. La denuncia no fija el día inicial en ninguno de los dos.

El numeral 5.º pone dos vías: delitos leves que se persiguen a instancias de la persona agraviada, o que la ley así lo prevea. No basta que el delito sea leve, porque ha de perseguirse a instancias de la agraviada, y los menos graves no están en la primera vía. La autoridad judicial oye a la persona ofendida, pero no aprueba el perdón.

El art. 130.1.5.º exige un perdón expreso y anterior a la sentencia, y por eso la autoridad judicial sentenciadora debe oír a la persona ofendida antes de dictarla. El juicio oral queda antes de ese límite; la firmeza y la ejecución, después.

El art. 131.2 mira a la pena señalada por la ley y escoge, entre sus componentes, la que da el plazo más largo. No importa cuál sea su clase, así que la prisión no tiene preferencia, y tampoco se suman duraciones ni se espera a la pena concreta de la sentencia.

El art. 131.4 da un solo plazo para todo el conjunto, el del delito más grave. Así que no se cuenta delito a delito, los plazos no se acumulan y el orden en que se cometieron no decide nada.

El art. 134.1 da dos días iniciales. La sentencia firme es el de la pena que aún no se ha empezado a cumplir; si ya se empezó, el tiempo corre desde el quebrantamiento, no desde que comenzó el cumplimiento.

El art. 133.2 no declara imprescriptibles todas las penas por terrorismo: lo hace con las de los delitos que hayan causado la muerte de una persona. Ni las lesiones ni la pertenencia a una organización aparecen en ese párrafo.

Interrumpir no es hacer una pausa: el tiempo anterior se pierde y el plazo vuelve a correr desde que el procedimiento se paraliza o termina sin condena. Ese final sin condena marca cuándo se reinicia el plazo, no permite conservar lo ya transcurrido.

En el art. 133.1, ocho años entran en la prisión «por más de cinco años» que no excede de 10. El plazo de diez años queda para las «restantes penas graves», y los de veinte y veinticinco, para prisiones más largas.

La firmeza de la resolución es la regla general del art. 135.2, y el cumplimiento sucesivo es su excepción: se atiende al día en que la medida debió empezar a cumplirse. El apartado 3 añade otro caso: si el cumplimiento es posterior al de una pena, el plazo corre desde la extinción de esta.

El art. 132.1 reparte con «respectivamente» tres días iniciales especiales: la última infracción para el delito continuado, la eliminación de la situación ilícita para el permanente y el cese de la conducta para las infracciones que exigen habitualidad. La comisión es la regla general, que aquí no se aplica.

El numeral 4.º nombra las dos figuras juntas, como una misma causa de extinción. El art. 130.1 se limita a enumerarlas y no regula su alcance. El sobreseimiento, la cancelación de antecedentes y la revisión de la sentencia no figuran en esa lista.

El art. 130.2 niega la extinción: la responsabilidad sigue a la entidad, y lo mismo vale para la transformación, la absorción y la escisión. El juez o tribunal puede moderar el traslado de la pena según la proporción que la responsable originaria guarde con la entidad resultante, pero no lo desvía hacia sus administradores.