Las garantías penales y la aplicación de la ley penal

La regla 4.ª del art. 8 es la de cierre: en defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluye a los que castigan el hecho con pena menor. Favorecer al reo o la fecha de la ley no son criterios de este artículo, y la especificidad ya se miró en la regla 1.ª.

El art. 2.2 cierra con esta salvedad a la regla de la ley favorable, y por eso dice «sin embargo»: lo cometido bajo una ley temporal se juzga conforme a ella, aunque después haya cambiado. Tampoco es absoluto: cede si se dispone expresamente lo contrario.

El art. 4.4 nombra el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, y entonces la ejecución se suspende en tanto no se resuelva la petición. Su segundo párrafo añade otro supuesto, facultativo: cuando ejecutar la sentencia pudiera hacer ilusoria la finalidad del indulto.

El art. 5 es una sola frase, y la conjunción importa: basta cualquiera de los dos, dolo o imprudencia. No añade un resultado como requisito, ni habla de daño, de peligro o de las condiciones personales del sujeto.

El art. 3.2 atribuye a los Jueces y Tribunales competentes el control de la ejecución. No lo deja en manos de quien la lleva a cabo materialmente ni de la Fiscalía o de un ministerio.

El art. 7 mira a la conducta, no a sus consecuencias: cuenta el momento en que el sujeto ejecuta la acción, u omite el acto que estaba obligado a realizar. Por eso el resultado posterior no mueve la fecha, y menos aún el descubrimiento o el proceso.

La segunda frase del art. 2.1 dice que «carecerán, igualmente, de efecto retroactivo» las leyes que establezcan medidas de seguridad: la misma regla que para la pena. De la responsabilidad civil, las costas o la ejecución no se ocupa ese apartado.

El art. 4.2 pide dos cosas. Sobre el hecho, abstenerse de todo procedimiento, porque no está penado. Y exponer al Gobierno las razones para creer que debiera ser objeto de sanción penal: el destinatario es el Gobierno, no las Cortes.

El art. 2.2 da efecto retroactivo a las leyes penales que favorezcan al reo «aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena». Ni la firmeza ni el cumplimiento ya empezado cierran la puerta, y el artículo no pone un mínimo de condena pendiente ni pasa por el indulto.

La regla 2.ª del art. 8 lo deja para cuando falta el principal, y da igual que la subsidiariedad se declare expresamente o sea tácitamente deducible. No concurren los dos preceptos ni decide el Tribunal cuál prefiere.

La regla 3.ª del art. 8 atiende a la extensión del precepto: el que abarca las otras infracciones las absorbe. Las demás opciones remiten a criterios de otras reglas del mismo artículo, que no hablan de absorber.

La regla 1.ª del art. 8 lo resuelve sin mirar la pena: entre uno y otro prevalece el precepto especial. Comparar penas queda, en ese artículo, para el último recurso.

El art. 4.1 cierra las leyes penales a los casos distintos de los que comprenden expresamente. El parecido o la gravedad igual no abren la aplicación, y la petición de una acusación tampoco suple lo que la ley no recoge.

El art. 6.2 toma como techo la pena abstractamente aplicable al hecho cometido: la prevista para ese hecho, no una impuesta en concreto ni la máxima del Código. El mismo apartado añade otro límite: la medida tampoco puede exceder de lo necesario para su fin preventivo.

El art. 3.1 solo admite la ejecución en virtud de sentencia firme, dictada por el Juez o Tribunal competente y de acuerdo con las leyes procesales. Una sentencia aún recurrida no es firme, y una decisión de la Fiscalía o de la Administración no es una sentencia.