La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

La segunda frase del art. 8.2 reconoce a toda persona dos derechos sobre los datos recogidos que la conciernan: acceder a ellos y obtener su rectificación. Son los dos únicos que nombra la Carta; la oposición al tratamiento y la supresión no están en su art. 8.

El apartado d) del art. 3.2 prohíbe la clonación reproductora de seres humanos, y solo a ella le pone nombre: el artículo no prohíbe expresamente la clonación terapéutica ni la que se hace con fines experimentales. Tampoco nombra la clonación de tejidos.

El art. 41.4 permite dirigirse a las instituciones de la Unión en cualquiera de las lenguas de los Tratados y obliga a contestar en esa misma lengua. La respuesta no depende de la lengua de trabajo de la institución ni de la del Estado de residencia o de nacionalidad: la elige quien escribe.

El art. 52.3 dice que, en la medida en que correspondan a derechos del Convenio, su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho Convenio, sin impedir que el Derecho de la Unión dé una protección más extensa. Las tradiciones constitucionales comunes son la pauta del 52.4 para otros derechos, los que resultan de ellas; y el artículo no deja el alcance al Tribunal de Justicia ni hace prevalecer la Carta sobre el Convenio.

El art. 42 reconoce el acceso a los documentos de las instituciones de la Unión a todo ciudadano de la Unión y a toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, cualquiera que sea su soporte. Basta el domicilio social de la sociedad: la nacionalidad de sus socios no cuenta, el derecho no se limita a los documentos que le conciernan y no depende de que la institución aprecie un interés.

El art. 15.3 les reconoce unas condiciones laborales equivalentes a las que disfrutan los ciudadanos de la Unión. Buscar empleo, trabajar, establecerse o prestar servicios en cualquier Estado miembro es lo que el 15.2 reconoce a todo ciudadano de la Unión, no a ellos. El artículo no extiende su autorización de trabajo a los demás Estados ni deja sus condiciones a lo que cada Estado fije para los extranjeros: las ata a las de los ciudadanos de la Unión.

El art. 24.3 reconoce ese derecho salvo si ello es contrario a los intereses del niño: la única excepción es su interés. El acuerdo de los padres no basta para suprimirlo, vivir en otro Estado no lo excluye, y la opinión del niño, que el 24.1 manda tener en cuenta según su edad y madurez, no es por sí sola la excepción.

Los principios de la Carta se aplican mediante actos legislativos y ejecutivos de la Unión, y de los Estados miembros cuando aplican el Derecho de la Unión. Según el art. 52.5, ante un juez solo pueden alegarse para interpretar esos actos y controlar su legalidad: no dan una prestación que se pueda reclamar directamente, ni permiten exigir que se dicten los actos ni pedir una indemnización porque falten.

El art. 51.1 dirige la Carta a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros «únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión». Cuando un Estado actúa en lo suyo, sin aplicar Derecho de la Unión, la Carta no le obliga; y no depende de que su constitución o una ley suya la acepten.

El art. 17.1 solo permite privar a alguien de su propiedad por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio de una justa indemnización por su pérdida, pagada en un tiempo razonable. No habla de valor de mercado ni exige pagar antes de la privación, no prevé compensar con otro bien y no deja la cuantía al arbitrio de cada Estado: la indemnización ha de ser justa.

El art. 18 garantiza el asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, y de conformidad con los Tratados de la Unión. Son los textos del estatuto de refugiado; el artículo no remite para el asilo a ninguno de los otros tres.

El título IV, «Solidaridad», empieza con el art. 27, la información y consulta de los trabajadores en la empresa, y reúne los derechos del trabajo y la protección social hasta el art. 38. Libertades (título II) es donde están la libertad profesional, el derecho a trabajar y la libertad de empresa; Igualdad (título III) y Ciudadanía (título V) no recogen derechos de los trabajadores en la empresa.

El párrafo segundo del art. 23 dice que el principio de igualdad no impide mantener o adoptar medidas que supongan ventajas concretas en favor del sexo menos representado. El criterio es cuál de los dos lo está, no que se trate de mujeres, y el artículo no exige que las medidas sean temporales ni que las autorice una norma de la Unión.

El art. 46 permite al ciudadano de la Unión que está en un tercer país donde no está representado su Estado acogerse a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro, en las mismas condiciones que los nacionales de ese Estado. No hace falta un acuerdo entre los dos Estados, Italia no puede ponerle condiciones distintas de las de sus nacionales, y el artículo no encomienda esa protección a una delegación de la Unión.

El art. 21.2 no prohíbe sin más distinguir por nacionalidad: lo prohíbe en el ámbito de aplicación de los Tratados y sin perjuicio de sus disposiciones particulares. Fuera de ese ámbito no rige, y dentro de él valen las reglas especiales que los propios Tratados establezcan. El artículo no lo extiende a toda actuación pública, no lo limita a quien reside o trabaja en otro Estado miembro ni lo reduce al empleo y la seguridad social.

El art. 37 integra y garantiza en las políticas de la Unión un nivel elevado de protección del medio ambiente conforme al principio de desarrollo sostenible. La Carta habla de buena administración (art. 41), de proporcionalidad (art. 52.1) y de cohesión territorial (art. 36), pero no en el artículo del medio ambiente.

La segunda frase del art. 52.1 solo admite limitaciones, dentro del respeto del principio de proporcionalidad, cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión, o a la necesidad de proteger los derechos y libertades de los demás. El artículo pide necesidad, no urgencia, y los objetivos de interés general son los que reconoce la Unión, no los que fije cada Estado.

El derecho a una buena administración del art. 41.1 se dirige a las instituciones, órganos y organismos de la Unión: son ellos los que deben tratar los asuntos de cada persona con imparcialidad, equidad y en un plazo razonable. El artículo no nombra a las administraciones de los Estados miembros ni a los tribunales, y no se limita a la Comisión.

El art. 43 permite someter al Defensor del Pueblo Europeo los casos de mala administración de las instituciones de la Unión, con una sola exclusión: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. La exclusión alcanza solo a sus funciones jurisdiccionales: la actuación administrativa del Tribunal, como la gestión de su personal, sí puede llevarse ante el Defensor. Ni el Consejo ni el Parlamento quedan excluidos por la clase de función que ejerzan.