La Carta Social Europea revisada

El art. C no crea un sistema propio: somete la Carta revisada a la misma supervisión que la Carta Social Europea, la que su preámbulo sitúa abierta a la firma en Turín en 1961. No la toma del Convenio Europeo de Derechos Humanos ni la encarga a un comité nuevo o al Comité de Ministros. El anexo, en su nota a la Parte III, lo confirma: la aplicación de estas obligaciones está sometida únicamente a la supervisión establecida en la Parte IV.

La declaración del instrumento de ratificación, de 29 de abril de 2021, acepta la supervisión según el procedimiento del Protocolo Adicional que desarrolla un sistema de reclamaciones colectivas, hecho en Estrasburgo el 9 de noviembre de 1995. El Protocolo Adicional de 1988 que nombra el art. B aparece por otra razón: el vínculo de sus disposiciones con las de la Carta revisada. Y ni las demandas individuales ante un tribunal ni las comunicaciones entre Estados están en la declaración.

El art. G.1 admite, además de las especificadas en las Partes I y II, las restricciones establecidas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática para los fines que enumera: los derechos y libertades de terceros, el orden público, la seguridad nacional, la salud pública o las buenas costumbres. No las deja al pacto con empleadores y sindicatos ni a la autorización de un comité. Y el G.2 añade que no pueden aplicarse con una finalidad distinta de la prevista.

El anexo admite la diferencia de trato basada en un motivo objetivo y razonable: es lo que la separa de la discriminación que prohíbe el art. E. La salud, el origen social y la pertenencia a una minoría nacional son justo motivos que el propio art. E nombra en su lista: el disfrute de los derechos de la Carta se garantiza sin discriminación basada en ellos.

El art. 31.2 compromete a prevenir y paliar la carencia de hogar con vistas a eliminarla progresivamente: la eliminación es la meta, no un plazo que fije nadie. El artículo no promete un alojamiento gratuito e inmediato a toda persona (el 31.3 habla de hacer asequible el precio de la vivienda a quien no tenga recursos suficientes), ni limita el compromiso a las familias con hijos.

El núcleo del art. A.1.b lo forman los artículos 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 y 20, y entre ellos está el 19, el de los trabajadores migrantes y sus familias a recibir protección y asistencia. La remuneración equitativa (art. 4), la orientación profesional (art. 9) y la formación profesional (art. 10) son derechos de la Parte II, pero el apartado b) no los nombra: una Parte se obliga por ellos solo si los elige entre los adicionales del apartado c).

El anexo, en su nota al art. 6.4, permite a cada Parte regular por ley el ejercicio del derecho de huelga, siempre que cualquier otra restricción pueda justificarse conforme al art. G, el de las restricciones. No enumera servicios esenciales ni reserva la regulación a los convenios colectivos, y no hace del derecho algo que la ley no pueda tocar.

El art. M.1 impide denunciar la Carta hasta que hayan transcurrido cinco años desde su entrada en vigor para la Parte, y después solo al concluir cada período ulterior de dos años. En los dos casos, la Parte lo notifica con seis meses de antelación al Secretario General, que informa a las demás. Tres años no es ninguno de los plazos del artículo, y los períodos ulteriores son de dos años, no de cinco.

El art. D.2 deja abiertos los dos momentos, al depositar el instrumento de ratificación, aceptación o aprobación o en cualquier fecha posterior, y fija la forma: una notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa. La declaración es del Estado; el artículo no la somete a la aprobación del Comité de Ministros.

El art. 6.4 reconoce las acciones colectivas, incluida la huelga, en caso de conflicto de intereses, y sin perjuicio de las obligaciones que dimanen de los convenios colectivos en vigor: el convenio vigente no excluye el derecho, solo le añade sus obligaciones. La conciliación y el arbitraje voluntarios son un compromiso distinto del art. 6.3 (fomentar esos procedimientos), no un paso previo a la huelga.

El apartado b) del art. A.1 fija el mínimo en seis de esos nueve artículos, y cada Parte elige cuáles. Aparte de ese núcleo, el apartado c) le pide aceptar los artículos o párrafos numerados adicionales que ella elija, hasta alcanzar un mínimo total. Ni cinco, ni siete, ni ocho es la cifra del apartado b).