La Convención contra la Tortura

El art. 17 permite la reelección, pero no la da hecha: los miembros «Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura», es decir, si un Estado parte vuelve a designarlos y ganan otra votación de los Estados partes. No hay renovación automática ni intervención de la Asamblea General.

El art. 16.1 obliga a prohibir esos otros tratos cuando los comete o consiente un funcionario o quien actúe en funciones oficiales, y dice qué obligaciones se les aplican «en particular»: las de los artículos 10, 11, 12 y 13 (formación del personal, examen de las normas de interrogatorio y custodia, investigación pronta e imparcial y derecho a queja), cambiando «tortura» por «tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes». Ni la prohibición de devolver (art. 3), ni la tipificación como delito (art. 4), ni la reparación (art. 14), ni la exclusión de la prueba (art. 15) están en esa lista.

El art. 7.1 obliga a elegir entre extraditar o juzgar: el Estado en cuyo territorio sea hallada la persona, «si no procede a su extradición, someterá el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento». No puede limitarse a soltarla porque los hechos ocurrieran fuera, y el art. 7 no le da ese papel al Comité contra la Tortura.

El art. 1.1 cierra la definición con una exclusión: «No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas». Las otras tres entran en la definición: los sufrimientos pueden ser «físicos o mentales», la información o la confesión se busca «de ella o de un tercero», y el castigo puede ser por un acto que haya cometido «o se sospeche que ha cometido».

El art. 3.1 mira al riesgo futuro y se conforma con un umbral de sospecha: basta que haya «razones fundadas para creer» que la persona estaría en peligro de ser sometida a tortura. No exige la prueba de una tortura pasada ni una condena internacional previa del otro Estado, y la prohibición no depende de que ese Estado sea o no parte en la Convención, sino del peligro.

La definición del art. 1.1 exige la implicación del poder público: los dolores o sufrimientos tienen que infligirlos «un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas», o hacerse «a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia». Por eso no basta que actúe cualquier particular con uno de los fines del artículo, no se limita a policías y militares en servicio, y sí entra el particular que actúa con el consentimiento o la aquiescencia del funcionario.

El art. 13 protege a dos sujetos: «quien presente la queja y los testigos», contra los malos tratos o la intimidación que sufran «como consecuencia de la queja o del testimonio prestado». La protección está atada a la queja y al testimonio: el artículo no nombra a los familiares ni a la víctima que no se queja.

El art. 20.3 admite la visita, pero la condiciona al Estado investigado: «De acuerdo con ese Estado Parte, tal investigación podrá incluir una visita a su territorio». El Comité no puede imponerla por mayoría, y el Secretario General no la autoriza en su lugar.

Entre los fines que enumera el art. 1.1, junto a obtener información o una confesión, castigar, intimidar o coaccionar, figura «cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación». Infligir sufrimientos graves a un detenido por su origen étnico encaja en ese supuesto por sí solo: no hace falta que además busque información, un castigo ni intimidar a otros. Pero no basta cualquier sufrimiento grave infligido por un agente: la definición exige uno de esos fines o razones.

El art. 30.1 manda la controversia que no se arregla negociando, primero, a arbitraje, a petición de uno de los Estados; solo si en seis meses no se ponen de acuerdo sobre la forma del arbitraje puede cualquiera llevarla a la Corte Internacional de Justicia. Un Estado puede declarar al ratificar que no se obliga por ese apartado (art. 30.2). No interviene el Comité contra la Tortura, ni media el Secretario General.

España reconoció la competencia del Comité para examinar las comunicaciones «enviadas por personas sometidas a la jurisdicción española, o en su nombre, que aleguen ser víctimas» de una violación de la Convención por el Estado español. Lo que cuenta es estar bajo la jurisdicción española, no la nacionalidad, y la comunicación no tiene que enviarla la propia víctima: cabe enviarla en su nombre.

El Comité no es un tribunal: el art. 22 termina con que «comunicará su parecer al Estado Parte interesado y a la persona de que se trate». No dicta sentencias, no fija indemnizaciones y no remite el asunto al Consejo de Seguridad.

El art. 28.1 permite a un Estado declarar «que no reconoce la competencia del Comité según se establece en el artículo 20», la de investigar cuando recibe información fiable de que se practica sistemáticamente la tortura en su territorio; esa reserva puede retirarse después. La del art. 22 funciona al revés: no se excluye con una declaración, sino que solo existe para el Estado que declara aceptarla. El examen de los informes y el informe anual no admiten esa salida.

El art. 10.1 enumera a quiénes debe llegar esa educación: el personal encargado de la aplicación de la ley, «sea éste civil o militar», «el personal médico», los funcionarios públicos y otras personas que puedan participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona arrestada, detenida o presa. El personal médico está en la lista sin condiciones ni restricción por el tipo de centro.

El art. 17.1 fija la composición en «diez expertos de gran integridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos», elegidos por los Estados partes. Ejercen sus funciones «a título personal»: no representan al Estado que los propone.

El art. 22 exige que la persona haya agotado los recursos internos, pero «no se aplicará esta regla cuando la tramitación de los mencionados recursos se prolongue injustificadamente o no sea probable que mejore realmente la situación» de la víctima. Ser extranjero o seguir detenido no eximen, y los seis meses que tiene el Estado para dar explicaciones al Comité son otro trámite, que no dispensa de agotar los recursos.

El art. 12 no espera a la queja: las autoridades competentes tienen que proceder a «una investigación pronta e imparcial» «siempre que haya motivos razonables para creer» que dentro de la jurisdicción del Estado se ha cometido un acto de tortura. Ni la víctima ni su familia tienen que pedirla, y tampoco depende de una petición del Comité contra la Tortura.