La Corte Penal Internacional: quién la forma

El art. 39.2.b.iii admite las dos formas: tres magistrados de la Sección de Cuestiones Preliminares o un solo magistrado de ella, según el Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba. Que la Sala la formen todos los magistrados de su Sección es lo que el mismo apartado dice de la Sala de Apelaciones (39.2.b.i). Desde el 13 de junio de 2024, el apartado b se abre con una salvedad: todo ello, sin perjuicio de la sustitución de un magistrado conforme a las Reglas de Procedimiento y Prueba.

El art. 36.2.a reserva la iniciativa a la Presidencia, que actúa en nombre de la Corte y tiene que dar las razones del aumento. El secretario no propone: se limita a distribuir la propuesta a los Estados Partes, y la Asamblea la examina (36.2.b). Ni la Sección de Apelaciones ni una mayoría de magistrados tienen esa iniciativa. La misma Presidencia es la que, tras un aumento, puede proponer reducir el número, nunca por debajo del fijado en el párrafo 1.

El art. 35 distingue: quienes forman la Presidencia pasan a dedicación exclusiva tan pronto como son elegidos (35.2), y para los demás es la Presidencia la que decide por cuánto tiempo, en función del volumen de trabajo y en consulta con los magistrados (35.3). La Asamblea fija los sueldos (art. 49) y las disposiciones financieras de quien no está en dedicación exclusiva se adoptan conforme a ese artículo (35.4), pero no decide el tiempo. La mayoría absoluta de los magistrados resuelve las dudas de incompatibilidad (art. 40.4), no esto, y el fiscal no propone nada aquí; tampoco depende de lo que pida cada magistrado.

El art. 37.2 abre la reelección, por un mandato completo, solo cuando el resto que cubrió era de tres años o menos. Los seis años no son ese umbral: es uno de los mandatos que se sortearon en la primera elección (art. 36.9.b), y el Estatuto no habla de la mitad del mandato. Tampoco es verdad que ningún magistrado pueda ser reelegido: además de este caso, el art. 36.9.c lo permite al que en la primera elección sacó un mandato de tres años.

El art. 48.5 reparte la renuncia según el cargo: la de un magistrado o del fiscal, la mayoría absoluta de los magistrados; la del secretario, la Presidencia; la de los fiscales adjuntos y el personal de la Fiscalía, el fiscal, y la del secretario adjunto y el personal de la Secretaría, el secretario. Por eso el fiscal renuncia a las de su gente, pero no a las suyas, y la Asamblea de los Estados Partes no aparece en el artículo.

El art. 42.4 elige a los fiscales adjuntos «en la misma forma» que al fiscal: en votación secreta y por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea de los Estados Partes. La lista la presenta el fiscal, con tres candidatos por cada puesto que haya que cubrir. Los magistrados eligen a otro cargo, el secretario (art. 43.4), y la Presidencia no presenta candidatos a la Fiscalía.

El art. 42.8 lleva la recusación del fiscal o de un fiscal adjunto a la Sala de Apelaciones, y el recusado puede hacer observaciones. El distractor tentador es la mayoría absoluta de los magistrados: así se resuelve la recusación de un magistrado (art. 41.2.c), no la del fiscal. La Presidencia puede dispensar al fiscal de intervenir en una causa si él lo pide (art. 42.6), que es otra cosa, y la Asamblea de los Estados Partes no interviene en la recusación.

El art. 50 distingue dos cosas: seis idiomas oficiales —árabe, chino, español, francés, inglés y ruso—, en los que se publican las sentencias y las decisiones que resuelven cuestiones fundamentales (50.1), y dos de trabajo, el francés y el inglés (50.2). El español y el ruso son oficiales, no de trabajo: las Reglas de Procedimiento y Prueba dicen cuándo puede usarse otro idioma oficial como de trabajo, y la Corte puede autorizar a una parte a usar otro idioma si está justificado (50.3).

El art. 46.2.a pide dos tercios dos veces: los de los Estados Partes en la Asamblea, en votación secreta, y antes los de los demás magistrados, que aprueban la recomendación. La mayoría absoluta de los Estados Partes es la que separa al fiscal (46.2.b), y la mayoría absoluta de los magistrados, la que separa al secretario (46.3). La Presidencia no recomienda nada en este procedimiento.

El art. 36.10 hace una excepción a la duración del mandato del párrafo 9: el magistrado de una Sala de Primera Instancia o de una Sala de Apelaciones sigue en funciones para terminar el juicio o la apelación que ya había empezado a conocer. La prórroga vale para las dos Salas, no solo para la apelación, y la da el propio Estatuto: no hace falta que la autorice la Presidencia ni que la acuerden los demás magistrados de la Sala.

El art. 41.2 da las dos piezas: pueden pedir la recusación el fiscal o la persona objeto de investigación o enjuiciamiento (41.2.b), y la cuestión la dirime la mayoría absoluta de los magistrados; el recusado puede hacer observaciones, pero no toma parte en la decisión (41.2.c). La Presidencia no pide recusaciones: lo que hace, a petición del propio magistrado, es dispensarlo de alguna función (41.1). Y la Asamblea de los Estados Partes no interviene en la recusación; su papel llega con la separación del cargo (art. 46.2).