El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

El art. 50 extiende el Pacto a todas las partes componentes de los Estados federales «sin limitación ni excepción alguna». No deja que cada parte lo acepte por su cuenta, ni que el Estado elija a cuáles se aplica, ni excluye las materias que correspondan a esas partes.

El art. 14.6 manda indemnizar, conforme a la ley, a quien sufrió una pena por una sentencia condenatoria firme que luego se revoca, o cuyo condenado es indultado, por un hecho que prueba plenamente el error judicial. La única salvedad es que se demuestre que a él le es imputable, en todo o en parte, no haber revelado a tiempo ese hecho. Habla de quien haya sufrido «una pena», sin distinguir su clase; haberla cumplido es justo lo que se indemniza, y el apartado no mira la culpa del tribunal.

El art. 40.1 fija el primer informe en el plazo de un año desde la entrada en vigor del Pacto para cada Estado y, «en lo sucesivo, cada vez que el Comité lo pida». El Pacto no pone una periodicidad en años ni deja la petición al Consejo Económico y Social, al que el Comité puede, eso sí, transmitir sus comentarios (art. 40.4). Los dos años son el período por el que el Comité elige su Mesa (art. 39.1), que nada tiene que ver con los informes.

El art. 34.1 solo pone en marcha la sustitución si el mandato del miembro que se va «no expira dentro de los seis meses» siguientes a la declaración de la vacante; con tres meses por delante, no se cubre. Cuando sí se cubre, el elegido ocupa el cargo por el resto del mandato de quien dejó el puesto (art. 34.3), no uno completo. Y el procedimiento vale para cualquier vacante declarada conforme al art. 33, no solo para la muerte o la renuncia.

El art. 24.3 reconoce a todo niño el derecho «a adquirir una nacionalidad», sin decir cuál: no le atribuye la del Estado donde nace ni la de sus padres, ni habla de conservarla. En el mismo artículo, el 24.2 manda inscribirlo inmediatamente después de su nacimiento y que tenga un nombre.

El art. 41.1.b) da ese derecho a «cualquiera de ambos Estados Partes interesados»: no lo reserva al que envió la comunicación ni al que la recibió, y no exige que los dos se pongan de acuerdo. Lo someten mediante una notificación dirigida al Comité y al otro Estado. Todo este cauce solo funciona entre Estados que hayan declarado reconocer la competencia del Comité.

El art. 1.2 deja que los pueblos dispongan libremente de sus riquezas y recursos naturales «sin perjuicio» de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional, basada en el beneficio recíproco, y del derecho internacional. No lo subordina a la ley de un Estado ni a lo que decidan o acuerden la Asamblea General o el Consejo de Seguridad. Y cierra con un límite que nada levanta: en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.

Según el art. 51.2, la enmienda entra en vigor cuando la aprueba la Asamblea General de las Naciones Unidas y la acepta una mayoría de dos tercios de los Estados Partes; pero el 51.3 solo la hace obligatoria para quienes la aceptaron. Los demás siguen obligados por el Pacto y por las enmiendas anteriores que aceptaran: ni quedan vinculados por la nueva ni se desligan del Pacto.

El art. 29.2 deja a cada Estado Parte proponer hasta dos personas y exige que sean nacionales del Estado que las propone. La misma persona puede ser propuesta más de una vez (art. 29.3), y el Comité no puede comprender más de un nacional de un mismo Estado (art. 31.1).

El art. 14.4 pide que el procedimiento penal de los menores tenga en cuenta esa circunstancia, su minoría de edad, y «la importancia de estimular su readaptación social». No fija una rebaja de la pena, no manda atender a la gravedad del delito ni a la alarma social, y no exige la presencia de los padres o tutores: el apartado se queda en ese criterio.

El art. 4.2 cierra la lista de lo que ni en una situación excepcional se suspende: los arts. 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18. Ahí está el 18, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. La expresión (art. 19), la asociación (art. 22) y la circulación (art. 12) quedan fuera de esa lista, así que admiten suspensión en la medida estrictamente limitada que permite el 4.1.

El art. 7 añade a la prohibición de la tortura un supuesto que nombra expresamente: nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. Lo que decide es el consentimiento libre de la persona, no la autorización de un juez; y ni la incomunicación, ni el aislamiento, ni la toma de muestras biológicas aparecen en el artículo.

El art. 27 reconoce ese derecho «a las personas que pertenezcan a dichas minorías», que lo ejercen «en común con los demás miembros de su grupo». No lo atribuye a la minoría como colectivo ni a sus representantes, no lo reserva a quienes tengan la nacionalidad del Estado y no lo condiciona a que el Estado reconozca oficialmente la minoría: basta con que exista.

El art. 20.2 no manda prohibir cualquier apología del odio nacional, racial o religioso, sino la que «constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia». No exige un medio de difusión concreto, que quien la haga sea autoridad ni que se haya producido ya un daño. En el mismo artículo, el 20.1 manda prohibir por ley toda propaganda en favor de la guerra.

El art. 6.5 protege a dos grupos: no se impone la pena de muerte por delitos cometidos por menores de dieciocho años, y no se aplica a las mujeres en estado de gravidez. La edad avanzada, la enfermedad mental o el carácter político del delito no figuran en ese apartado.

El art. 4.3 manda informar «inmediatamente» a los demás Estados Partes en el Pacto; el Secretario General de las Naciones Unidas es solo el conducto. El aviso dice qué disposiciones se suspenden y por qué motivos, y sus destinatarios no son el Comité de Derechos Humanos, el Consejo de Seguridad ni la Asamblea General. Cuando la suspensión termina, se hace una nueva comunicación por el mismo cauce.

El art. 12.1 da el derecho a «toda persona que se halle legalmente en el territorio»: no lo reserva a los nacionales ni a los residentes permanentes, pero tampoco lo extiende a quien está en el país sin estar en él legalmente. Además, el 12.3 permite restringirlo cuando lo prevea la ley y sea necesario para fines como la seguridad nacional o el orden público.