El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura: el Subcomité y los mecanismos nacionales de prevención

El art. 17 da a cada Estado Parte, a más tardar, un año desde la entrada en vigor del Protocolo o desde su ratificación o adhesión para tener en marcha uno o varios mecanismos nacionales independientes de prevención. Puede mantener uno que ya exista, designar uno o crearlo. Seis meses es el plazo de la primera elección del Subcomité tras la entrada en vigor (art. 7.1.b), y cuatro años, el mandato de sus miembros (art. 9).

El art. 26.1 crea el Fondo Especial para contribuir a financiar la aplicación de las recomendaciones del Subcomité a un Estado Parte después de una visita, y los programas de educación de los mecanismos nacionales de prevención. No paga al Subcomité: sus gastos los sufragan las Naciones Unidas (art. 25.1). Ni las indemnizaciones a las víctimas ni las reuniones de los Estados Partes figuran entre sus fines.

El aumento es automático: el art. 5.1 lo ata a que se registre la quincuagésima ratificación o adhesión, y entonces el Subcomité pasa a tener veinticinco miembros sin que tenga que decidirlo ningún órgano: ni la Asamblea General ni la reunión de los Estados Partes acuerdan el cambio. El vigésimo instrumento es otra cosa: el que hacía entrar en vigor el Protocolo, al trigésimo día de su depósito (art. 28.1).

La denuncia no suspende el examen de los asuntos que el Subcomité hubiera empezado antes de que surta efecto (art. 33.2), y eso no depende de que el Estado lo consienta. Lo que corta es lo nuevo: desde esa fecha el Subcomité no empieza a examinar ninguna cuestión nueva relativa a ese Estado (33.3), aunque se refiera a hechos anteriores.

El art. 22 obliga a las autoridades a examinar las recomendaciones del mecanismo nacional y a entablar un diálogo con él sobre las posibles medidas de aplicación. No las convierte en órdenes: no hay plazo de cumplimiento ni deber de acatarlas, y el Protocolo no hace del Subcomité una instancia que decida si se aplican.

El art. 17 admite que cada Estado tenga uno o varios mecanismos nacionales y que los establecidos por entidades descentralizadas se designen como tales si se ajustan a las disposiciones del Protocolo. No hace falta que el órgano tenga ámbito estatal ni que sea el único del Estado, y el Protocolo no pide autorización previa del Subcomité, que en esto asesora y ayuda a los Estados (art. 11.b).

El art. 14.2 solo admite objetar a la visita de un lugar concreto por razones urgentes y apremiantes de defensa nacional, seguridad pública, catástrofes naturales o disturbios graves en ese lugar, y solo mientras impidan temporalmente la visita. Fuera de esa lista no hay objeción: el mismo apartado prohíbe invocar un estado de excepción como tal, y ni la titularidad del lugar ni una causa judicial abierta figuran entre las razones.

El art. 24.1 permite, una vez ratificado el Protocolo, hacer una declaración que aplace el cumplimiento de las obligaciones de la parte III o de la parte IV; el aplazamiento dura como máximo tres años, prorrogables otros dos por el Comité contra la Tortura (24.2). Una reserva no cabe, porque el art. 30 no las admite; la denuncia del art. 33 es la del Protocolo, no la de una parte suya, y sin declaración rige el plazo del art. 17.

El art. 20.d) compromete a los Estados a dar al mecanismo nacional la posibilidad de entrevistarse con las personas privadas de libertad sin testigos, personalmente o con un intérprete si hace falta. Es una posibilidad que decide el mecanismo, no el responsable del centro, y no depende de una autorización judicial. Tampoco es exclusiva del Subcomité: el art. 20 se la reconoce expresamente al mecanismo nacional.

El art. 16.4 da esa decisión al Comité contra la Tortura, por mayoría de sus miembros, a instancias del Subcomité y después de oír al Estado. El Subcomité no la toma por sí mismo: la pide. Vale cuando el Estado no coopera conforme a los arts. 12 y 14 o no toma medidas para mejorar la situación según sus recomendaciones, y el Comité puede elegir entre hacer una declaración pública o publicar el informe del Subcomité.

El art. 6.2.d) obliga al Estado que quiere proponer a un nacional de otro Estado Parte a solicitar y obtener antes el consentimiento de ese Estado. Nadie más tiene que aprobar la candidatura: ni el Comité contra la Tortura ni el propio Subcomité intervienen, y el Secretario General solo reúne las candidaturas en una lista por orden alfabético (art. 6.3).