Las competencias de la Comunidad de Madrid

Sanidad e higiene es la materia 4 del art. 27: desarrollo legislativo y ejecución dentro de las bases del Estado. La Constitución reserva al Estado las bases y la coordinación general de la sanidad (art. 149.1.16.ª), no la materia entera. Lo que es de mera ejecución es la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social (art. 28.1.1).

El art. 29.1 le atribuye el desarrollo legislativo y la ejecución de la enseñanza, de acuerdo con el art. 27 de la Constitución y sus leyes orgánicas, y sin perjuicio de las facultades del Estado (art. 149.1.30.ª) y de la Alta Inspección. Por eso no es exclusiva, pero tampoco del Estado.

Treinta días a partir de la recepción de la comunicación (art. 31.1). Los quince días son los que tiene el Presidente de la Asamblea para convocar la elección de nuevo Presidente tras perder la confianza (art. 19.2), y los veinticinco, los de la sesión constitutiva de la Asamblea (art. 10.7).

La propiedad intelectual e industrial está en el art. 28.1.11: la legislación es del Estado y la Comunidad la ejecuta. El ejercicio de las profesiones tituladas y los montes son de desarrollo legislativo (art. 27.6 y 27.3), y el patrimonio histórico de interés para la Comunidad, exclusivo (art. 26.1.19).

El art. 33 da preferencia al Derecho propio de la Comunidad, el formado por las leyes y normas de las materias de competencia plena. Las bases estatales encuadran el desarrollo legislativo del art. 27, y las normas reglamentarias generales del Estado, la mera ejecución del art. 28.2.

El art. 26.1.7 le da en exclusiva los aeropuertos y helipuertos deportivos y los que no desarrollen actividades comerciales. Sobre los de interés general cuya gestión directa no se reserve el Estado solo tiene la ejecución de la legislación estatal (art. 28.1.7). Estar dentro del territorio no basta: ese es el criterio de los ferrocarriles y las carreteras (art. 26.1.6).

El art. 27.7 le da el desarrollo legislativo y la ejecución de la protección del medio ambiente «sin perjuicio» de su facultad de establecer normas adicionales de protección. La Constitución reserva al Estado la legislación básica, no toda la materia (art. 149.1.23.ª); la autorización de las Cortes es la de los acuerdos de cooperación con otras Comunidades (art. 31.2).

La ordenación farmacéutica es de desarrollo legislativo y ejecución (art. 27.12), dentro de las bases del Estado y sin perjuicio de la materia 16.ª del art. 149.1 de la Constitución. La pesca fluvial y lacustre, el turismo y las fundaciones que desarrollan principalmente sus funciones en Madrid están en la lista de exclusivas (art. 26.1.9, 1.21 y 1.26).

El art. 28.1.12 remite a la materia 7.ª del art. 149.1 de la Constitución y deja al Estado la legislación laboral y la alta inspección; a la Comunidad le queda ejecutarla, así que la ejecución no es del Estado. Tampoco se parte en bases y desarrollo: la legislación laboral es entera del Estado.

Es la materia 1.4 del art. 26.1, la lista de las competencias exclusivas: la Comunidad la legisla, la reglamenta y la ejecuta (art. 26.2). No es del Estado, y la Constitución la deja asumir a las Comunidades (art. 148.1.3.ª). El desarrollo legislativo del art. 27 es para materias con bases estatales, como el régimen local.

El art. 28.2 le da la administración, la ejecución y, en su caso, la inspección, y la facultad de dictar reglamentos internos de organización de los servicios, conforme a los reglamentos generales que dicte el Estado. Desarrollar las bases estatales es lo del art. 27, no lo del 28.

Lo dice el art. 26.2: en las exclusivas, la Comunidad legisla, reglamenta y ejecuta, respetando la Constitución. El desarrollo legislativo dentro de las bases estatales es lo propio del art. 27, y la administración, la ejecución y la inspección, de la mera ejecución del art. 28.2.

La defensa del consumidor y del usuario es la materia 10 del art. 27, sujeta a las bases y la ordenación de la actividad económica general del Estado. La agricultura y la ganadería y la ayuda a la tercera edad son exclusivas (art. 26.3.1.4 y 26.1.23), y la reestructuración de sectores industriales conforme a los planes del Estado, de mera ejecución (art. 28.1.9).

El art. 33 termina así: «En todo caso, el Derecho estatal tiene carácter supletorio del Derecho propio de Madrid». No es inaplicable: rige donde el Derecho propio no llega. Es la misma regla de supletoriedad del art. 149.3 de la Constitución.

El art. 28.1.5 pone entre las materias de mera ejecución las «Ferias internacionales que se celebren en la Comunidad de Madrid». Las ferias y mercados interiores, incluidas las exposiciones, son competencia exclusiva de la Comunidad (art. 26.1.13): decide que la feria sea internacional, así que no son todas.

El art. 32.2 dice que, recibida la información, «el Gobierno de la Comunidad emitirá, en su caso, su parecer». No lo emite la Asamblea ni el Presidente solo, y la Delegación del Gobierno no es un órgano de la Comunidad, sino del Estado en ella.

Los espectáculos públicos son la materia 1.30 del art. 26.1. Las otras tres también están en el Estatuto, pero en otro nivel: el régimen minero y energético es de desarrollo legislativo (art. 27.8), y las asociaciones y las pesas y medidas son de mera ejecución de la legislación del Estado (art. 28.1.4 y 28.1.8).

El art. 27 empieza así: «En el marco de la legislación básica del Estado». Las leyes marco son el cauce del art. 30.2 para recibir facultades nuevas, y las normas reglamentarias generales del Estado encuadran la mera ejecución del art. 28.2.

El art. 28.1.6 los delimita por la titularidad y la gestión: los de titularidad estatal cuya gestión directa no se reserve el Estado, con los términos de la gestión fijados por convenio. No son todos los estatales, porque el Estado puede reservarse su gestión directa, y los de interés para la Comunidad que no son de titularidad estatal son competencia exclusiva (art. 26.1.18).

El art. 31.3 nombra a las Comunidades castellanas y le permite promover acuerdos y convenios con ellas. El Estatuto no habla de cuencas, de Comunidades insulares ni del Mediterráneo; las limítrofes salen en el art. 31.1, a propósito de los convenios para prestar servicios.