La economía, la hacienda y la reforma del Estatuto

El art. 52.1 lo define por la titularidad y nada más: todos los bienes, derechos y acciones de los que la Comunidad sea titular, «estén o no adscritos a algún uso o servicio público», cualquiera que sea su naturaleza y el título de adquisición. Por eso caen las restricciones: ni la adscripción, ni el dominio público, ni la forma de adquirirlos deciden si algo es de su patrimonio, y tampoco lo define un inventario ni una declaración por ley.

El art. 55.4 le permite al Gobierno operaciones de crédito «por plazo inferior a un año» para atender la tesorería, y deja a la Ley de Presupuestos de cada año sus condiciones básicas. Lo que pasa del año ya no es tesorería: entra en las operaciones de crédito y deuda que requieren acuerdo de la Asamblea (art. 55.1).

El art. 63.1 lo permite: la Comunidad puede ser titular de empresas públicas «y entidades de crédito y ahorro como medio de ejecución de las funciones que sean de su competencia». No exige autorización de las Cortes ni se limita a empresas no financieras, y el Estatuto no trata el crédito como un terreno vedado a la Comunidad. El «artículo 27» al que remite el precepto es el de la numeración de 1983: hoy las cajas de ahorro y el crédito corporativo público y territorial están entre las competencias del art. 26.

El art. 61.1 fija una antelación mínima de dos meses. Los tres meses son los de la Constitución para los Presupuestos Generales del Estado (art. 134.3), y es el error más común al pasar de una norma a otra. La Ley 5/2025, de Hacienda de la Comunidad, concreta la remisión en una fecha que respeta ese mínimo.

El art. 55.1 ata el endeudamiento a un fin: «para financiar operaciones de inversión», en los ámbitos nacional y extranjero y con acuerdo de la Asamblea. No sirve para el gasto corriente, como el de personal, ni para financiar a otras Administraciones. El volumen y las características de esas operaciones siguen, además, la ordenación de la política crediticia del Estado (art. 55.2).

El art. 54.1 cierra cuatro supuestos de revisión: que se amplíen o reduzcan las competencias asumidas, que se cedan nuevos tributos, que haya reformas sustanciales en el sistema tributario del Estado o que, pasado el plazo que fija, lo pida el Estado o la Comunidad. Ni la población, ni la mayoría de la Asamblea, ni el presupuesto de cada año están entre ellos: el porcentaje no se rehace con cada ejercicio.

El art. 56.3 deja «los demás impuestos del Estado recaudados en el ámbito de la Comunidad Autónoma» a la Administración tributaria del Estado, sin perjuicio de la delegación que la Comunidad pueda recibir de él y de la colaboración entre ambas. Los tributos propios sí los gestiona la Comunidad (art. 56.1), pero estos no lo son, y el Estatuto no reparte la gestión a medias ni la da a los Ayuntamientos.

El art. 52.2 lo reserva a «una ley de la Asamblea»: el patrimonio es de la Comunidad y el Estatuto lo remite a su propio Parlamento, no a una ley de las Cortes. Un decreto del Gobierno no basta, porque el Estatuto pide ley, y el Reglamento de la Asamblea ordena el funcionamiento de la Cámara, no los bienes de la Comunidad.

El art. 53.8 incluye «los ingresos derivados de la imposición de multas y sanciones en el ámbito de sus competencias». El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo municipal, de la Hacienda de cada Ayuntamiento; las cotizaciones sociales son de la Seguridad Social; y el Estatuto no obliga a los Ayuntamientos a aportar nada a la Comunidad. La lista acaba con «cuantos otros recursos se le atribuyan de acuerdo con las Leyes del Estado», pero no nombra ninguno de esos tres.

El art. 53 separa dos fuentes: su apartado 5, los rendimientos de los impuestos cedidos, y su apartado 4, las participaciones «en los impuestos estatales no cedidos». Lo cedido ya le da su rendimiento a la Comunidad, y la participación es en lo demás; por eso no es en todos los impuestos estatales. Los tributos locales son de los municipios, y en los propios la Comunidad no participa: son suyos enteros (art. 53.1).

La letra a) de la disposición adicional primera cede el IRPF «con carácter parcial, en el porcentaje del 50 por ciento», el mismo que el IVA. El 58 % es el de los impuestos especiales sobre el alcohol, la cerveza, los hidrocarburos o el tabaco, y el 33 % era el del IRPF en la redacción anterior a la de 2010.

El art. 58 le da a la Comunidad «el mismo tratamiento fiscal que la Ley establezca para el Estado»: se equipara al Estado, no a los municipios ni a las entidades sin fines lucrativos. Y no lo decide la Comunidad en su presupuesto: es la ley la que fija el del Estado, y el de la Comunidad lo sigue.

El art. 61.2, tras declarar el presupuesto único, anual y con todos los ingresos y gastos de la Comunidad y de sus organismos, instituciones y empresas, añade que «se consignará en el Presupuesto el importe de los beneficios fiscales que afecten a los Tributos de la Comunidad». Es la regla que la Constitución aplica a los tributos del Estado (art. 134.2). Las cuentas del Estado y de los Ayuntamientos no van en el presupuesto de la Comunidad.

El art. 59.a) reserva a ley de la Asamblea crear, modificar y suprimir los impuestos, tasas y contribuciones especiales propios, «y de las exenciones y bonificaciones que les afecten». Lo que confunde es que los reglamentos de esos mismos tributos y las normas para gestionar los cedidos no piden ley: son potestad reglamentaria (art. 60). Designar representantes en las entidades financieras públicas tampoco es materia de ley (art. 62).

El art. 60.a) se lo atribuye al Gobierno de la Comunidad: el tributo se crea por ley de la Asamblea (art. 59.a), pero su reglamento general lo aprueba el Gobierno. El mismo art. 60 le da las normas reglamentarias para gestionar los impuestos estatales cedidos. El Estado no reglamenta los tributos propios de la Comunidad, y la Cámara de Cuentas fiscaliza, no dicta normas.

El art. 64.1 pide «la aprobación de la Asamblea por mayoría de dos tercios». Los tres quintos son la mayoría que exige la Constitución para reformarse a sí misma por el procedimiento ordinario (art. 167.1), y la mayoría absoluta, la del Reglamento de la Asamblea (art. 12.1 del Estatuto): ninguna de las dos basta para reformar el Estatuto.

El art. 64.1 pide los dos requisitos a la vez: dos tercios de los municipios «cuya población represente la mayoría absoluta de la Comunidad de Madrid». No basta el número de municipios sin la población, ni la mitad de ellos aunque sumen la mayoría de los habitantes.

El art. 51 sitúa la autonomía financiera de la Comunidad «dentro de los principios de coordinación con las Haciendas estatal y local». La tentación es quedarse en la estatal, que es lo que dice para todas las Comunidades el art. 156.1 de la Constitución (coordinación con la Hacienda estatal y solidaridad entre todos los españoles): el Estatuto madrileño nombra además la local. Ni las demás Comunidades ni la Unión Europea aparecen en el artículo.

El art. 64.2 impone la espera de un año, tanto si la propuesta cae en la Asamblea como si cae en las Cortes. Un año es también el plazo mínimo entre dos disoluciones anticipadas de la Asamblea (art. 21.2), y cuatro años, la legislatura: cifras vecinas del mismo Estatuto.

El art. 64.1 reserva la iniciativa a tres sujetos madrileños: el Gobierno de la Comunidad, la Asamblea y los municipios, estos dos con los requisitos que fija el propio artículo. El Gobierno de la Nación y las Cortes Generales no la tienen —las Cortes intervienen después, para aprobar la reforma—, y el Estatuto no prevé la iniciativa popular para reformarse.