La organización judicial en la Comunidad de Madrid

El art. 45 hace del Tribunal Superior de Justicia el órgano en el que se agotan las instancias procesales en Madrid, como pide el art. 152 de la Constitución, aunque sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo. Por eso la casación, la revisión y los conflictos con tribunales de fuera de Madrid son del Supremo (art. 46), y los nombramientos siguen la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 47.2).

El art. 49.2 lo atribuye a la Asamblea, junto con la capitalidad de esas demarcaciones, siempre de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial. Las Cortes Generales tientan porque la planta y la demarcación judicial de toda España las establece una ley del Estado, pero fijar los límites de las de Madrid el Estatuto se lo da a su parlamento.

El art. 50.1 reduce la intervención a participar en la fijación de las demarcaciones de las Notarías y los Registros radicados en Madrid. No hay que confundirlo con el art. 49.2, donde la Asamblea no participa, sino que fija los límites de las demarcaciones judiciales; y la convocatoria a instancia de la Comunidad del art. 48 es la de jueces y personal de Justicia, no la de notarios.

El art. 47.1 dice que lo nombra el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ni el Consejo de Gobierno ni la Asamblea de Madrid intervienen en la propuesta, y tampoco el Ministro de Justicia.

Es la llamada cláusula subrogatoria: el art. 49.1 pone al Gobierno de la Comunidad en el lugar del Gobierno de la Nación para todas las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial reconozca o atribuya a este. Pensar que el Estado las conserva todas es la intuición estatal, y el Estatuto la descarta.

El art. 49 empieza «exceptuando la militar»: la jurisdicción militar queda fuera de lo que el Estatuto atribuye al Gobierno y a la Asamblea de la Comunidad. Los juzgados de menores, de paz y de vigilancia penitenciaria son Administración de Justicia ordinaria, y el Estatuto no los exceptúa.

El art. 47.1 encarga al Presidente de la Comunidad ordenar que el nombramiento se publique en el boletín autonómico. El Presidente de la Asamblea es el gemelo madrileño que tienta, y el Ministro de Justicia, la intuición de quien piensa en el Estado; el Estatuto no da esta función a ninguno de los dos.

El art. 50.2 manda nombrar «en igualdad de derechos, tanto si los aspirantes ejercen dentro como fuera de Madrid»: no hay preferencia territorial ni reserva de plazas. La condición política de madrileño (art. 7) tampoco se exige para estas plazas en el Estatuto.