Los capítulos II y III del título I del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid: las funciones del Presidente, su elección por la Asamblea, la cuestión de confianza, la moción de censura y la disolución anticipada, el Gobierno y su composición, las incompatibilidades de sus miembros, el cese del Gobierno y la responsabilidad penal del Presidente, los Vicepresidentes y los Consejeros.
Resueltas, y cada una con la cita literal que la justifica, para que compruebes la respuesta por tu cuenta. Ésta es una pequeña muestra de las 34 preguntas que contiene en total.
No puede votarse hasta que pasen cinco días desde su presentación. Los quince días son los del plazo máximo para convocar el pleno que elige nuevo Presidente cuando se pierde la cuestión de confianza (art. 19.2).
La moción de censura no podrá ser votada hasta que concurran cinco días desde su presentación.
El Presidente de la Asamblea propone «uno de sus miembros», tanto tras cada renovación como en cualquier otra vacante. La Constitución no exige al candidato a Presidente del Gobierno ser diputado, y esa es la intuición que lleva al error: el Estatuto de Madrid sí lo exige.
en los demás supuestos en que se produzca vacante en la Presidencia de la Comunidad el Presidente de la Asamblea, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación en la Asamblea, propondrá a ésta uno de sus miembros como candidato a la Presidencia de la Comunidad
La acuerda el Presidente de la Comunidad, previa deliberación del Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad. La intuición estatal lleva al Rey: las Cortes las disuelve el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno (art. 115.1 de la Constitución).
El Presidente de la Comunidad de Madrid, previa deliberación del Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá acordar la disolución de la Asamblea con anticipación al término natural de la legislatura.
Al Gobierno le corresponden las funciones ejecutivas y administrativas y la potestad reglamentaria fuera de lo que el Estatuto reserva a la Asamblea. No depende de una delegación anual: la delegación es de la potestad legislativa, que es otra cosa. Y lo que la Constitución reserva al Estado queda fuera de la Comunidad.
correspondiéndole las funciones ejecutivas y administrativas, así como el ejercicio de la potestad reglamentaria en materias no reservadas en este Estatuto a la Asamblea
Basta un Decreto, y ese mismo Decreto convoca las elecciones con los requisitos de la legislación electoral. El Real Decreto es la forma en que el Rey disuelve las Cortes; en Madrid la disolución la acuerda el Presidente de la Comunidad.
La disolución se formalizará por Decreto, en el que se convocarán a su vez elecciones
Con menos de un año por delante ya no cabe disolver (art. 21.2). La Constitución no pone ese límite temporal al Presidente del Gobierno de la Nación (art. 115): de ahí la tentación del «nunca».
cuando reste menos de un año para la terminación de la legislatura
Basta la mayoría simple. La absoluta es la que exige la moción de censura (art. 20.1) y la primera votación de investidura (art. 18.3): de ahí viene la confusión.
La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.
Presidente, Vicepresidentes si los hay y Consejeros, sin nadie más. «Los demás miembros que establezca la ley» es la fórmula de la Constitución para el Gobierno de la Nación (art. 98.1), y el tope de diez Consejeros estaba en la redacción de 1983, que la reforma de 1998 suprimió.
El Gobierno estará compuesto por el Presidente, el o los Vicepresidentes, en su caso, y los Consejeros.
La delegación del art. 17.2 no sale del Gobierno: va a los Vicepresidentes y a los demás miembros, es decir, a los Consejeros (art. 22.2). Los Viceconsejeros y los Directores generales no forman parte del Gobierno, así que el Estatuto no los nombra como destinatarios.
El Presidente podrá delegar funciones ejecutivas y de representación propias en los Vicepresidentes y demás miembros del Gobierno.
El Estatuto da la disolución por producida («quedará disuelta») y manda convocar elecciones de inmediato. Que el Rey disuelva con el refrendo del Presidente de la Cámara es la fórmula de la Constitución para las Cortes (art. 99.5); y ninguna regla del Estatuto inviste al candidato de la lista más votada.
Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza de la Asamblea ésta quedará disuelta, convocándose de inmediato nuevas elecciones
La responsabilidad civil sigue el mismo reparto que la penal: el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según el cargo y el lugar, en su Sala correspondiente (art. 25.2). No va a los Juzgados de Primera Instancia, y lo contencioso-administrativo juzga a la Administración, no la responsabilidad civil de quienes ocupan los cargos.
Ante las Salas correspondientes de los mismos Tribunales, respectivamente, será exigible la responsabilidad civil en que dichas personas hubieran incurrido con ocasión del ejercicio de sus cargos.
Por los delitos cometidos en el territorio, Vicepresidentes y Consejeros responden ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La Sala de lo Penal del Supremo es la intuición estatal, porque ante ella responden siempre los Ministros (art. 102.1 de la Constitución); en Madrid, el Consejero solo va al Supremo por lo cometido fuera.
la de los Vicepresidentes y Consejeros para los delitos cometidos en el ámbito territorial de su jurisdicción será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
La moción es constructiva: el Presidente cesa con su Gobierno y el candidato incluido en ella se entiende investido, sin otra votación; luego lo nombra el Rey. Presentar la dimisión al Rey es lo que la Constitución prevé para el Gobierno de la Nación (art. 114.2).
Si la Asamblea adoptara una moción de censura, el Presidente junto con su Gobierno cesará, y el candidato incluido en aquella se entenderá investido de la confianza de la Cámara.
Ninguna disolución anticipada puede acordarse en el primer período de sesiones de la legislatura. Los seis meses tras la investidura no figuran en el Estatuto, que cuenta por períodos de sesiones y no por meses.
El Presidente no podrá acordar la disolución de la Asamblea durante el primer período de sesiones de la legislatura
El Estatuto añade la incapacidad del Presidente, que la Constitución no menciona entre las causas de cese del Gobierno de la Nación (art. 101.1). Lo que le pase a un Vicepresidente o a un Consejero no hace cesar al Gobierno entero: todas las causas se refieren al Presidente o a la Asamblea.
El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones a la Asamblea, en los casos de pérdida de confianza parlamentaria previstos en este Estatuto y en caso de dimisión, incapacidad o fallecimiento del Presidente.
El art. 17.1 da al Presidente de la Comunidad dos representaciones: la suprema de la Comunidad y la ordinaria del Estado en ella. El Delegado del Gobierno es el distractor tentador: dirige la Administración del Estado en el territorio (art. 154 de la Constitución), pero la representación ordinaria del Estado el Estatuto se la atribuye al Presidente.
El Presidente de la Comunidad de Madrid ostenta la suprema representación de la Comunidad Autónoma y la ordinaria del Estado en la misma
El Presidente dimite ante la Asamblea, cuyo Presidente convoca después el pleno para elegir a otro. Dimitir ante el Rey es lo que hace el Gobierno de la Nación cuando el Congreso le niega la confianza (art. 114.1 de la Constitución).
Si la Asamblea negara su confianza el Presidente de la Comunidad de Madrid presentará su dimisión ante la Asamblea
Sigue en funciones hasta que toma posesión el Gobierno nuevo. La investidura del Presidente tienta, pero es un paso anterior: después vienen su nombramiento y el de los Consejeros.
El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.
El art. 21.2 enumera cuatro impedimentos: el primer período de sesiones, que quede menos de un año de legislatura, una moción de censura en tramitación y un proceso electoral estatal convocado; además, no cabe otra disolución antes de un año desde la anterior. La tramitación de los Presupuestos no está en la lista.
El Presidente no podrá acordar la disolución de la Asamblea durante el primer período de sesiones de la legislatura, cuando reste menos de un año para la terminación de la legislatura, cuando se encuentre en tramitación una moción de censura o cuando esté convocado un proceso electoral estatal.
Las dos responsabilidades conviven: la solidaria del Gobierno y la directa de cada Consejero por su gestión. El último distractor acierta en la primera mitad y falla en el inciso, que es lo que se pregunta.
El Gobierno responde políticamente ante la Asamblea de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada Consejero por su gestión.
El Estatuto pide al menos un 15 por 100 de los Diputados. El 10 por 100 es la décima parte que la Constitución exige en el Congreso (art. 113.2), y el 5 por 100 es la barrera electoral de la Asamblea (art. 10.6).
Ésta habrá de ser propuesta, al menos, por un 15 por 100 de los Diputados
El Estatuto vigente no exige la condición de Diputado ni al Vicepresidente ni al Consejero; solo el candidato a Presidente tiene que ser miembro de la Asamblea (art. 18.1). «Solo para Vicepresidente» era la regla de la redacción de 1983, que la Ley 1/1983 de Gobierno y Administración conserva en su letra; la pregunta es por el Estatuto.
Para ser Vicepresidente o Consejero no será necesaria la condición de Diputado.
La limitación dura lo que el período de sesiones en curso. El año es otro plazo del mismo capítulo: el que debe pasar entre dos disoluciones anticipadas de la Asamblea (art. 21.2).
Si la moción de censura no fuese aprobada por la Asamblea, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.
La moción exige mayoría absoluta. La simple basta para ganar una cuestión de confianza (art. 19.1) y para la segunda votación de investidura (art. 18.3), y por eso tienta.
La Asamblea puede exigir la responsabilidad política del Presidente o del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.
Lo nombra el Rey, también cuando el Presidente llega por una moción de censura (art. 20.3). El Presidente de la Asamblea interviene antes, al proponer el candidato, pero no nombra.
Si la Asamblea otorgase por mayoría absoluta su confianza a dicho candidato, el Rey procederá a nombrarle Presidente de la Comunidad de Madrid.