El régimen jurídico, la Administración y el control de la Comunidad

El art. 36.1.e) le reconoce los privilegios de prelación y preferencia de la Hacienda pública, pero «sin perjuicio» de los que correspondan a la Hacienda del Estado y «en igualdad de derechos con las demás Comunidades Autónomas»: no se antepone ni al Estado ni a las otras Comunidades.

El art. 43 los somete «en todo caso» a la jurisdicción contencioso-administrativa, también en la legalidad de la actuación administrativa y su sujeción a los fines que la justifican. El control del Gobierno de la Nación con dictamen del Consejo de Estado es el que la Constitución prevé solo para las funciones que el Estado delega en las Comunidades (art. 153.b).

El art. 34.1 lo dice sin más: las competencias «se entienden referidas a su territorio». La condición política de madrileño (art. 7) decide quién participa en la vida política de la Comunidad, pero no lleva sus competencias fuera de ella; y las materias las enumeran los arts. 26 a 29, no un traspaso anual.

El art. 35 remite la responsabilidad a «los mismos términos y casos que establezca la legislación del Estado en la materia», sin ley madrileña de por medio. La ley de la Asamblea dentro de las bases estatales tienta porque es la fórmula del art. 37.2 para el régimen jurídico de la Administración y de sus funcionarios, que es otra cosa.

El art. 37.2 lo remite a una ley de la Asamblea «de conformidad con la legislación básica del Estado»: Madrid legisla, pero dentro de las bases estatales, que la Constitución reserva al Estado en el régimen jurídico de las Administraciones y en el estatuto de sus funcionarios (art. 149.1.18.ª). No basta un decreto, y la ley estatal no lo agota.

El art. 44 lo remite a una ley de la Asamblea; el Estatuto solo prevé la Cámara y le atribuye el control económico y presupuestario. La Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas regula el órgano del Estado, cuyo control sobre la Comunidad sigue en pie a su lado.

El art. 41 le permite interponer recursos de inconstitucionalidad, suscitar conflictos de competencia y personarse ante el Tribunal, en los términos de la Constitución y de su Ley Orgánica. Los reglamentos de la Comunidad los controla la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 43), y la cuestión de inconstitucionalidad la plantean los jueces y tribunales (art. 163 de la Constitución), no un Gobierno.

El art. 40.2 los publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y, «en su caso», también en el BOE: a diferencia de las leyes de la Asamblea, que van siempre a los dos (art. 40.1), al BOE solo cuando procede. El Boletín de la Asamblea es el de la Cámara, y el orden de los boletines no es indiferente: el principal es el de la Comunidad.

El art. 38 permite delegar en los municipios y demás entidades locales «si así lo autoriza una ley de la Asamblea», que fija el control y la coordinación. La ley orgánica de las Cortes es la vía del art. 150.2 de la Constitución para que el Estado delegue en las Comunidades, no para que la Comunidad delegue en sus municipios.

El art. 36.2 no los admite contra las actuaciones de la Comunidad en materia de su competencia y «de acuerdo con el Procedimiento legalmente establecido», sin distinguir órganos ni prever autorizaciones. Es la misma regla que protege a cualquier Administración frente a las acciones posesorias (Ley 39/2015, art. 105).

El art. 36.1.b) le da la potestad de expropiación, «incluida la declaración de urgente ocupación de los bienes afectados», cuando se trate de materias de su competencia. Lo que la Constitución reserva al Estado es la legislación sobre expropiación forzosa (art. 149.1.18.ª), no ejercerla.