La Carrera Fiscal: categorías y destinos

El art. 41.Uno nombra al Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, a los Fiscales de Sala de los arts. 20 y 35.Uno.k y a los demás Fiscales Jefes de primera categoría por cinco años, renovables por periodos iguales. Si al expirar no se le confirma ni se le nombra para otra jefatura, queda adscrito a la Fiscalía del Tribunal Supremo o a cualquiera cuyo Jefe sea de primera categoría, «conservando en todo caso su categoría»: no baja a la segunda. Volver a la Fiscalía de origen es lo que el art. 41.Cuatro prevé para los Fiscales Superiores y los Fiscales Jefes de segunda categoría.

Por real decreto (art. 38.1). Los demás nombramientos, los de la categoría tercera, van por orden ministerial: el texto dice «del Ministro de Justicia», y hoy la firma quien es titular del ministerio que tiene Justicia entre sus competencias. También es orden ministerial la declaración de las situaciones administrativas de los fiscales, sea cual sea su categoría. El Fiscal General propone y el Consejo Fiscal informa, pero ninguno de los dos nombra.

Por ascenso, entre fiscales con al menos veinte años de servicio en la carrera que pertenezcan a la categoría segunda (art. 37.1). El orden de antigüedad es la vía de la categoría segunda, que se cubre con los de la tercera (art. 37.2). Los quince y los diez años tientan porque son las antigüedades que el art. 36 pide, dentro de la categoría segunda, para cargos como Fiscal del Tribunal Supremo o Fiscal Superior (quince) y Fiscal de la Audiencia Nacional o Fiscal Jefe Provincial (diez), no para ascender.

Diez años como máximo (art. 36.Dos). Al cesar, se incorporan como adscritos, a su elección, a la Fiscalía en la que estaban antes de entrar en la Inspección o a la de la Comunidad Autónoma o Provincial de Madrid, hasta ocupar plaza en propiedad. Los cinco años son el periodo de los Fiscales Jefes y de los Fiscales de Sala (art. 41), y los cuatro, el mandato del Fiscal General y de los vocales electos del Consejo Fiscal. Los quince son antigüedad en la carrera que se pide para ser Inspector Fiscal, no la duración del cargo.

Es el único destino de la lista del art. 35.Uno con un requisito propio: tres años de antigüedad en la categoría primera. Los demás (Fiscal Jefe Inspector, de la Secretaría Técnica, de la Unidad de Apoyo, de la Audiencia Nacional, Fiscales de Sala…) solo piden pertenecer a ella. Los cinco años son la duración de su nombramiento (art. 41.Uno), no un requisito para acceder, y los diez, el plazo máximo de los inspectores fiscales (art. 36.Dos).

Son tres, y cada una equiparada a una de la Carrera Judicial: la 1.ª, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo (equiparados a Magistrados del Tribunal Supremo); la 2.ª, Fiscales (a Magistrados), y la 3.ª, Abogados-Fiscales (a Jueces). Fiscal Jefe y Fiscal Superior no son categorías sino cargos, que se sirven desde la primera o la segunda (arts. 35 y 36). Y el Fiscal General del Estado no es una categoría de la Carrera: se elige entre juristas españoles de reconocido prestigio (art. 29).

Por resolución del Fiscal General, a propuesta motivada del Fiscal Jefe respectivo, y del mismo modo se les releva (art. 36.Cuatro). Antes de proponer, hay que convocar el puesto entre los fiscales de la plantilla, y a la propuesta se acompaña la relación de los demás que lo pidieron, con sus méritos. No pasa por el Gobierno, que provee las jefaturas y los destinos del art. 36; y el Fiscal Jefe convoca el puesto y propone, pero no nombra.

La regla general del art. 36.Cinco es permanecer dos años en el destino anterior, cuando se llegó a él a petición propia; pero el primer destino tras el ingreso tiene un plazo más corto, de un año. Los dos años son la trampa: valen para los destinos posteriores obtenidos a petición propia, no para el primero.

Lo dispone el mismo órgano que acordó el nombramiento, en expediente contradictorio, y solo con informe favorable del Consejo Fiscal (art. 40): sin ese informe favorable no hay traslado, y por eso falla la opción que lo reduce a un parecer que no vincula. Las causas de este traslado son dos, y en las dos la causa ha de ser imputable al fiscal: las disidencias graves con el Fiscal Jefe y los enfrentamientos graves con el Tribunal.

El art. 36 fija dos escalones de antigüedad, los dos con la categoría segunda. Diez años para los Fiscales de la Audiencia Nacional y los Fiscales Jefes de Fiscalía Provincial, y también para los Fiscales de las Fiscalías Especiales y el Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica. Quince para los Fiscales del Tribunal Supremo, el Fiscal Superior de la comunidad autónoma, los Fiscales ante el Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas y los Inspectores Fiscales. Los tres distractores están en el escalón de quince.

La DA 4.ª manda desarrollar por reglamento el régimen de los Fiscales sustitutos «en términos análogos» a los Magistrados suplentes y Jueces sustitutos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que además se aplica supletoriamente. Las Instrucciones del Fiscal General son otra cosa: junto al Estatuto y sus reglamentos, ordenan la sustitución ordinaria de unos fiscales por otros (apartado 1). A los Fiscales sustitutos solo se acude con carácter excepcional, cuando no cabe esa sustitución ordinaria, en casos de vacantes, licencias, servicios especiales u otras causas que lo justifiquen.

Se le nombra por cinco años, «renovable por un nuevo periodo de idéntica duración» (art. 41.Cinco): un nuevo periodo, no sucesivos, y durante ese tiempo ejerce solo las funciones del cargo. Es la diferencia con los Fiscales Jefes y los Fiscales de Sala, cuyos cinco años pueden encadenarse «por sucesivos periodos» (art. 41.Uno y Tres). La renovación condicionada a haber ejercido menos de dos años es la del mandato del Fiscal General (art. 31).