Los Fiscales de Sala especialistas, las sedes y la Fiscalía Europea

Semestralmente: lo presenta al Fiscal General del Estado, que lo remite a la Junta de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal. Anual es el tentador, porque es la periodicidad del informe del Fiscal de medio ambiente (20.Dos.e) y del de derechos humanos y memoria democrática (20.Dos ter.g), que se incorporan a la memoria anual; el de delitos de odio, como el de violencia sobre la mujer, es semestral.

Es un Fiscal de Sala, la categoría primera de la carrera (art. 34), y lo son también los otros tres que el art. 20 crea con nombre propio: el de medio ambiente, el de delitos de odio y el de derechos humanos y memoria democrática. Fiscal y Abogado-Fiscal son la segunda y la tercera categoría, y la categoría no la elige el Fiscal General al designarlo: la fija el propio Estatuto. Ojo también con el lugar: existe dentro de la Fiscalía General del Estado, no como una Fiscalía aparte.

Las Secciones contra la Violencia sobre la Mujer forman parte de cada Fiscalía, y por eso el Fiscal de Sala, que las supervisa y coordina, da conocimiento al Fiscal Jefe de la Fiscalía en que se integra cada una: no las dirige saltándose a quien manda en ella. Al Fiscal General y al Consejo Fiscal les llega otra cosa, el informe semestral de la letra e); el Fiscal Superior de la comunidad no aparece en este apartado.

El Estatuto le manda actuar en coordinación con las entidades, asociaciones y organizaciones legalmente constituidas que tengan entre sus fines la defensa y promoción de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación. Relacionarse con el Defensor del Pueblo y con los Agentes del Reino de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es cosa de otro Fiscal de Sala, el de derechos humanos y memoria democrática (20.Dos ter, letras d y f).

Con sede en Madrid y funciones en todo el Estado están las Fiscalías del Tribunal Supremo, ante el Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, la de la Audiencia Nacional, las Especiales y la Fiscalía Togada, una de las que integran la Jurídico Militar (art. 18.Dos). La Provincial y la de la Comunidad de Madrid están en Madrid, pero su ámbito es la provincia y la comunidad; y las de los Tribunales Militares Territoriales tienen su sede donde reside cada tribunal y actúan en su ámbito.

Se le adscribe una Unidad del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y, en su caso, los efectivos necesarios de las demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con competencias medioambientales. Los agentes forestales o ambientales son el distractor fino: el mismo párrafo los nombra, pero no se adscriben, sino que la Fiscalía «podrá recabar» su auxilio dentro de las funciones que tienen encomendadas.

Dentro del territorio de su Fiscalía, cualquier fiscal puede actuar y constituirse donde haga falta sin autorización de nadie; para actuar en cualquier punto del Estado necesita la del Fiscal General. Su Fiscal Jefe y el Fiscal Superior no tienen esa llave, y el Consejo Fiscal no autoriza actuaciones: se le oye, por ejemplo, cuando el Fiscal General ordena destacar temporalmente a fiscales en otra Fiscalía, que es otra cosa.

El art. 20.Tres nombra expresamente los Fiscales de Sala Especialistas de protección y reforma de menores. Para cualquier otra materia hace falta que el Gobierno aprecie la necesidad de crear la plaza, con el procedimiento del mismo apartado. La seguridad vial y la siniestralidad laboral suenan porque el art. 18.Tres las nombra, pero como Secciones que «podrán constituirse» en las Fiscalías Provinciales, no como Fiscales de Sala que el Estatuto cree por sí mismo.

La Fiscalía de la comunidad sigue al Tribunal Superior de Justicia: tiene su sede donde resida y ejerce sus funciones en su ámbito competencial. «La capital» es el error tentador, porque a menudo coinciden, pero el Estatuto no mira la capital, sino al tribunal ante el que actúa la Fiscalía; del mismo modo, la Provincial se sitúa donde tenga su sede la Audiencia Provincial (21.Tres).

Decide definitivamente quien es titular de la Fiscalía General del Estado —el texto usa esa forma, que es el Fiscal General—, después de oír a la Junta de Fiscales de Sala, el órgano que le asiste en lo doctrinal y técnico (art. 15). El Consejo Fiscal es el distractor tentador, pero lo suyo son los criterios de estructuración y funcionamiento (art. 14); la discrepancia no la resuelve un tribunal ni la propia Fiscalía Europea.