La responsabilidad y el régimen disciplinario de los fiscales

El art. 66.1 permite remover de la jefatura al Fiscal Jefe sancionado por falta grave o muy grave: la grave basta. La remoción no es automática («podrá ser removido») y tiene sus pasos: la propone el Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal informa, pero no remueve ni actúa a propuesta de la Inspección.

El art. 69 fija tres plazos, contados desde la imposición y una vez cumplida la sanción: seis meses si la falta fue leve, dos años si fue grave y cuatro años si fue muy grave, siempre que en ese tiempo el fiscal no haya cometido hechos sancionables. El año es el plazo de prescripción de las faltas graves (art. 65.1), no el de cancelación. Las anotaciones por faltas leves se cancelan automáticamente; las demás, en expediente a petición del interesado y con informe del Consejo Fiscal.

La separación del servicio es la única sanción que no imponen ni el Fiscal Jefe, que solo impone la advertencia, ni el Fiscal General del Estado, que impone hasta la suspensión: según el art. 67, la impone el Ministro de Justicia, que es el nombre que le da el Estatuto. El Fiscal General interviene, pero proponiéndola, y el Consejo Fiscal informando, con un informe que tiene que ser favorable. El Consejo de Ministros no aparece en el art. 67.

El Estatuto no regula por su cuenta la responsabilidad civil y penal de los fiscales: el art. 60 la remite a lo que la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone para Jueces y Magistrados, en cuanto les sea aplicable, y lo mismo la repetición que pueda hacer contra ellos la Administración del Estado. Los fiscales no siguen el régimen del personal de las Administraciones Públicas, como el de la Ley 40/2015; tampoco se les aplica lo que la LOPJ dispone para los Letrados de la Administración de Justicia, sino lo de Jueces y Magistrados, y una instrucción del Fiscal General no puede fijar responsabilidades. La misma remisión a la LOPJ hace el art. 70 para la rehabilitación de los fiscales separados.

El art. 66.2 asigna a cada grado sus sanciones: las faltas leves, advertencia o multa de hasta trescientos euros, o ambas; las graves, multa de trescientos a tres mil euros, y las muy graves, suspensión, traslado forzoso o separación. La suspensión y el traslado forzoso están en la lista general del art. 66.1, pero solo se imponen por falta muy grave.

Lo que convierte la revelación en falta muy grave es el perjuicio: el art. 62.Doce exige que se cause alguno a la tramitación de un proceso o a cualquier persona. Sin ese perjuicio sigue siendo falta, pero grave (art. 63.Cinco), y por eso no es muy grave «siempre». El Estatuto no hace depender el grado del secreto de las actuaciones ni de la publicidad con que se revele.

Hay dos prescripciones distintas: la de la falta, que se cuenta desde que se cometió (art. 65.1), y la de la sanción ya impuesta, que el art. 66.4 hace correr desde el día siguiente a aquel en que adquiere firmeza la resolución que la impuso. Mientras se recurre la resolución no es firme, y el cumplimiento de la sanción es lo que mira el art. 69 para cancelar su anotación, no para prescribirla.

El art. 67 reparte la competencia por sanciones, no por faltas: el Fiscal Jefe respectivo solo puede imponer la advertencia, y todas las demás hasta la suspensión, la multa incluida, corresponden al Fiscal General del Estado. Que la multa de hasta trescientos euros sea sanción de falta leve (art. 66.2) no la pone en manos del Fiscal Jefe. El Consejo Fiscal no impone multas: resuelve los recursos contra las resoluciones del Fiscal Jefe.

El art. 65.1 da un plazo por grado: las faltas muy graves prescriben a los dos años y las graves, al año. Los dos años son, por tanto, los de la falta muy grave, no los de la grave. Para las leves el Estatuto no fija una cifra propia: remite al plazo que el Código Penal preveía para la prescripción de las faltas.

El art. 62.Tres tipifica como falta muy grave la afiliación a partidos políticos o sindicatos, y además el desempeño de empleos o cargos a su servicio: basta afiliarse, sin necesidad de ocupar un cargo. Las otras tres conductas también son faltas, pero de otro grado: la simple recomendación de asuntos es leve (art. 64.Cinco), y las felicitaciones o censuras invocando la condición de fiscal (art. 63.Doce) y la falta de respeto a los superiores en un escrito que se les dirija (art. 63.Uno) son graves.

El art. 66.1 prohíbe concursar al fiscal sancionado con traslado forzoso durante un plazo de uno a tres años, y obliga a que la duración concreta se fije en la resolución que ponga fin al procedimiento. No es un plazo fijo, no lo decide el informe del Consejo Fiscal y no se ata a la cancelación de la anotación, que el art. 69 regula aparte.