El control administrativo de la seguridad privada

El art. 55.3 pone el techo en seis meses y exige además que la duración se notifique a los interesados. Es el tope de la medida, que no hay que confundir con el plazo del art. 55.2 para ratificarla, modificarla o revocarla: si ese plazo pasa sin que se incoe el procedimiento, o el acuerdo de incoación calla sobre ellas, las medidas quedan sin efecto aunque no hayan llegado a los seis meses. Ni dos, ni cuatro, ni doce meses figuran en el art. 55.

El art. 53.5 mide el acceso por su finalidad: se limita a los datos necesarios para realizar el control. No lo ciñe a una fuente, ni a los libros-registro de la empresa ni al Registro Nacional, y tampoco excluye los datos personales, que pueden ser justo los necesarios. El art. 54.8 pone el mismo límite a la inspección.

La letra f) del art. 55.1 prevé, cuando el personal de seguridad resulta detenido por su implicación en hechos delictivos, la retirada de su tarjeta de identificación profesional (o de la acreditación, si es personal acreditado). No está en la lista quitarle el uniforme ni los distintivos, darle de baja en el registro, ni poner fin a su contrato, que es una relación entre él y su empresa.

El art. 54.4 somete la inspección a dos principios, la injerencia mínima y la proporcionalidad, y le fija una finalidad, comprobar que se cumple la legislación aplicable. Ni la celeridad ni la eficacia figuran en el apartado: la ley no pide que la inspección sea rápida, sino que moleste lo menos posible y guarde proporción con lo que busca.

El art. 54.6 da las inspecciones, como regla, al Cuerpo Nacional de Policía (hoy, la Policía Nacional), y a la Guardia Civil en el caso de los guardas rurales y sus especialidades, con los centros y cursos de formación de ese personal; además nombra al cuerpo de policía autonómica competente. Escoltas, detectives y vigilantes de seguridad, con su formación, quedan en la regla.

El art. 54.5 pide extremar las cautelas con lo que guarda el expediente de investigación y limita la inspección a comprobar que existe, sin entrar en su contenido. Solo se entra si ese contenido se relaciona con una investigación judicial o policial o con un expediente sancionador. Que la investigación haya terminado no basta, y tampoco abre la puerta la voluntad del cliente ni la de quien dirige la inspección.

El art. 54.3 no reparte el deber solo entre quienes prestan el servicio: junto a empresas, despachos, personal, centros de formación y centrales de alarma de uso propio, nombra a los establecimientos obligados a contratar seguridad privada y a los usuarios que contraten esos servicios. La empresa de logística entra como usuaria aunque ninguna norma la obligue a contratar, y el acceso alcanza tanto a sus instalaciones y medios como a la información de los contratos.