La coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las empresas de seguridad y los despachos de detectives

El art. 21.1.e) pide cada año un informe sobre sus actividades y el resumen de las cuentas anuales, auditadas cuando sea preceptivo, y añade que esa memoria «en ningún caso» contendrá datos de carácter personal: una relación nominal de clientes no cabe en ella. El precepto tampoco pide un plan anual de servicios.

El art. 18.3 da a las dos la misma validez, indefinida, en una sola frase. El precepto no les fija plazo ni distingue entre la autorización y la declaración responsable que la suple.

El art. 14.2 no fija un plazo cerrado ni lo deja al reglamento: obliga a comunicar «tan pronto como sea posible» las circunstancias o informaciones relevantes para la seguridad ciudadana y todo hecho delictivo conocido en el ejercicio de la actividad o de las funciones. No se espera al final del servicio ni a un cierre periódico.

El art. 14.2 une a la comunicación del hecho delictivo la puesta a disposición de los presuntos delincuentes y de los instrumentos, efectos y pruebas relacionados con ellos. Eso es lo que el precepto manda entregar; no menciona un informe del jefe de seguridad, la habilitación del vigilante ni el armamento o los medios de defensa del personal.

El art. 24.1 permite abrir despachos a las personas jurídicas constituidas exclusivamente por detectives privados habilitados, y añade que «únicamente podrán desarrollar» la investigación privada del art. 5.1.h). No basta una mayoría de socios detectives, y el despacho no puede sumar otras actividades.

El art. 25.1.j) manda depositarla, cierre por la causa que cierre, en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía o, en su caso, del cuerpo de policía autonómico competente. Según la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 9/2015, las referencias al Cuerpo Nacional de Policía contenidas en la legislación vigente se considerarán hechas, igualmente, a la Policía Nacional. Ni la Guardia Civil ni las policías locales aparecen en el precepto.

El art. 19.1.c) exige a ingenieros, técnicos y operadores de seguridad una acreditación del Ministerio del Interior que «se limitará» a comprobar dos cosas: la honorabilidad del solicitante y la carencia de antecedentes penales. No verifica una titulación académica ni la superación de un curso.

El art. 14.3 permite a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dar al personal de seguridad privada información útil para evaluar riesgos y adoptar medidas de protección, pero si contiene datos personales solo la admite en dos casos: peligro real para la seguridad pública o evitar la comisión de infracciones penales. No la subordina al consentimiento del afectado, a una autorización judicial ni a que sean imprescindibles para el servicio contratado.

El art. 22.2.a) pide que sean personas físicas residentes en el territorio de algún Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte del Espacio Económico Europeo: el criterio es la residencia, no la nacionalidad, y no se limita a España. La nacionalidad europea es lo que el art. 19.1.b) exige a la empresa, no a quien la representa.

El art. 19.1.a) exige un objeto exclusivo, limitado a las actividades de seguridad privada del art. 5.1, y solo admite dos añadidos: las actividades imprescindibles para cumplir las de seguridad autorizadas y las compatibles del art. 6. La limpieza o la jardinería de los inmuebles vigilados no son ninguna de las dos; y por la exclusividad tampoco cabe cualquier actividad mercantil de los estatutos ni la gestión de cobros.

El art. 21.1.c) distingue dos comunicaciones: los cambios de la propia empresa (forma jurídica, denominación, domicilio, representantes…) van al Registro Nacional o autonómico correspondiente, y las altas y bajas del personal de seguridad privada, con las incidencias de los servicios, al registro «del lugar donde presten servicios». No se atiende al domicilio social, a la delegación ni al lugar de contratación.

El art. 14.1 sujeta esa colaboración al principio de legalidad, la funda exclusivamente en asegurar el buen fin de las actuaciones que preservan la seguridad pública y garantiza «la debida reserva y confidencialidad cuando sea necesario». Es una obligación de la empresa, del despacho y de su personal: el precepto no exige dejar constancia escrita de cada comunicación, ni la presencia del representante legal de la empresa, ni una intervención judicial previa.

El art. 19.1.g) cierra la puerta a quien haya sido condenado en firme por delitos contra la Hacienda Pública, entre otros, «salvo que hubiesen cancelado sus antecedentes penales»: lo que decide es la cancelación, sea cual sea la pena. El plazo de cinco años es el del párrafo h), para las condenas por intromisión en el honor, la intimidad o la propia imagen y otros derechos fundamentales; y renovar a los administradores no borra la condena de la sociedad.

El art. 22.2.d) excluye a quien haya sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Lo que cierra el paso es la separación, no el pase a la reserva, una sanción por falta grave ni el destino que se haya tenido; las sanciones que sí cuentan para el representante son las impuestas en materia de seguridad privada (22.2.c).

El art. 19.8 distingue el efecto según el título con el que funciona la empresa: si tiene autorización, esta se extingue; si presentó declaración responsable, la empresa se cierra. En los dos casos se cancela además de oficio su inscripción en el registro. El precepto no prevé suspender ni la autorización ni la actividad mientras se subsana el requisito.

El art. 23 trata a las empresas de seguridad privada como sector económico con regulación específica en materia de derecho de establecimiento. Si el Consejo de Ministros suspende la liberalización de los movimientos de capital, la autorización previa de inversiones extranjeras en ellas exige «en todo caso» informe previo del Ministerio del Interior. Según el art. 23.4, estas limitaciones no se aplican a los nacionales de la Unión Europea ni a las empresas con sede social, administración central o centro principal de actividad en ella.

El art. 17.2 permite a las empresas de seguridad dedicarse a la formación, actualización y especialización del personal de seguridad privada, pero les exige crear centros de formación conforme al art. 29.4 y al reglamento. No basta concertarla con un centro ajeno, la ley no pide una autorización por curso y la formación no se limita a su plantilla: alcanza al personal «perteneciente o no» a ella.

El art. 15.3 protege a quien comunica de buena fe: en los supuestos que el propio apartado acota, esa comunicación no vulnera las restricciones de divulgación impuestas por contrato ni por ninguna disposición legal, reglamentaria o administrativa. El precepto no la condiciona a que lo autorice la empresa, no obliga a avisar después al cliente y no excluye la información que lleve datos personales.

El art. 20.2 impide inscribir una empresa cuya denominación coincida o pueda inducir a confusión con otra ya inscrita, con la de órganos o dependencias de las administraciones públicas o con una marca anterior registrada para actividades idénticas o semejantes. Para la marca hay una salvedad: que la inscripción la solicite su titular o se haga con su consentimiento. No la levanta una autorización del Ministerio ni un informe de la comisión mixta, ni basta con añadir un ámbito territorial al nombre.