Las actividades de seguridad privada, sus principios y las competencias

El último párrafo del artículo 6.2 permite que empresas y personal de seguridad privada presten esos servicios auxiliares, pero siempre con carácter complementario o accesorio de las funciones de seguridad privada que realicen, y sin que en ningún caso sean el objeto principal del servicio. No pueden ser lo principal aunque el contrato lo prevea, ni lo condiciona a que el servicio no exija armas, y quedar fuera de la ley no los libera de esa condición.

El artículo 1.1 cierra el objeto de la ley calificando todas estas actividades, las de seguridad privada y las investigaciones privadas, de «complementarias y subordinadas respecto de la seguridad pública». No son autónomas, porque se ordenan a la seguridad pública y dependen de ella, ni equiparadas, porque complementar no es estar al mismo nivel. El apartado 2 insiste en la idea al llamar a los servicios de seguridad privada complementarios de los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El artículo 6.4 deja fuera de la legislación de seguridad privada a los prestadores que vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos técnicos de seguridad no conectados a centrales receptoras de alarmas ni a centros de control o de videovigilancia. Lo que decide es la conexión: instalar y mantener sistemas conectados sí es actividad de seguridad privada (artículo 5.1.f). Ni la homologación, ni que el usuario esté obligado a tener medidas de seguridad, ni quién haga la instalación mueven esa frontera.

El segundo inciso de la letra b del artículo 12.2 permite a la Dirección General de la Guardia Civil participar en el control de las actuaciones operativas del personal de seguridad privada «que preste servicios en su ámbito de competencias». El criterio es el ámbito: ese personal no se lo asigna la otra Dirección General, no alcanza a todo el personal con independencia de dónde preste servicio y no hay un registro propio de la Guardia Civil.

El artículo 11.3 integra en el Registro Nacional la información de las empresas inscritas en los registros autonómicos: los órganos competentes de esas comunidades deben comunicarle los datos de las inscripciones y anotaciones que hagan sobre las empresas de seguridad privada, con sus modificaciones y cancelaciones. No se los envían a la Delegación del Gobierno, no se quedan solo en el registro de la comunidad y el artículo no prevé publicarlos en un boletín.

El artículo 6.2 saca de la ley el control de accesos, el cuidado y custodia de las llaves, la apertura y cierre de puertas y tareas parecidas de porteros, conserjes y personal auxiliar, «a no ser que impliquen la asunción o realización de servicios o funciones de seguridad privada». Que el inmueble esté obligado a tener medidas de seguridad o que los preste personal de una empresa de seguridad no cambia nada, y el lugar tampoco: los locales públicos, los garajes y los aparcamientos están en la propia lista.

La letra e del artículo 13.1 encarga a esas comunidades coordinar los servicios de seguridad e investigación privadas prestados en su territorio con los de la policía autonómica y las policías locales. La coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Nacional y la Guardia Civil, es facultad de la Administración General del Estado (artículo 12.1.k).

La letra d del artículo 6.1 deja fuera de la ley la planificación, consultoría y asesoramiento: estudios e informes de seguridad, análisis de riesgos, planes de seguridad y auditorías. Las otras tres son actividades de seguridad privada del artículo 5.1: la explotación de centrales de alarma (letra g), el depósito y clasificación de monedas y billetes (letra c) y el transporte de explosivos y armas (letras d y e).

El artículo 7.1 define la autoprotección como las cautelas que los interesados adoptan o ejecutan por sí y para sí mismos, de forma directa, para proteger su entorno personal o patrimonial, sin contraprestación y sin que supongan un servicio de seguridad privada a terceros. Si la ejecuta otro, aunque sea gratis, ya no la hace el interesado por sí mismo; si el interesado cobra por proteger a otros, presta un servicio a terceros.

El artículo 11.2 inscribe de oficio en el registro de la comunidad autónoma a las empresas de seguridad privada (y a los despachos, delegaciones y sucursales, centros de formación y centrales de alarma de uso propio) que reúnen dos condiciones a la vez: domicilio en la comunidad y ámbito de actuación limitado a su territorio. Si falta una de las dos, se inscriben en el Registro Nacional del Ministerio del Interior (artículo 11.1).

El artículo 5.2 reparte las actividades del apartado 1: las de las letras a) a g) solo pueden prestarlas las empresas de seguridad privada, y la de la letra h), la investigación privada, los despachos de detectives, «con carácter exclusivo y excluyente». La exclusiva es de los despachos y no se comparte: ni las empresas de seguridad ni cualquier otro prestador pueden ofrecer ese servicio.

El artículo 3.1 aplica la ley, sin matices, a las empresas de seguridad privada, a su personal, a los despachos de detectives, a los servicios de seguridad privada, a las medidas de seguridad y a los contratos celebrados en este ámbito. Los usuarios de los servicios, las centrales receptoras de alarmas de uso propio y los establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad están en el apartado 2: la ley se les aplica solo en lo que resulte pertinente. Ojo con el último: las medidas de seguridad están en el 3.1, pero los establecimientos obligados a tenerlas, en el 3.2.

El artículo 5.3 permite a las entidades públicas o privadas constituir centrales receptoras de alarmas de uso propio, para las señales de los sistemas instalados en sus bienes, «previa autorización del Ministerio del Interior o del órgano autonómico competente». Es una autorización, no una declaración responsable, y no las convierte en empresas de seguridad: por eso tampoco pueden dar con ellas servicio a terceros.

El artículo 9.2 exige comunicar la celebración del contrato al Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente «con antelación a la iniciación» de los servicios. La comunicación es previa: no basta hacerla al empezar ni al terminar, y no espera a que la pida la inspección. Encaja con el apartado 1, según el cual no puede prestarse ningún servicio que no se haya contratado antes.

El artículo 9.3 limita esa comunicación a los datos necesarios para identificar a las partes contratantes, «excluidos los de carácter personal». No incluye a la persona investigada, y de las partes se comunica lo que las identifica sin sus datos personales.

La letra c del artículo 4 fija ese fin «integrando funcionalmente sus medios y capacidades como un recurso externo de la seguridad pública». La integración es funcional, no orgánica: su personal no entra en las plantillas policiales. Tampoco asume por delegación funciones públicas, y el artículo no formula este fin como actuar bajo mando policial.

El artículo 2.7 define la empresa de seguridad privada como las personas físicas o jurídicas, privadas, autorizadas o sometidas al régimen de declaración responsable para prestar servicios de seguridad privada. Puede serlo una persona física, no solo una sociedad, pero la definición solo admite personas privadas.

La letra a del artículo 12.2 atribuye ese control general a la Dirección General de la Policía. La letra b da a la Dirección General de la Guardia Civil competencias concretas, que no desplazan ese control. Ni la Dirección General de Coordinación y Estudios ni la Subsecretaría del Ministerio aparecen en el reparto del apartado 2.

La habilitación e inhabilitación del personal de seguridad privada está en la letra c del artículo 12.1, entre las facultades de la Administración General del Estado, que las ejerce a través del Ministerio del Interior y, en su caso, de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. A diferencia de otras letras del 12.1, esta no lleva la salvedad de que la competencia la hayan asumido las comunidades autónomas, y el artículo 13 no la cuenta entre lo que ejecutan. La comunidad no habilita ni propone.

El artículo 13.2 dice que esas comunidades ejercen la competencia si disponen de cuerpo de policía propia o si establecen fórmulas de colaboración con la Policía Nacional, que la ley todavía llama Cuerpo Nacional de Policía, previstas en la legislación de fuerzas y cuerpos de seguridad. Basta una de las dos, y tener un registro autonómico no es condición para ejercerla.