El personal de seguridad privada

El 26.2 hace del guarda de caza y del guardapesca marítimo especialidades del guarda rural, y para cualquiera de las dos exige haberse habilitado antes como guarda rural. Su habilitación de vigilante no es ese escalón, y tampoco lo son la de escolta ni la de vigilante de explosivos, que cuelga de la de vigilante. La de guardapesca es la otra especialidad del guarda rural, no un paso previo a la de caza.

El 37.3 declara incompatibles las funciones de detective con las del resto del personal de seguridad privada y con las del personal al servicio de cualquier Administración Pública. Ratificar sus informes ante las autoridades judiciales o policiales cuando se lo piden es, al contrario, una obligación del propio detective (37.2.c), y la incompatibilidad del 37.3 no alcanza a la titularidad de un despacho ni al trabajo en uno.

El 33.2 les prohíbe identificar, detener e impedir o restringir la libre circulación, salvo que resulte imprescindible por una agresión o un intento manifiesto de agresión a la persona protegida o a los propios escoltas; entonces deben poner al detenido de inmediato a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin interrogarlo. Ni la petición del protegido, ni las necesidades del recorrido, ni una orden de su jefe abren esa excepción.

La letra f) del 28.1 fija dos plazos con un «respectivamente»: dos años para la sanción por infracción grave y cuatro para la sanción por infracción muy grave. Los dos años son, pues, los de la grave, no los de la muy grave.

Según el 27.2, a quien solicita la habilitación y reúne los requisitos se le expide la tarjeta de identidad profesional, que recoge todas sus habilitaciones y constituye el documento público de acreditación del personal de seguridad privada mientras ejerce sus funciones. Acompaña a la habilitación, que da el Ministerio del Interior (27.1): no es el título de su formación, ni un permiso de armas, ni una credencial que emita la empresa.

La letra e) del 28.1 pide carecer de antecedentes penales por delitos dolosos. El criterio es el dolo, no la pena ni el bien jurídico: no se limita a los delitos castigados con prisión ni a los delitos contra el patrimonio o castigados con pena grave, y no alcanza a los imprudentes.

El 27.3 da la habilitación de todo el personal de seguridad privada a la Dirección General de la Policía y solo aparta de esa regla a los guardas rurales y sus especialidades, que habilita la Dirección General de la Guardia Civil. El vigilante de explosivos es especialidad del vigilante de seguridad (26.1), no del guarda rural, así que sigue la regla general: lo que va a proteger no cambia quién lo habilita. El precepto no da la habilitación ni a las comunidades autónomas ni a la Secretaría de Estado de Seguridad.

El art. 31 no hace agente de la autoridad al personal de seguridad privada: le extiende esa protección cuando se reúnen tres condiciones: que esté debidamente identificado, que actúe en cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que lo haga bajo su mando. Lo que la ley pide es la identificación y, además, la cooperación y el mando policial: estar de servicio, llevar el arma o prestar cualquier servicio de seguridad privada no basta sin ellos.

El 32.2 dedica a los vigilantes en exclusiva a sus funciones de seguridad y les impide simultanearlas con otras que no estén directamente relacionadas con ellas, y cobrar en una caja no lo está. La prohibición no se levanta con el visto bueno de su empresa, con una cláusula del contrato ni porque siga en su puesto.

El 32.1.b le deja hacer controles de identidad en el acceso o en el interior de los inmuebles donde presta servicio, pero «sin que, en ningún caso, puedan retener la documentación personal». La prohibición no tiene excepciones: ni para comprobar el documento, ni mientras la persona esté dentro, ni porque lo diga el contrato.

El 32.3 les encarga la protección del almacenamiento, el transporte y demás procesos de los explosivos y de otras sustancias peligrosas, y exige que estén integrados en empresas de seguridad. No dependen del fabricante, del depósito ni de un servicio propio del usuario.

El 26.4 remite al reglamento las habilitaciones adicionales y le da dos pautas: excluir los requisitos de formación que ya se acreditaron y valorar la experiencia acreditada en funciones de seguridad privada. La ley no hace depender esa habilitación de un informe o un aval de la empresa ni de la nota de la primera habilitación.

El 29.1 da a cada figura su formación. Para los detectives (letra c), un título universitario de grado en el ámbito de la investigación privada o el título del curso de investigación privada reconocido por el Ministerio del Interior. El grado en seguridad o el curso de dirección de seguridad es la formación de los jefes y directores (letra b), y el certificado de profesionalidad o el título de formación profesional, la de vigilantes, escoltas y guardas (letra a). La ley no nombra la Criminología ni la policía científica.

El 33.3 remite al régimen del art. 32 y a los preceptos concordantes de los vigilantes, salvo lo referente a la uniformidad: el escolta acompaña a la persona protegida y no va de uniforme. Lo demás, incluida la dedicación exclusiva a la seguridad y el deber de denunciar las infracciones, se les aplica igual.

La letra c) del 32.1 le obliga a oponerse a los actos delictivos y las infracciones relacionados con lo que protege y a intervenir en dos casos: cuando presencie una infracción y cuando su ayuda sea precisa por razones humanitarias o de urgencia. La petición de los usuarios, la orden de un director o el valor de los bienes amenazados no son los supuestos que nombra.

La letra h) del art. 30 obliga al personal de seguridad privada a auxiliar y colaborar especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a darles la información necesaria para sus funciones y a seguir sus instrucciones, pero acota esto último: en relación con el servicio de seguridad privada que esté prestando. No lo convierte en auxiliar de cualquier actuación policial que presencie, de la seguridad de todo un municipio ni de las diligencias de la policía judicial.

El 35.1 ciñe al jefe de seguridad a la empresa de seguridad en cuya plantilla está integrado. Quien ejerce en la empresa o entidad en la que presta sus servicios, sea usuaria o no, es el director de seguridad (36.1). La ley no reparte a los jefes por centros del Ministerio del Interior ni los sitúa en las sedes de los clientes.

El 37.1 encarga a los detectives privados la ejecución personal de los servicios de investigación: las averiguaciones sobre personas, hechos y conductas privadas tienen que hacerlas detectives habilitados, sean el titular o los detectives dependientes o asociados del despacho (24.2.d, 25.2). Un empleado sin habilitación no forma parte del personal de seguridad privada, el único que puede ejercer estas funciones (26.1). Que el detective supervise y firme el informe o que el cliente lo consienta no cambia quién tiene que ejecutarlas; y un vigilante solo ejerce las funciones para las que está habilitado (27.4), que no son las de detective.

El 28.4 deja habilitarse a los funcionarios en activo y al demás personal de las Administraciones, pero no ejercer funciones de seguridad privada, con una excepción: la de director de seguridad en el propio centro al que pertenezcan. La excepción no se extiende a otros centros de su Administración, ni a un centro concertado, ni a empresas privadas fuera del horario.

El 34.4 da esa facultad a las dos especialidades del guarda rural, los guardas de caza y los guardapescas marítimos, que deben entregar de inmediato lo retirado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes. No la tiene el guarda rural sin especialidad ni el vigilante de seguridad.