Los servicios y las medidas de seguridad privada

El art. 48.2 condiciona la aceptación del encargo, en todo caso, a que el solicitante acredite el interés legítimo que alega, y el despacho deja constancia de ello en el expediente de contratación e investigación. La ley no pide denunciar antes los hechos, ni el consentimiento de la persona investigada, ni una autorización judicial.

El art. 39.1 exige que los medios de las empresas de seguridad estén homologados por el Ministerio del Interior. Las Fuerzas Armadas aparecen en el mismo apartado por otra razón: vehículos, uniformes y distintivos no pueden inducir a confusión con los suyos ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El precepto no da la homologación ni a la Delegación del Gobierno ni a un órgano autonómico.

El art. 51.2 da tres razones para que el reglamento obligue a un establecimiento, instalación o evento: prevenir actos delictivos contra ellos, que generen riesgos directos para terceros o que sean especialmente vulnerables. La concentración de personas es el distractor tentador: la ley la nombra en el art. 51.3, entre las circunstancias que el órgano competente pondera al proponer las medidas para un establecimiento concreto, no como razón del reglamento. Ni el volumen de negocio ni el horario figuran en el artículo.

Según el art. 51.3, el órgano competente formula su propuesta atendiendo a la naturaleza de la actividad, la localización, la concentración de personas y otras circunstancias, y resuelve motivadamente previa audiencia del titular u organizador. Ni el ayuntamiento ni la policía de la zona tienen que informar o dar su conformidad, y no interviene un juez; solo cuando las medidas son para un organismo público la ley pide antes el acuerdo del órgano del que dependen sus instalaciones.

El art. 42.2 distingue dos casos. Captar vías y espacios públicos o de acceso público solo cabe en los supuestos de su normativa específica y con autorización administrativa previa; dentro de un domicilio, lo que se exige es el consentimiento de su titular. La autorización del órgano competente es la del espacio público, no la de la casa, y la ley no pide ni el acuerdo de la comunidad de vecinos ni un aviso a la policía.

El art. 52.1.d) define las medidas de seguridad organizativa como las que evitan o ponen término a amenazas mediante la planificación de cometidos ejecutados por personas, y pone como ejemplos los departamentos de seguridad y los planes de seguridad. Que intervengan personas no las hace de seguridad personal, que en la ley es la prestación de servicios de seguridad distintos de los demás tipos; la electrónica detecta o advierte con dispositivos, y la informática protege los sistemas de información.

El art. 45 exige vehículos acondicionados especialmente para cada tipo de transporte u otros elementos de seguridad específicos homologados para ello, y define el servicio como el traslado material de los objetos y su protección durante el viaje, por vigilantes de seguridad o de explosivos según lo que se transporte. La ley no admite un vehículo de alquiler cualquiera, el transporte no lo protege una patrulla policial y el modelo no lo fija la Delegación del Gobierno.

Los servicios del art. 41.3 (la vigilancia perimetral de centros penitenciarios y de internamiento de extranjeros, la de otros edificios o instalaciones de organismos públicos y la participación en servicios de seguridad pública) se prestan cuando lo decide el órgano competente y cumpliendo estrictamente las órdenes e instrucciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La autorización y la coordinación «cuando proceda» son el régimen del art. 41.2, que no rige estos servicios.

El art. 41.2 exige autorización previa para cuatro servicios: polígonos industriales y urbanizaciones delimitados, complejos o parques comerciales y de ocio delimitados, acontecimientos en vías o espacios públicos y recintos o espacios abiertos delimitados. Los cajeros automáticos y los desplazamientos al exterior ligados a la vigilancia del inmueble están en la lista del art. 41.1, sin autorización; la sede de un organismo público, en el 41.3, con su propio régimen.

La letra e) del art. 41.1 los define como la visita intermitente y programada a los distintos puestos de vigilancia o lugares protegidos: lo discontinuo es la presencia del vigilante, que va y vuelve. No es cubrir un puesto solo a ratos, ni recorrer periódicamente las calles de alrededor, ni comprobar los puestos a distancia, que no es visitarlos.

El art. 49.4 salva de la destrucción las grabaciones relacionadas con un procedimiento judicial, una investigación policial o un procedimiento sancionador. El Ministerio del Interior no puede alargar el plazo por su cuenta, y tampoco cuentan la voluntad del investigado ni las necesidades de archivo del despacho: lo que se archiva, al menos ese mismo tiempo, son los informes, no las imágenes y sonidos.

El art. 43.3 solo permite la protección personal previa autorización del Ministerio del Interior o del órgano autonómico competente, en los términos del reglamento. La declaración responsable existe en la ley para otros servicios (el art. 38.1 la menciona como alternativa a la autorización), pero no para este; y la ley no la sustituye por una comunicación a la Delegación del Gobierno ni por el visto bueno de la policía local.

El art. 38.6 deja que los guardas rurales trabajen sin constituir ni integrarse en una empresa de seguridad, contratados directamente por los titulares de los bienes y derechos, cuando se trata de vigilar explotaciones agrícolas, fincas de caza en lo cinegético o zonas marítimas protegidas con fines pesqueros. Los otros tres no tienen esa salida: el art. 38.4 manda que los vigilantes de seguridad, los escoltas privados y los jefes de seguridad ejerzan integrados en la empresa de seguridad que los tiene contratados.

El art. 41.1 fija la regla, que es vigilar dentro del edificio o la propiedad, y una lista de supuestos en que se puede salir sin autorización previa, incluso a la vía pública. Uno de ellos es perseguir a quien sea sorprendido en flagrante delito en relación con las personas o bienes vigilados (41.1.f). La vigilancia de polígonos industriales y la de acontecimientos en la vía pública requieren, en cambio, autorización previa del órgano competente (art. 41.2.a y c). La vigilancia perimetral de un centro penitenciario no es una de las salidas que enumera el 41.1: está en el art. 41.3, con su propio régimen.

El art. 38.7 encauza el trabajo del detective por el despacho de detectives para el que presta servicios, que es quien acepta el encargo. La empresa de seguridad es el cauce que el art. 38.4 da a vigilantes, escoltas y jefes de seguridad, no al detective; y ni una asociación profesional ni la entidad que encarga la investigación ocupan ese lugar en la ley.

El art. 48.1.a) admite investigar la vida personal, familiar o social, «exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados», y el art. 48.3 lo repite: en ningún caso se investiga la vida íntima que transcurre en esos lugares. El ámbito laboral está expresamente dentro de lo investigable, y el art. 48.1.b) prevé obtener información en locales públicos de gran concurrencia; la vía pública no es un lugar reservado.

El art. 51.7 separa dos responsabilidades: el titular del establecimiento responde de adoptar las medidas obligatorias, y la empresa de seguridad que las presta responde de su correcta instalación, mantenimiento y funcionamiento. El banco, sus empleados o el titular solo responderían de una anomalía de funcionamiento que les fuera imputable; ni el órgano que ordenó las medidas ni el fabricante de los equipos aparecen en el artículo como responsables de su funcionamiento.

El art. 46.1 reparte el trabajo en dos: la instalación y el mantenimiento los ejecutan técnicos acreditados, pero solo después de que ingenieros acreditados elaboren el proyecto de instalación, cuyas características fija el reglamento. El distractor tentador es el técnico, que instala sobre ese proyecto pero no lo redacta; ni el jefe ni el director de seguridad aparecen en el art. 46 como autores del proyecto.

La letra d) del art. 40.1 no arma toda vigilancia perimetral: la de centros penitenciarios, centros de internamiento de extranjeros, establecimientos militares y otros edificios públicos se presta con armas de fuego cuando sus características y circunstancias lo requieren. La nocturnidad es uno de los factores con los que el art. 40.2 deja al reglamento autorizar armas en otros servicios, no la condición de esta letra; y la ley no pone la decisión en manos del juez de vigilancia penitenciaria ni de la dirección del centro.

El art. 42.1 saca del concepto de videovigilancia las cámaras cuyo objeto principal es comprobar el estado de instalaciones o bienes, controlar los accesos a aparcamientos y garajes o atender los centros de control de las autopistas de peaje, y permite que las maneje personal que no es de seguridad privada. Los otros tres usos buscan prevenir infracciones, evitar daños o impedir accesos no autorizados, que es justo la finalidad de la videovigilancia del mismo apartado; el matiz está en que controlar quién entra en un garaje no es proteger los accesos de un banco.