Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y sus principios básicos de actuación

El art. 5 no lo pone entre los deberes con los detenidos, aunque lo parezca, sino en la letra a) del apartado 2, el de las relaciones con la comunidad: alcanza a toda actuación profesional, haya o no detención. El apartado 1 es el de adecuación al ordenamiento jurídico, y el 4, el de dedicación profesional.

El apartado 2 manda que la prisión preventiva y las penas privativas de libertad se cumplan en establecimientos penitenciarios ordinarios, con separación del resto de detenidos o presos. No hay centros propios de cada cuerpo ni dependencias policiales para ello, y la ley no deja la elección del centro al juez de vigilancia.

El apartado 3 permite incoar y tramitar el expediente gubernativo o disciplinario aunque haya un procedimiento penal por los mismos hechos, pero su resolución definitiva solo puede producirse cuando la sentencia penal sea firme. No hay que esperar para abrirlo ni hace falta autorización judicial; lo que no cabe es resolverlo antes.

El art. 8.1 atribuye a la jurisdicción ordinaria tanto los delitos que se cometan contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como los que cometan ellos en el ejercicio de sus funciones; la militar solo entra en los supuestos en que sea competente, que el mismo apartado exceptúa. No hay aforamiento ante el Tribunal Supremo. El párrafo segundo del apartado, en cuanto daba a la Audiencia Provincial la instrucción y el procesamiento, lo declaró inconstitucional y nulo la STC 55/1990.

La letra c) del apartado 2 exige los tres adjetivos a la vez: grave, inmediato e irreparable. «Grave o de difícil reparación» es otra fórmula, más amplia, y ni el delito flagrante ni el orden público alterado son por sí mismos el criterio de este precepto.

El art. 4.1 impone a todos un deber de auxilio acotado: el necesario en la investigación y persecución de los delitos, y en los términos que prevean las leyes. No es un deber general de colaborar en el orden público, en la prevención de infracciones administrativas o en las emergencias, que tienen sus propias normas.

El apartado 7 hace de la pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad causa de incompatibilidad para cualquier otra actividad pública o privada, salvo las exceptuadas de la legislación sobre incompatibilidades. Alcanza a las públicas y a las privadas, y la excepción la da esa legislación, no una autorización del Ministro.

El apartado 1 del art. 7 les da, en el ejercicio de sus funciones y a todos los efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad. La consideración de autoridad la reserva el apartado 2 a un supuesto de su protección penal; ni la autoridad gubernativa ni la de fuerza pública armada son caracteres que esta ley les dé.

El art. 2 enumera tres clases: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (hoy, la Guardia Civil y la Policía Nacional, que la ley llama todavía Cuerpo Nacional de Policía), los cuerpos de policía de las comunidades autónomas y los de las corporaciones locales. No forman parte de ellas el personal de seguridad privada, ni la Policía Militar ni la policía portuaria, aunque lleven ese nombre.

El art. 1.3 remite a la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, y siempre en el marco de la propia Ley Orgánica 2/1986. Los Estatutos de Autonomía son la remisión del apartado 2, que es el de las comunidades autónomas: el distractor cambia un nivel por otro. Ni las ordenanzas municipales ni la Junta Local de Seguridad fijan esos términos.

La letra b) del apartado 2 fija el objeto: las causas y la finalidad de cada intervención. El deber de identificarse tiene su propia regla en el apartado 3, y ni los recursos ni la norma habilitante forman parte de esa información.

El apartado 8 prohíbe la huelga «en ningún caso» a «los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», y el artículo 2 dice quiénes son: los del Estado y los cuerpos de policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. La propia ley aplica el título I a las policías autonómicas (art. 40) y sus capítulos II y III, donde está el art. 6, a las policías locales (art. 52.1). La prohibición no depende de estar de servicio, y alcanza también a las acciones sustitutivas o concertadas para alterar el normal funcionamiento de los servicios.

El apartado 3 exige jurar o prometer acatamiento a la Constitución como norma fundamental del Estado. La ley no habla de lealtad al Gobierno, de obediencia a los mandos ni de servicio a la Nación.

La letra c) del apartado 1 dice «Actuar con integridad y dignidad» y concreta en particular el deber de abstenerse de la corrupción y oponerse a ella. Las otras tres son principios reales del mismo artículo, pero de otros apartados: la neutralidad política, la letra b) del apartado 1; la dedicación, el apartado 4; la decisión necesaria, la letra c) del apartado 2.

El apartado 4 les reconoce una remuneración justa que contemple su nivel de formación, el régimen de incompatibilidades, la movilidad por razones de servicio, la dedicación y el riesgo que comporta su misión, además de la especificidad de sus horarios y su peculiar estructura. Ni el coste de la vida en el destino, ni el rendimiento, ni la responsabilidad del puesto figuran entre los factores de este apartado.

El apartado 6 dice que los puestos de servicio se proveen conforme a los principios de mérito, capacidad y antigüedad, según su reglamentación: lo que lo distingue es la antigüedad. La objetividad y la igualdad de oportunidades son los principios con que el apartado 1 manda a los poderes públicos promover su promoción profesional, social y humana, no los de la provisión de puestos; ni la publicidad ni la libre designación aparecen en el artículo. La cuaterna igualdad, mérito, capacidad y publicidad es la que el régimen general de los funcionarios pide para proveer puestos; esta ley cambia la igualdad y la publicidad por la antigüedad.

La letra d) del apartado 2 da dos supuestos y ninguno más: el riesgo racionalmente grave para la vida o la integridad del agente o de terceros, y las circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana, siempre con los principios de la letra c). Ni el daño al patrimonio, ni la resistencia, ni la gravedad del delito flagrante habilitan por sí solos.

El apartado 2 les da la consideración de autoridad, a efectos de su protección penal, cuando se comete contra ellos un delito de atentado empleando armas de fuego, explosivos u otros medios de agresión de análoga peligrosidad que puedan poner en peligro grave su integridad física. No basta cualquier atentado, ni ir de uniforme, ni dirigir una unidad.

La regla del 8.3 deja que las medidas cautelares duren lo que dure el proceso penal; la única excepción es la suspensión de sueldo, que sigue la legislación general de funcionarios. La suspensión de funciones entra en la regla general, y el precepto no nombra ni el arma ni el destino.

La letra c) del apartado 2 termina diciendo que, al actuar, se rigen por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. Las otras ternas mezclan alguno de esos tres con principios que no figuran en el precepto: ni la necesidad, ni la idoneidad, ni la menor lesividad.