Las policías de las comunidades autónomas, la colaboración y la coordinación

Es la doble dependencia del artículo 47: las unidades adscritas dependen funcionalmente de las autoridades de la Comunidad Autónoma, que las pidió para las funciones del 38.1, y orgánicamente del Ministerio del Interior. La opción invertida es la trampa: lo funcional es de la Comunidad y lo orgánico, del Ministerio. El mismo artículo exige que la adscripción afecte a unidades operativas completas, no a miembros individuales del Cuerpo.

El artículo 37.1 ata la posibilidad al Estatuto: pueden crear Cuerpos de Policía las Comunidades Autónomas en cuyos Estatutos esté previsto. Una ley autonómica no sustituye al Estatuto, que es donde tiene que estar prevista esa posibilidad. Tampoco hace falta autorización de nadie, ni del Gobierno de la Nación ni del Consejo de Política de Seguridad: el artículo 37.1 no pone más condición que el Estatuto.

El artículo 37.3 da a las Comunidades cuyo Estatuto no prevé policía propia una vía para ejercer la vigilancia y protección del artículo 148.1.22 de la Constitución: firmar acuerdos de cooperación específica con el Estado. La adscripción de Unidades de la Policía Nacional es la vía de las otras, las que sí pueden crear policía y no lo han hecho (37.2 y 47). Crear un cuerpo propio es justo lo que su Estatuto no prevé (37.1), y la Junta de Seguridad del artículo 50 solo puede constituirse donde la Comunidad ya tiene policía propia.

El Comité de Expertos asesora técnicamente al Consejo y prepara los asuntos que este debatirá en Pleno; el artículo 49 le encarga, con carácter específico, elaborar y proponer fórmulas de coordinación, preparar acuerdos de cooperación, proponer programas de formación y perfeccionamiento de las Policías y elaborar planes de actuación conjunta. La tentación es el convenio: el Comité prepara los acuerdos de cooperación, pero informarlos corresponde al propio Consejo (48.2), igual que aprobar directivas y recomendaciones de carácter general. Las condiciones de la promoción interna a los puestos de mando también las determina el Consejo (43.3).

Entre las competencias del artículo 48.2, el Consejo de Política de Seguridad informa las plantillas de los cuerpos autonómicos y sus modificaciones, y puede establecer el número máximo de sus efectivos. No las aprueba, y el tope que puede fijar es por arriba, no un mínimo. Lo que el Consejo sí aprueba son los planes de coordinación en materia de seguridad y de infraestructura policial y las directivas y recomendaciones de carácter general.

La conservación de la naturaleza y el medio ambiente, los recursos hidráulicos y la riqueza cinegética, piscícola y forestal están en la tercera lista del artículo 38, la de prestación simultánea e indiferenciada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: la policía autonómica y la estatal la ejercen a la vez, sin que ninguna tenga preferencia. No es una función propia de la Comunidad, como velar por sus propias disposiciones (38.1), ni de colaboración: la prioridad de la policía autonómica es un rasgo de una sola función de la segunda lista. Y el artículo no habla de delegación.

El artículo 43.4 fija el momento: una vez designados y antes de su adscripción, los Mandos de las policías autonómicas hacen un curso de especialización homologado por el Ministerio del Interior para el mando peculiar de estos Cuerpos. No es un requisito para optar a la designación ni algo que se haga ya en el puesto: va entre la designación, que hacen las autoridades de la Comunidad (43.1), y la incorporación.

La disposición final primera deja el régimen de la Policía Autónoma del País Vasco a su Estatuto (artículo 17), pero salva los artículos 5, 6, 7 y 8: los principios básicos de actuación y las disposiciones estatutarias comunes, que se le aplican por su carácter general. Las funciones del artículo 38, los Mandos del 43, el auxilio del 46 y la adscripción del 47 no están en esa salvedad. La coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la hace allí la Junta de Seguridad.

El artículo 46.2 lo resuelve a favor del Estado: cuando en la prestación de un servicio o en una actuación concreta concurren a la vez miembros o unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la policía de la Comunidad, la dirección de la operación la asumen los Mandos de los primeros. No depende de quién actuó primero ni de una designación de la Junta de Seguridad. El auxilio que la Comunidad recaba por falta de medios (46.1) tiene su propia regla.

El artículo 47 dice a quién y por dónde: las Comunidades del artículo 37.2 solicitan la adscripción «del Gobierno de la Nación, a través del Ministerio del Interior», para ejercer las funciones del 38.1, y sus condiciones se fijan después en acuerdos administrativos de colaboración de carácter específico. El Consejo de Política de Seguridad no recibe estas solicitudes, y el Delegado del Gobierno no es la vía que nombra el precepto. La letra de 1986 dice «Cuerpo Nacional de Policía»: hoy, la Policía Nacional, que es como la llama la Ley Orgánica 9/2015.

Velar por el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones del Estado, junto con garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, abre la lista del artículo 38.2: lo que las policías autonómicas hacen en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son la Policía Nacional y la Guardia Civil. La tentación es su gemela de la lista de propias: velar por las disposiciones y órdenes singulares de los órganos de la Comunidad (38.1.a), igual que la inspección de las actividades sometidas a su ordenación o disciplina (38.1.c). El auxilio en accidentes, catástrofes o calamidades se presta de forma simultánea e indiferenciada (38.3.b).

El artículo 42 limita a las policías autonómicas a su territorio, salvo en emergencias y previo requerimiento de las autoridades estatales. Cuando protegen a autoridades públicas de su Comunidad pueden salir de él con autorización previa del Ministerio del Interior y, cuando proceda, comunicación al órgano de gobierno de la comunidad autónoma correspondiente: a esa comunidad se le comunica, no se le pide autorización. Ni la Junta de Seguridad ni el Consejo de Política de Seguridad autorizan estos desplazamientos.

El artículo 49.1 crea dentro del Consejo de Política de Seguridad un Comité de Expertos de ocho representantes: cuatro del Estado y cuatro de las Comunidades Autónomas, estos últimos designados anualmente por los miembros del Consejo que representan a las Comunidades. Las normas de su composición y funcionamiento las fija el Reglamento de régimen interior del Consejo (49.2).

El artículo 39.b encarga a las Comunidades Autónomas establecer o propiciar, según los casos, la homogeneización de los Cuerpos de Policías Locales en tres materias: los medios técnicos, para aumentar su eficacia y colaboración, los uniformes y las retribuciones. Plantillas, armamento, jornada u horarios no están en esa letra. Las demás funciones de coordinación del artículo son las normas-marco de los reglamentos de Policías Locales, los criterios de selección, formación, promoción y movilidad, y la formación profesional mediante escuelas.

El artículo 48.1 hace del Consejo de Política de Seguridad un órgano paritario para coordinar las políticas de seguridad pública del Estado y de las Comunidades: lo preside el Ministro del Interior y lo integran los Consejeros de Interior o Gobernación autonómicos y un número igual de representantes del Estado, designados por el Gobierno de la Nación. Los municipios no tienen representación en él, y los consejeros no designan a nadie.

La disposición final segunda remite el régimen de la Policía Autónoma de Cataluña a su Estatuto de Autonomía y a las normas que lo desarrollen, y da a esta ley carácter supletorio respecto de ellas, de conformidad con el artículo 13.1 del Estatuto de 1979, al que se remite la ley: solo llena lo que esas normas no regulan, salvo los preceptos que su apartado 2 declara de aplicación directa. No desplaza a las normas catalanas, ni es una ley marco o de armonización de las del artículo 150 de la Constitución.