Las policías locales

La disposición adicional quinta reserva al Ministerio del Interior determinar las condiciones que ha de respetar el acuerdo de colaboración. La comunidad autónoma interviene en otro punto, el de la autorización, cuando su Estatuto de Autonomía así lo disponga; las condiciones, en cambio, son en todo caso las del Ministerio. La disposición no da papel ni a la Junta Local ni a la diputación.

La letra a del artículo 53.1 da a la policía local la vigilancia o custodia de los edificios e instalaciones de las corporaciones locales, no los del Estado. Las otras tres sí están en él: la protección de las autoridades de las corporaciones locales (letra a), la policía administrativa de ordenanzas, bandos y demás disposiciones municipales (letra d) y la participación en las funciones de Policía Judicial, en la forma que fija la propia ley (letra e).

El artículo 51.1 enmarca la creación de un cuerpo de policía municipal en tres referencias: la propia Ley Orgánica 2/1986, la Ley de Bases de Régimen Local y la legislación autonómica. La decisión es del municipio, dentro de ese marco. El precepto no nombra la legislación de seguridad ciudadana, ni la de protección civil, ni la de haciendas locales.

El artículo 52.1 suma a los principios generales de la propia ley dos niveles: las disposiciones que dicten al respecto las comunidades autónomas y, abajo, los reglamentos específicos de cada cuerpo y las demás normas de los ayuntamientos. Ni el Ministerio del Interior ni la Junta Local de Seguridad figuran en esa lista. La remisión del mismo precepto a la sección cuarta del capítulo IV del título II, el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, apunta a unos artículos que derogó la Ley Orgánica 4/2010; esa ley, según su disposición final sexta, se aplica a los Cuerpos de Policía Local de acuerdo con lo previsto en la legislación orgánica reguladora de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La letra b del artículo 53.1 ciñe esta función al casco urbano y la sujeta a las normas de circulación. Es una de las funciones que los Cuerpos de Policía Local deben ejercer, así que no espera a un requerimiento ni a una delegación. El límite es el casco urbano, no el término municipal entero: las vías interurbanas quedan fuera de esta letra.

La disposición adicional quinta permite asociarse a dos o más municipios limítrofes de una misma comunidad autónoma cuando no dispongan separadamente de recursos suficientes para prestar los servicios de policía local. No pide que sean de la misma provincia ni un informe previo de la Junta Local. Y no es una fórmula para municipios sin policía: el acuerdo lo prestan los Cuerpos de Policía Local de cada uno, como dice el párrafo siguiente.

El segundo párrafo del artículo 51.3 deja salir del término a la policía local cuando protege a autoridades de las corporaciones locales, con autorización. La da la autoridad de la comunidad autónoma solo si se juntan dos condiciones: que la comunidad cuente con cuerpo de policía autonómica y que la actuación se desarrolle íntegramente en su territorio. Con una sola de las dos no basta, y entonces la autorización es del Ministerio del Interior.

El artículo 54.1 dice «podrá constituirse», y solo «en los municipios que tengan Cuerpo de Policía propio». Son dos rasgos: la ley no la impone, y no la prevé donde no hay policía local.

La letra h del artículo 53.1 les encarga colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía de las Comunidades Autónomas en esa protección y en ese orden, «cuando sean requeridos para ello». Son dos rasgos a la vez: colaboran, sin que la letra les dé prioridad sobre los demás cuerpos, y lo hacen a requerimiento, no por iniciativa propia.

El artículo 54.2 atribuye la presidencia de la Junta Local de Seguridad al Alcalde. El mismo apartado prevé que la comparta cuando asista a sus sesiones el representante del Estado, que la letra de 1986 nombra con un cargo ya desaparecido: hoy, según el artículo 5 del reglamento de las Juntas Locales de Seguridad (Real Decreto 1087/2010), el Delegado del Gobierno en la comunidad autónoma o el Subdelegado del Gobierno en la provincia. Por eso la pregunta dice «como regla». No la preside un concejal delegado, ni el secretario del ayuntamiento, ni el presidente de la diputación.

El artículo 51.2 resuelve el caso dentro del propio municipio: los cometidos de la policía municipal los ejerce el personal que desempeña funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, se llame guarda, vigilante, agente, alguacil o algo análogo. La ley no los traslada a otro cuerpo, ni al municipio vecino, ni a quien designe la comunidad autónoma. Que la denominación pueda ser «agentes» es lo que hace tentadora la primera opción, pero la ley habla del personal que desempeña funciones de custodia y vigilancia, no de la Guardia Civil.

El artículo 51.3 ciñe los cuerpos de policía local al territorio de su municipio, salvo en situaciones de emergencia y previo requerimiento de las autoridades competentes. La riada es la emergencia, pero no basta por sí sola: hace falta que antes las autoridades competentes lo requieran, así que no lo decide el propio jefe. La autorización ministerial y el convenio entre municipios no son lo que exige este apartado.