El objeto de la ley, sus fines y las autoridades competentes

El art. 7.2 permite recabar esa ayuda en la medida necesaria para los fines de la ley, siempre que no implique riesgo personal para los particulares, y quienes sufran daños por ello serán indemnizados de acuerdo con las leyes. La grave calamidad pública o la catástrofe extraordinaria no son una condición: el precepto las cita como los casos en que «especialmente» se puede pedir. Tampoco exige autorización judicial ni consentimiento escrito.

El art. 7.4 impone ese especial deber al personal que realice funciones de policía administrativa, y lo dirige a los fines del art. 3. El criterio es la función que se ejerce, no el sector en que se trabaja: el personal de protección civil, de emergencias o de transportes no aparece en el apartado.

La letra e) del art. 5.2 junta a los Subdelegados del Gobierno en las provincias y a los Directores Insulares, los dos de la Administración General del Estado. Los Presidentes de los Cabildos y los Alcaldes son autoridades locales, que el art. 5.4 trata aparte, fuera de la lista estatal; los Jefes de Comandancia tampoco figuran en ella.

El párrafo segundo del art. 4.1 nombra singularmente cuatro grupos: los derechos de reunión y manifestación, las libertades de expresión e información, la libertad sindical y el derecho de huelga. La asociación, la libertad religiosa y la intimidad son derechos fundamentales, pero el precepto no los destaca.

El art. 5.3 exige dos cosas a la vez: haber asumido esas competencias y contar con un cuerpo de policía propio. Una unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad no es policía propia, y el precepto no pide ni una Junta de Seguridad constituida ni un plan autonómico: con las competencias y sin cuerpo propio, sus órganos no son autoridad competente a los efectos de esta ley.

El art. 4.2 no repite los principios básicos de actuación: remite a los del artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Las Leyes 39 y 40/2015 son las generales del procedimiento y del régimen jurídico de las administraciones, y la Ley 29/2014 regula el personal de un solo cuerpo.

La disposición adicional segunda dice que la protección de las infraestructuras críticas se rige por su normativa específica y, supletoriamente, por esta ley. Primero se aplica la normativa propia de esas infraestructuras, y la Ley Orgánica 4/2015 entra en lo que aquella no regule. No las excluye de su ámbito, ni se aplica por delante ni a la par.

El art. 7.1 obliga a todas las autoridades y funcionarios públicos que, por razón de su cargo, conozcan hechos que perturben gravemente la seguridad ciudadana, o de los que racionalmente pueda inferirse que la perturbarán, a ponerlo inmediatamente en conocimiento de la autoridad competente. El deber nace ya con la previsión: no hay que esperar a que la perturbación ocurra. Tampoco admite intermediarios que decidan si se informa, y el precepto no le encarga adoptar medidas por su cuenta.

La disposición adicional sexta enumera cuatro letras: centrales nucleares, petroquímicas, refinerías y depósitos de combustible; puertos, aeropuertos y demás infraestructuras de transporte; los servicios de suministro y distribución de agua, gas y electricidad, y las infraestructuras de telecomunicaciones. Los hospitales, los centros educativos y las instalaciones deportivas no están en la lista. La definición vale a los efectos de los arts. 35.1 y 36.9.

El art. 4.1 enumera siete principios: legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad, y somete además ese ejercicio al control administrativo y jurisdiccional. La eficiencia está en la lista. La jerarquía y la objetividad vienen del art. 103.1 de la Constitución, que rige a toda la Administración, y no figuran en el art. 4.1; tampoco la publicidad.

El art. 2.3 pone como ejemplos de regímenes propios la seguridad aérea, marítima, ferroviaria, vial o en los transportes, y añade que quedan, en todo caso, salvaguardadas las disposiciones referentes a la defensa nacional y la regulación de los estados de alarma, excepción y sitio. La protección civil, las ordenanzas municipales y el régimen disciplinario policial no figuran en esa salvaguarda.

El art. 5.1 la atribuye al Gobierno, a través del Ministerio del Interior y de los demás órganos y autoridades competentes y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a sus órdenes, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones. Los Delegados del Gobierno son autoridades competentes (art. 5.2.d), pero el art. 5.1 no les encomienda esa política; tampoco al Ministerio de Defensa ni a las Cortes Generales.

El último fin del art. 3, la letra i), es la transparencia en la actuación de los poderes públicos en materia de seguridad ciudadana. El distractor tentador mezcla fines con principios: la eficacia y la proporcionalidad son principios rectores del art. 4.1, que rigen cómo se ejercen las potestades, pero no figuran en la lista de fines del art. 3. La celeridad no aparece en ninguno de los dos artículos.

El art. 4.3 exige una amenaza concreta o un comportamiento objetivamente peligroso que, razonablemente, sea susceptible de provocar un perjuicio real para la seguridad ciudadana. Lo que lo separa de los distractores es lo concreto y lo objetivo: el precepto no se conforma con un riesgo potencial, la alarma social o una conducta reprobable, ni condiciona la intervención a una denuncia o a un requerimiento previos.

El art. 1.1 la presenta como requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y dice que su salvaguarda, «como bien jurídico de carácter colectivo», es función del Estado, con sujeción a la Constitución y a las Leyes. Que sea condición de los derechos fundamentales no la convierte en uno de ellos: la ley la califica de colectiva. Tampoco es un bien patrimonial, y que su salvaguarda sea función del Estado no la hace «institucional»: la ley no la califica así.