El DNI, el pasaporte y la identidad de los extranjeros

El artículo 11.2 solo permite exceptuar el derecho al pasaporte en cuatro circunstancias, y en todas interviene un órgano judicial; una de ellas, la letra c), es tener impuesta una medida de libertad vigilada con prohibición de abandonar el territorio nacional. Una prohibición de salir de España que no venga de un juez no está en la lista, como tampoco lo están estar investigado sin que el juez haya acordado nada sobre el pasaporte o deber una multa.

El artículo 11.3 condiciona el pasaporte de quien está sujeto a patria potestad o a tutela al consentimiento expreso de las personas u órgano que la ejercen o, en su defecto, del órgano judicial competente. El Ministerio Fiscal no aparece en el artículo, y ni el Registro Civil ni la oficina que tramita el pasaporte pueden suplir un consentimiento que la ley pide a quienes ejercen la patria potestad o la tutela, o al juez.

El artículo 9.2 manda dar cuenta de la sustracción o el extravío del DNI, tan pronto como sea posible, a la comisaría de Policía o al puesto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad más próximo. No se comunica a la oficina que lo expidió, ni al Registro Civil, ni al juzgado de guardia.

El artículo 9.1 lo hace obligatorio a partir de los catorce años. Antes de esa edad también puede tenerse, porque el artículo 8.1 reconoce a los españoles el derecho a que se les expida, pero nadie está obligado a obtenerlo. Ni los doce, ni los dieciséis, ni los dieciocho años son la edad de la obligación en esta ley.

El artículo 10 atribuye al Ministerio del Interior la competencia exclusiva sobre la confección y la expedición del DNI, y dice que la ejerce la Dirección General de la Policía, a la que corresponden también la custodia y la responsabilidad de los archivos y ficheros del documento. No es la Dirección General de la Guardia Civil, ni la Secretaría de Estado de Seguridad, ni las Delegaciones del Gobierno.

El artículo 12.1 reparte la expedición del pasaporte según dónde se pida, y en el extranjero la atribuye a las Representaciones Diplomáticas y Consulares de España. No la hacen los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, ni la policía por medio de agregados, ni las autoridades del país en que reside.

La disposición adicional tercera hace obligatoria la comparecencia del interesado para obtener el DNI y el pasaporte, y admite una sola excepción: el pasaporte provisional pedido en una misión diplomática u oficina consular española, cuando razones justificadas y acreditadas de enfermedad, riesgo, lejanía u otras análogas impiden o dificultan gravemente comparecer. El DNI no tiene excepción, y el pasaporte pedido en España tampoco.

Desde la reforma del Real Decreto-ley 14/2019, el artículo 8.1 dice que el DNI es el único documento con valor suficiente por sí solo para acreditar, a todos los efectos, la identidad y los datos personales de su titular. «Salvo prueba en contrario» es lo que el artículo 11.1 dice del pasaporte, no del DNI. Y su valor no queda limitado a los procedimientos administrativos ni depende del certificado de firma electrónica: identificarse y firmar electrónicamente es algo que el documento permite además, según el artículo 8.3.

Además de a los mayores de edad con plena capacidad de obrar, el artículo 8.3 reconoce estas dos facultades a los menores emancipados, y a ningún otro menor. Una edad por sí sola, sea la de catorce o la de dieciséis años, no las abre a un menor que no esté emancipado, ni tampoco la autorización de sus padres: lo que cuenta es la emancipación.

El artículo 11.1 dice que el pasaporte acredita, salvo prueba en contrario, la identidad y la nacionalidad de los españoles fuera de España, y dentro del territorio nacional las mismas circunstancias de los españoles no residentes. Dentro de España no cumple esa función para todos los españoles, sino para los que no residen en ella; y acredita la identidad tanto como la nacionalidad.

El artículo 13.3 obliga a los extranjeros a exhibir su documentación cuando la autoridad o sus agentes se la piden, pero si no la llevan consigo pueden demostrar su identidad por cualquier otro medio. No quedan exentos de identificarse ni pueden negarse a hacerlo hasta tenerla, y el artículo no les da derecho a exigir que los agentes acudan a su consulado.

El artículo 13.2 dice que los extranjeros no podrán ser privados de su documentación de origen salvo en el curso de investigaciones judiciales de carácter penal. Una infracción leve, la caducidad del documento o una petición de su consulado no están entre las salvedades de este artículo. Otra cosa es la retirada del pasaporte como medida cautelar en un expediente sancionador que pueda acabar en expulsión, que prevé aparte el artículo 61.1.c) de la Ley Orgánica 4/2000, de extranjería.

El artículo 13.1 da a los extranjeros que están en España el derecho y la obligación de conservar y portar consigo dos documentaciones: la que acredita su identidad, expedida por las autoridades competentes de su país de origen o de procedencia, y la que acredita su situación regular en España. El padrón, los medios económicos o la afiliación a la Seguridad Social no forman parte de lo que este artículo les manda llevar.

El artículo 8.2 solo nombra dos cosas que han de figurar en el DNI: la fotografía y la firma de su titular. Los demás datos personales los deja al reglamento, con dos límites: que respeten la intimidad y que en ningún caso se refieran a la raza, la religión, la ideología, la afiliación política o sindical y las demás circunstancias que enumera. La ley no nombra el nombre, el domicilio, el lugar de nacimiento ni el número.

Según el artículo 8.3, el certificado lo revoca el prestador de servicios de certificación, y lo hace a instancia del Ministerio del Interior. El reparto no se invierte: el Ministerio no revoca el certificado ni actúa a petición del prestador, y el Registro Civil no se dirige al prestador para que lo revoque.