Las infracciones y las sanciones de la seguridad ciudadana

El art. 32.1 reparte la potestad sancionadora de la Administración General del Estado por la clase y el grado de la infracción, y la cumbre de la escala, las muy graves en grado máximo, se la da al Ministro del Interior. El Secretario de Estado de Seguridad tiene asignados, en el mismo apartado, otros grados de infracción, y ni el Consejo de Ministros ni el Director General de la Policía figuran en la lista.

El art. 31.1 ordena las reglas: primero el precepto especial se aplica con preferencia al general; después, el más amplio o complejo absorbe al que sanciona las infracciones consumidas en él; y solo en defecto de esos dos criterios el precepto más grave excluye a los que sancionan el hecho con una sanción menor. Es, por tanto, la regla de cierre, no la primera. Por eso no desplaza al precepto especial aunque este prevea una sanción menor. Y no exige que los dos preceptos sean de la misma ley: el encabezado habla de preceptos «de esta u otra Ley».

El art. 35.3 califica como muy grave celebrar espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por razones de seguridad pública. Las otras tres conductas, también propias de locales y establecimientos, están en el art. 36, que enumera las graves: la perturbación de la seguridad ciudadana en espectáculos deportivos o culturales (36.1), la negativa de acceso a las inspecciones (36.13) y la tolerancia del consumo de drogas por los encargados (36.19).

El art. 42.3 hace responder a los padres, tutores, curadores, acogedores o guardadores legales o de hecho solidariamente con el menor de dieciocho años no emancipado: se les puede reclamar el todo, sin esperar a que el menor no pague y sin repartir por partes. La Ley no condiciona esa responsabilidad a que se pruebe una falta de vigilancia.

El art. 30.2 declara exentos de responsabilidad a los menores de catorce años, pero no deja el hecho sin respuesta: la autoridad competente lo pone en conocimiento del Ministerio Fiscal, para que inicie, en su caso, las actuaciones oportunas. Como el menor está exento, no hay multa que imponerle, ni en grado mínimo ni trasladada a sus padres; y la Ley no encarga esa comunicación a los servicios sociales.

El grado máximo no se alcanza sumando circunstancias de forma automática: el art. 33.2 lo reserva a los hechos de especial gravedad, y exige justificarlo atendiendo al número y la entidad de las circunstancias concurrentes y a los criterios del mismo apartado. Concurrir dos circunstancias del grado medio, o una multa anterior, puede pesar en esa valoración, pero no lleva por sí solo al máximo.

Lo que separa los dos apartados es a quién se dirige la luz. El art. 35.4 la hace muy grave cuando se proyecta sobre pilotos o conductores de medios de transporte, porque puede deslumbrarles y provocar accidentes. Proyectarla sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar sus funciones es la leve del art. 37.6. El tipo de aparato no cuenta: los dos dicen «mediante cualquier tipo de dispositivo».

El art. 37.13 califica como leves los daños o el deslucimiento de bienes de uso o servicio público, y de bienes privados en la vía pública, si no son infracción penal. Obstaculizar la vía pública con mobiliario, vehículos o contenedores causando una alteración grave de la seguridad ciudadana (36.3), impedir u obstaculizar los servicios de emergencia con riesgo (36.5) y los actos de obstrucción a una autoridad o un empleado público (36.4) son graves.

El art. 32.1.b) da al Secretario de Estado de Seguridad las infracciones muy graves en grado medio y en grado mínimo. El grado máximo de las muy graves lo reserva la letra a) a otro órgano, y las graves, en todos sus grados, no son suyas: la letra c) las atribuye a otro órgano junto con las leves.

El art. 39.1 fija la multa de las graves de 601 a 30.000 euros; la de las leves va de 100 a 600. Los tramos de 601 a 10.400 y de 10.401 a 20.200 euros no son la multa de las graves, sino sus grados mínimo y medio (art. 39.1.b).

El art. 37.17 hace leve el consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana: el adverbio no lo sube de clase. Las conductas con drogas son graves: el consumo o la tenencia ilícitos en lugares públicos (36.16), el traslado de personas para facilitarles el acceso (36.17) y la plantación o el cultivo visibles al público (36.18).

El art. 37.11 no deja a la apreciación del agente qué es negligencia en la custodia de la documentación personal: lo define como la tercera y posteriores pérdidas o extravíos en el plazo de un año. La segunda pérdida en ese año todavía no es infracción por este apartado; la tercera ya es leve.

El art. 36.10 castiga como grave portar, exhibir o usar armas prohibidas, o hacerlo de modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso aunque se tenga licencia, si no es infracción penal. Exhibir objetos peligrosos con ánimo intimidatorio (37.2), descuidar la conservación de la documentación de las armas (37.8) y dejar sueltos animales feroces o dañinos (37.16) son leves.

El art. 36.6 recoge entre las graves, junto a la desobediencia y la resistencia que no sean delito, la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes y la alegación de datos falsos al identificarse. Las otras tres conductas del trato con los agentes y con la documentación son leves: las faltas de respeto (37.4), los haces de luz sobre agentes (37.6) y la negativa a entregar la documentación retirada (37.12).

El art. 31.2 no suma sanciones: cuando un solo hecho constituye varias infracciones, o una es medio necesario para cometer otra, la conducta se sanciona por la infracción que aplique una mayor sanción. Tampoco se imponen todas por separado, ni obliga a imponerla en grado máximo: el grado se decide con las reglas de graduación del art. 33.

La conducta es la misma en los dos artículos; cambia el resultado. El art. 35.1 la hace muy grave cuando se ha generado un riesgo para la vida o la integridad física de las personas. Una interferencia grave en el funcionamiento de la instalación es justo la condición del art. 36.9, que la deja en grave. El sobrevuelo no eleva nada: los dos apartados lo incluyen expresamente en la intrusión.

El art. 36.8 califica como grave perturbar el desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando no sea infracción penal. Las otras tres conductas, aunque ocurran en una reunión o manifestación, son leves: celebrar una reunión incumpliendo los requisitos de la Ley Orgánica 9/1983 (37.1), los actos de exhibición obscena que no sean infracción penal (37.5) y escalar un monumento sin autorización con riesgo cierto de daños (37.14).

Prescriben dos cosas distintas: la infracción, que cuenta desde que se cometió (art. 38), y la sanción ya impuesta, que según el art. 40.1 cuenta desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza en vía administrativa la resolución que la impone. No basta con notificarla, y la inscripción en el Registro Central no marca ningún plazo de prescripción.

El art. 39.2.c) admite la suspensión por infracciones muy graves (de seis meses y un día a dos años) y también por las graves (hasta seis meses), sin exigir reincidencia: la reincidencia solo alarga esos plazos. Las leves no la llevan. Y en todo caso cabe solo en las materias del capítulo IV, las potestades especiales de policía administrativa de seguridad.

El art. 43.1 crea el Registro Central en el Ministerio del Interior a efectos exclusivamente de apreciar la reincidencia en las infracciones de esta Ley. No es un registro de antecedentes que se certifique, ni sirve para dar publicidad a los infractores ni para cobrar las multas.