El control de armas, explosivos, establecimientos y espectáculos

El art. 27.2 da a las autoridades dos medidas según el momento: prohibir el espectáculo y, «en caso de estar celebrándose», suspenderlo. Basta un peligro cierto para personas y bienes, o graves alteraciones de la seguridad ciudadana ocurridas o previstas. Que ya haya empezado no cierra la puerta, y el artículo no pide ninguna autorización judicial para suspenderlo.

La disposición adicional primera saca de esta ley el control de los precursores de drogas y explosivos: tanto el otorgamiento de licencias de actividad como el régimen sancionador por infringir las disposiciones comunitarias e internacionales de vigilancia de su comercio se rigen por sus legislaciones específicas. No se aplica el régimen sancionador de la propia Ley Orgánica 4/2015, ni la legislación de seguridad privada, ni una normativa autonómica. Ojo: la disposición habla de precursores, no de los explosivos catalogados, cuya fabricación, comercio o tenencia sin cumplir la normativa sí tipifica esta ley como infracción (artículos 35.2 y 36.12).

El art. 28.1 atribuye al Gobierno tres cosas: regular los requisitos y condiciones de las armas, sus imitaciones, réplicas y piezas fundamentales; regular los de explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos, y adoptar las medidas de control para que se cumplan. El Ministerio del Interior aparece en el apartado siguiente, pero para la intervención de armas, no para regular sus requisitos; y la ley no deja esa regulación ni a Defensa ni a las Cortes.

El art. 25.1 no habla de cualquier acceso a servicios telefónicos o telemáticos, sino del que se da comercialmente «mediante establecimientos abiertos al público»: el local al que cualquiera entra a llamar o a conectarse. Lo que cuenta es el establecimiento abierto, no quién es el titular de la red, ni que el local esté en una estación, ni la forma de pago del terminal.

El art. 27.3 permite a los delegados de la autoridad suspender el espectáculo por razones de máxima urgencia, en los supuestos del apartado anterior, con un único requisito previo: el aviso a los organizadores. No necesitan la conformidad de quien los designó, ni la firma de los organizadores, ni desalojar antes al público.

El art. 25.1 enumera, «como» ejemplos, actividades relevantes para la seguridad ciudadana: hospedaje, transporte de personas, comercio o reparación de objetos usados, alquiler o desguace de vehículos de motor, compraventa de joyas y metales, objetos u obras de arte, cerrajería de seguridad, centros gestores de residuos metálicos, establecimientos de comercio al por mayor de chatarra o productos de desecho y venta de productos químicos peligrosos. Lo telefónico que nombra no es vender teléfonos, sino dar acceso comercial a servicios telefónicos o telemáticos; ni los trasteros ni los aparcamientos están en la lista.

Para conceder estas licencias se tienen en cuenta la conducta y los antecedentes del interesado, y por eso el art. 29.1.b) exige que el solicitante consienta expresamente, a favor del órgano de la Administración General del Estado que tramita su solicitud, que se recaben sus antecedentes penales. El consentimiento que pide la ley es ese; no menciona inspecciones del lugar de custodia, ni el historial médico, ni la actividad deportiva.

El art. 25.2 añade a las actividades del 25.1 dos clases de titulares de vehículos, y solo dos: los de embarcaciones de alta velocidad y los de aeronaves ligeras. Lo que lleva a una embarcación a la lista es la alta velocidad, no la eslora; ni las motocicletas ni las autocaravanas aparecen en el artículo.

El art. 26 nombra dos ámbitos: los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios, «así como» las infraestructuras críticas, y lo enlaza con la legislación de infraestructuras críticas, la de seguridad privada y otra normativa sectorial. Ni las viviendas, ni los centros docentes, ni los autobuses de viajeros aparecen en el artículo.