La identificación, los registros y las reuniones y manifestaciones

El artículo 21 atribuye estas medidas —cierre o desalojo de locales, prohibición del paso, evacuación, depósito de explosivos— a las autoridades competentes, en situaciones de emergencia, y permite que las adopten los agentes «si la urgencia de la situación lo hiciera imprescindible, incluso mediante órdenes verbales». No exige una desobediencia previa del local, ni depende de su licencia ni de lo que pida su titular.

El 15.4 manda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que, cuando entren en un domicilio particular por las causas de ese artículo, remitan sin dilación el acta o atestado a la autoridad judicial competente. El destinatario no es el Ministerio Fiscal ni la Delegación del Gobierno, y la ley no prevé entregarlo al titular y archivarlo.

El 19.2 manda que la aprehensión conste en un acta que debe firmar el interesado y, si se niega, que se deje constancia expresa de su negativa. Su firma no se sustituye por otra, la negativa no permite retenerlo hasta que firme y el acta no va al juez para recabarla.

El 16.1 permite requerir la identificación en dos supuestos: cuando hay indicios de que la persona ha podido participar en la comisión de una infracción (letra a) y cuando, por las circunstancias, se considera razonablemente necesario que acredite su identidad para prevenir un delito (letra b). No llevar el DNI, la petición de un ciudadano o figurar en un fichero policial no son supuestos del artículo.

El 20.4 permite practicar el registro contra la voluntad del afectado, con las medidas de compulsión indispensables y conforme a tres principios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad. La celeridad no está entre ellos.

El 15.3 dice que para entrar en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas no es preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario que los tenga a su cargo, así que su oposición no frena la entrada. El artículo no hace depender esa entrada de la autorización del superior del funcionario ni de la del Delegado del Gobierno.

La excepción que admite el 20.2 es una sola: la urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes. No la abren la falta de agentes del mismo sexo en la unidad, el consentimiento de la persona registrada ni el riesgo de que se pierdan pruebas.

Como regla, el 20.2.a manda que el registro lo haga un agente del mismo sexo que la persona registrada, y eso no depende de que ella lo pida ni de que no se oponga. El lugar reservado es otra garantía, la del 20.2.b, para cuando el registro deja a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por la ropa, y no sustituye a la del sexo.

El 20.2.b manda que, cuando el registro deja a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa, se deje constancia escrita de la diligencia, de sus causas y de la identidad del agente que la adoptó. No pide hacer constar un consentimiento de la persona registrada, un permiso del jefe de la unidad ni una comunicación al juez.

El 17.2 permite establecer controles para prevenir delitos «de especial gravedad o generadores de alarma social», y también para descubrir y detener a quienes hayan participado en ellos y recoger los instrumentos, efectos o pruebas. El criterio no es la clase de pena, ni que el autor sea una organización, ni una orden del Delegado del Gobierno.

El 17.2 condiciona el control a que «resulte indispensable» identificar a las personas que estén en esos lugares, registrar vehículos o controlar superficialmente los efectos personales. No exige autorización judicial ni acuerdo escrito de la autoridad gubernativa, ni que el delito se haya cometido en esa vía: el control también sirve para prevenir.

Como regla, el 23.3 obliga a avisar antes a los afectados, de palabra si la urgencia lo exige. Pero si la seguridad ciudadana se altera con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligrosos —y los adoquines lo son—, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden disolverla sin necesidad de previo aviso. Ese aviso, que es la regla del primer párrafo del 23.3, deja de ser necesario cuando la alteración se produce con objetos contundentes o peligrosos; y la ley no lo hace depender de que la manifestación se hubiera comunicado.

El 20.1 exige indicios racionales para suponer que el registro puede conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para las funciones de indagación y prevención. Negarse a identificarse o estar en una zona de seguridad no bastan por sí, y el artículo no pide la autorización escrita del jefe de la unidad.

El artículo 22 exige que las cámaras, fijas o móviles, estén legalmente autorizadas, de acuerdo con la legislación vigente en la materia. No pide una autorización judicial ni del Ministerio Fiscal en cada caso, y no habla de cámaras cedidas por empresas de seguridad privada.

El artículo 14 permite a las autoridades competentes, de conformidad con las leyes y los reglamentos, dictar las órdenes y prohibiciones y disponer las actuaciones policiales estrictamente necesarias para los fines de la ley, y fija la forma: una resolución debidamente motivada. No las supedita a un informe del Ministerio Fiscal ni a un acuerdo de una Junta de Seguridad, y no habla de bandos.

El 16.2 limita la permanencia al tiempo estrictamente necesario, que «en ningún caso» puede superar las seis horas. Es un techo, no un plazo que se pueda agotar: si la identificación se logra antes, la permanencia termina antes.

El 16.4 manda expedirle a su salida un volante acreditativo del tiempo de permanencia, la causa y la identidad de los agentes actuantes. La ley no prevé darle copia del asiento del libro-registro, ni un acta firmada por ella y el agente, ni una diligencia de puesta en libertad.

El artículo 24 remite la colaboración mutua de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en reuniones y manifestaciones a «su Ley orgánica reguladora», que es la Ley Orgánica 2/1986. No la remite a la ley orgánica del derecho de reunión, ni a lo que decidan los organizadores o el jefe de una unidad.

El 16.1 manda respetar estrictamente en la identificación tres principios: proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación. La injerencia mínima no está en esa lista: es el principio que el artículo 20.3 suma a esos tres para los registros corporales externos.

El libro-registro solo admite asientos relacionados con la seguridad ciudadana, y el 16.3 cierra quién puede recibir sus datos: la autoridad judicial competente y el Ministerio Fiscal. La autoridad gubernativa y la policía local no figuran. Al Fiscal, además, la Administración le remite cada mes un extracto de las identificaciones con el tiempo empleado en cada una.