El procedimiento sancionador

El art. 47.1 manda a los agentes intervenir y aprehender cautelarmente los instrumentos de la infracción y el dinero, los frutos o los productos directamente obtenidos, y los mantiene en los depósitos establecidos al efecto o bajo custodia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mientras se tramita el procedimiento sancionador, o hasta que se resuelva su devolución o se decrete su comiso. Esta aprehensión no necesita que el acuerdo de incoación la ratifique, el interesado no la levanta prestando caución, y el artículo no le pone un plazo en meses.

Con el pago, el art. 54.3.c da por terminado el procedimiento ese mismo día, sin necesidad de resolución expresa, y deja la sanción recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: no hay recurso administrativo previo, ni de alzada ni de reposición.

El art. 45.2 obliga al órgano administrativo, cuando los hechos pueden ser delito, a pasar el tanto de culpa a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal y a abstenerse mientras dure la vía penal: hasta la sentencia firme u otra resolución que la cierre, o hasta que el Fiscal acuerde no iniciarla o no proseguirla. La misma frase añade que hasta entonces el plazo de prescripción queda interrumpido, por la propia ley: no hace falta que nadie lo pida. Si siguiera corriendo, la infracción podría prescribir mientras la Administración tiene prohibido actuar.

El art. 49.5 hace ejecutivas las medidas desde que se adoptan, pero deja pedir su suspensión si se justifican dos cosas a la vez: la apariencia de buen derecho y la existencia de daños de difícil o imposible reparación, prestando, en su caso, caución suficiente. Que la medida sea proporcionada y el acuerdo motivado lo exige el art. 49.1 a quien la adopta, pero no es lo que el interesado tiene que justificar para suspenderla.

Cerrada la vía penal sin ilícito penal, el art. 45.3 permite iniciar o proseguir el procedimiento sancionador, y lo que deja atado al órgano administrativo son los hechos declarados probados en vía judicial. El artículo no habla de la calificación jurídica que haga el juez, ni de lo que proponga o dé por acreditado el Ministerio Fiscal: el vínculo es con los hechos, y con los que se declararon probados en vía judicial.

El art. 49.3 mide el tope con la sanción, no con la prescripción: las medidas provisionales no pueden durar más de la mitad del plazo que la propia Ley prevé para la sanción que pudiera corresponder a la infracción cometida. Es la regla, y por eso la pregunta dice «como regla»: el órgano competente puede superarla con un acuerdo debidamente motivado. Ni el tercio ni la referencia a la prescripción están en el artículo.

La primera consecuencia que el art. 54.3 anuda al pago voluntario en plazo es la reducción del 50 por ciento del importe de la multa. Es una cifra propia de esta Ley, distinta de la reducción por pago voluntario del art. 85.3 de la Ley 39/2015, y no hay que confundirlas. Ni el 20, ni el 30, ni el 40 por ciento figuran en el artículo.

El art. 52 da a lo que formulan los agentes que presenciaron los hechos el valor de base suficiente para adoptar la resolución que proceda: sirve para resolver, no solo para abrir el procedimiento. Pero cede ante la prueba en contrario, y por eso los agentes deben aportar además al expediente todos los elementos probatorios de que dispongan.

El art. 47.1 da una salida propia a los bienes fungibles aprehendidos por los agentes: si guardarlos cuesta más de lo que valen en venta, se destruyen o se les da el destino adecuado, por el procedimiento que fije el reglamento. El criterio es económico: no depende del espacio del depósito, ni de la decisión del agente, ni del cauce por el que se tramite el procedimiento.

El art. 48.3 no hace ninguna salvedad: las actuaciones previas no interrumpen la prescripción, ni porque se comuniquen al presunto responsable ni porque consten por escrito. Son indagaciones anteriores a la incoación, y mientras se practican el plazo de prescripción sigue corriendo.

El art. 54.1 da al interesado quince días desde la notificación del acuerdo de incoación, y es el mismo plazo para elegir entre dos caminos: pagar voluntariamente con reducción, que lleva al procedimiento abreviado, o formular alegaciones y proponer o aportar pruebas, que sigue el ordinario. Diez, veinte o treinta días no figuran en el artículo.

Pagar en plazo concluye el procedimiento, y entre sus consecuencias el art. 54.3.b pone la renuncia a formular alegaciones: si ya se habían formulado, se tienen por no presentadas. Por eso no se resuelven, ni se reconducen a un recurso, ni quedan guardadas para impugnar después. Quien quiera discutir los hechos en el expediente tiene que no pagar con reducción y seguir el procedimiento ordinario.

El art. 50.1 hace caducar el procedimiento cuando pasa el plazo «sin que se haya notificado la resolución». No basta con dictarla: si se firma a tiempo pero se notifica después, el procedimiento ha caducado. Y la propuesta de resolución, dictada o notificada, no le pone fin. En el cómputo se tienen en cuenta, además, las paralizaciones imputables al interesado y la suspensión por un procedimiento penal.

El art. 50.1 cuenta el año «desde su incoación», es decir, desde que se acuerda iniciar el procedimiento, y no desde que ese acuerdo llega al interesado. La comisión de la infracción y la denuncia son anteriores a ese momento, a veces con actuaciones previas de por medio, y no cuentan para la caducidad, que mide cuánto puede durar el procedimiento ya abierto.

La caducidad acaba con el procedimiento, no con la infracción. El art. 50.2 dice que la resolución que la declara pone fin al procedimiento, «sin perjuicio» de que la Administración acuerde incoar uno nuevo mientras la infracción no haya prescrito. No exige hechos nuevos ni el consentimiento del interesado: el límite es la prescripción.