La dependencia de las unidades orgánicas de jueces y fiscales

El artículo 17 hace preceptivo el informe del juez, tribunal o fiscal del que dependen «en los casos en que los hechos objeto del expediente tengan relación directa con el desarrollo de la investigación», y le deja emitir además cualquier otro que considere oportuno durante la tramitación. Lo que activa el deber es el vínculo con la investigación que dirige, no la gravedad de la falta ni que lo pidan el expedientado o el instructor.

El artículo 17 le permite instar la concesión de recompensas «cuando estime que existen méritos para ello». La valoración es suya y no depende de un resultado: no hace falta que lo proponga el mando, que la investigación haya terminado ni que acabe en condena.

El artículo 14 hace derivar esa especial consideración de la adscripción de las Unidades a jueces, tribunales y fiscales y del carácter con que actúan por su encargo, como recoge la cita. No la funda en la formación de sus funcionarios ni en su dedicación permanente, y no exige que un juez ratifique después las diligencias para que la tengan.

El artículo 22 separa dos casos. Si la investigación pide grupos especializados ajenos a la Unidad o se extiende a varias provincias, el encargo sigue un conducto propio. Si se trata de adscribir de forma permanente a una investigación a funcionarios de la propia Unidad Orgánica, «en caso de discrepancia, resolverá el Jefe de la correspondiente Unidad Orgánica, previo informe de la Comisión Provincial de Coordinación de la Policía Judicial». La Comisión Provincial informa, pero no decide, y no resuelve el juez o fiscal que encarga la investigación.

El artículo 17 termina con una regla sin condiciones: «En todo caso, se le comunicará cualquier medida de suspensión cautelar o provisional del funcionario o los funcionarios policiales afectados». De lo demás recibe los testimonios de las resoluciones que recaigan, y cuando los hechos guardan relación directa con la investigación informa en el expediente; pero el real decreto no manda comunicarle en todo caso el nombramiento del instructor, el pliego de cargos ni la propuesta de resolución.

El artículo 10 no ata la dependencia funcional a un territorio ni a un turno: las Unidades Orgánicas y sus funcionarios dependen, en cada investigación, de los jueces, tribunales o miembros del Ministerio Fiscal «que estén conociendo del asunto objeto de su investigación». Tener la sede en la misma provincia o estar de guardia cuando empieza la investigación no decide nada, y no los señala el Jefe de la Unidad Orgánica.

El artículo 15 dice que la infracción del deber de reserva «será corregida disciplinariamente, sin perjuicio de otras responsabilidades a que la misma pudiere dar lugar»: la respuesta propia es disciplinaria y deja abiertas las demás. El artículo no pone esa sanción en manos de la autoridad judicial o fiscal, ni prevé como consecuencia la pérdida del diploma o la salida de la investigación.

El artículo 20 cubre el tramo anterior al proceso: cuando la Unidad investiga un supuesto concreto «con carácter previo a la apertura de la correspondiente actuación judicial», actúa «bajo la dependencia del Ministerio Fiscal», da cuenta a la Fiscalía correspondiente y esta puede asumir la dirección en cualquier momento. Comunicar el delito al juez o al fiscal, como manda la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es otra cosa: aquí se pregunta bajo la dependencia de quién se investiga mientras no hay causa. No es el juez de guardia, ni el mando policial, ni el Delegado del Gobierno.

El artículo 21 permite a la autoridad judicial o fiscal «ordenar que comparezcan ante su presencia, cuantas veces lo considere conveniente», los concretos funcionarios encargados de la investigación, para impartirles instrucciones, indicarles líneas de actuación y controlar sus cometidos o la evolución de lo que investigan. No tiene que esperar a que termine, no tiene que comunicarlo antes a la Dirección General de su cuerpo y no pasa por ninguna Comisión.