La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

El art. 32 prohíbe el trabajo infantil y dice que la edad mínima de admisión al trabajo no podrá ser inferior a la edad en que concluye el período de escolaridad obligatoria, sin perjuicio de disposiciones más favorables para los jóvenes y salvo excepciones limitadas. El límite no es la capacidad para contratar ni la mayoría de edad, sino el fin de la escolaridad obligatoria; y la Carta no deja a la Unión fijar una edad común para todos los Estados: remite a la escolaridad obligatoria de cada caso.

El preámbulo manda interpretar la Carta atendiendo debidamente a las explicaciones elaboradas bajo la autoridad del Praesidium de la Convención que la redactó, y actualizadas bajo la del Praesidium de la Convención Europea; el art. 52.7 lo repite. Esas explicaciones guían la interpretación, pero no forman parte del articulado. El preámbulo no menciona las conclusiones de los abogados generales, los informes de ninguna agencia ni las observaciones de un comité de las Naciones Unidas.

El art. 37 integra y garantiza en las políticas de la Unión un nivel elevado de protección del medio ambiente conforme al principio de desarrollo sostenible. La Carta habla de buena administración (art. 41), de proporcionalidad (art. 52.1) y de cohesión territorial (art. 36), pero no en el artículo del medio ambiente.

El título IV, «Solidaridad», empieza con el art. 27, la información y consulta de los trabajadores en la empresa, y reúne los derechos del trabajo y la protección social hasta el art. 38. Libertades (título II) es donde están la libertad profesional, el derecho a trabajar y la libertad de empresa; Igualdad (título III) y Ciudadanía (título V) no recogen derechos de los trabajadores en la empresa.

El art. 10.2 reconoce la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio: la Carta lo enuncia, pero son las leyes de cada Estado las que dicen cómo se ejerce. No lo remite al Derecho de la Unión ni a otro tratado, y tampoco lo reconoce sin remisión a ninguna ley.

El art. 46 permite al ciudadano de la Unión que está en un tercer país donde no está representado su Estado acogerse a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro, en las mismas condiciones que los nacionales de ese Estado. No hace falta un acuerdo entre los dos Estados, Italia no puede ponerle condiciones distintas de las de sus nacionales, y el artículo no encomienda esa protección a una delegación de la Unión.

El art. 15.3 les reconoce unas condiciones laborales equivalentes a las que disfrutan los ciudadanos de la Unión. Buscar empleo, trabajar, establecerse o prestar servicios en cualquier Estado miembro es lo que el 15.2 reconoce a todo ciudadano de la Unión, no a ellos. El artículo no extiende su autorización de trabajo a los demás Estados ni deja sus condiciones a lo que cada Estado fije para los extranjeros: las ata a las de los ciudadanos de la Unión.

El art. 17.1 solo permite privar a alguien de su propiedad por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio de una justa indemnización por su pérdida, pagada en un tiempo razonable. No habla de valor de mercado ni exige pagar antes de la privación, no prevé compensar con otro bien y no deja la cuantía al arbitrio de cada Estado: la indemnización ha de ser justa.

El art. 21.2 no prohíbe sin más distinguir por nacionalidad: lo prohíbe en el ámbito de aplicación de los Tratados y sin perjuicio de sus disposiciones particulares. Fuera de ese ámbito no rige, y dentro de él valen las reglas especiales que los propios Tratados establezcan. El artículo no lo extiende a toda actuación pública, no lo limita a quien reside o trabaja en otro Estado miembro ni lo reduce al empleo y la seguridad social.

El art. 42 reconoce el acceso a los documentos de las instituciones de la Unión a todo ciudadano de la Unión y a toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, cualquiera que sea su soporte. Basta el domicilio social de la sociedad: la nacionalidad de sus socios no cuenta, el derecho no se limita a los documentos que le conciernan y no depende de que la institución aprecie un interés.

El art. 24.3 reconoce ese derecho salvo si ello es contrario a los intereses del niño: la única excepción es su interés. El acuerdo de los padres no basta para suprimirlo, vivir en otro Estado no lo excluye, y la opinión del niño, que el 24.1 manda tener en cuenta según su edad y madurez, no es por sí sola la excepción.

El art. 18 garantiza el asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, y de conformidad con los Tratados de la Unión. Son los textos del estatuto de refugiado; el artículo no remite para el asilo a ninguno de los otros tres.

La segunda frase del art. 8.2 reconoce a toda persona dos derechos sobre los datos recogidos que la conciernan: acceder a ellos y obtener su rectificación. Son los dos únicos que nombra la Carta; la oposición al tratamiento y la supresión no están en su art. 8.

El art. 41.4 permite dirigirse a las instituciones de la Unión en cualquiera de las lenguas de los Tratados y obliga a contestar en esa misma lengua. La respuesta no depende de la lengua de trabajo de la institución ni de la del Estado de residencia o de nacionalidad: la elige quien escribe.

El párrafo segundo del art. 23 dice que el principio de igualdad no impide mantener o adoptar medidas que supongan ventajas concretas en favor del sexo menos representado. El criterio es cuál de los dos lo está, no que se trate de mujeres, y el artículo no exige que las medidas sean temporales ni que las autorice una norma de la Unión.

La Carta reconoce ese derecho, en el Estado miembro de residencia y en las mismas condiciones que sus nacionales, en dos elecciones: las del Parlamento Europeo (art. 39.1) y las municipales (art. 40). No lo extiende a las legislativas ni a las regionales del Estado en que se reside.

El art. 51.1 dirige la Carta a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros «únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión». Cuando un Estado actúa en lo suyo, sin aplicar Derecho de la Unión, la Carta no le obliga; y no depende de que su constitución o una ley suya la acepten.

Los principios de la Carta se aplican mediante actos legislativos y ejecutivos de la Unión, y de los Estados miembros cuando aplican el Derecho de la Unión. Según el art. 52.5, ante un juez solo pueden alegarse para interpretar esos actos y controlar su legalidad: no dan una prestación que se pueda reclamar directamente, ni permiten exigir que se dicten los actos ni pedir una indemnización porque falten.

El derecho a una buena administración del art. 41.1 se dirige a las instituciones, órganos y organismos de la Unión: son ellos los que deben tratar los asuntos de cada persona con imparcialidad, equidad y en un plazo razonable. El artículo no nombra a las administraciones de los Estados miembros ni a los tribunales, y no se limita a la Comisión.