El Convenio Europeo de Derechos Humanos: los derechos y libertades

El art. 4.3 saca del trabajo forzado cuatro casos, y el de la letra c) es el servicio exigido cuando una emergencia o calamidad amenace la vida o el bienestar de la comunidad. La letra a) habla del trabajo de quien está privado de libertad o en libertad condicional, no en libertad provisional; y ni las deudas civiles ni los trámites de extranjería figuran en la lista.

El art. 5.5 da a toda víctima de una detención o de un internamiento contrarios al artículo «derecho a una reparación». No le reconoce la cancelación de sus antecedentes, la sanción de los agentes ni la nulidad del proceso: el derecho que fija es el de ser reparada.

El art. 16 dice que ni la libertad de expresión (art. 10), ni las de reunión y asociación (art. 11), ni la prohibición de discriminación (art. 14) impiden a los Estados restringir la actividad política de los extranjeros. Es la única actividad que nombra: la religiosa, la económica y la profesional no aparecen en el artículo.

El art. 18 limita las restricciones por su fin: solo pueden aplicarse con la finalidad para la cual han sido previstas. No exige que las autorice antes el Tribunal ni un plazo máximo; y la guerra o el peligro público son el presupuesto de la derogación del art. 15, no de las restricciones que admiten artículos como el 8 o el 11.

La letra c) del art. 6.3 pone dos condiciones a la vez: que el acusado no tenga medios para pagar un defensor y que los intereses de la justicia lo exijan. No haber elegido defensor no basta: la condición es no tener medios. Y el Convenio no hace depender el abogado gratuito de la pena que se pida.

El art. 8.2 admite la injerencia prevista por la ley y necesaria, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la de los derechos y libertades de los demás. La integridad territorial y la información confidencial son fines del art. 10.2, el de la libertad de expresión, no de este; la eficacia de la Administración no figura en ninguno.

El art. 15.2 no autoriza ninguna derogación de los artículos 3 (la tortura), 4, párrafo 1 (la esclavitud y la servidumbre) y 7 (no hay pena sin ley), ni del 2 salvo en el caso que el propio apartado precisa. El artículo 5, la libertad y la seguridad, no está en esa lista, así que cabe derogarlo con las condiciones del apartado 1.

El art. 15.3 obliga a tener plenamente informado al Secretario General del Consejo de Europa de las medidas tomadas y de sus motivos, y a informarle también de la fecha en que dejen de estar en vigor. El Convenio no dirige esa información al Comité de Ministros ni a ningún órgano de las Naciones Unidas.

El art. 7.2 salva el juicio y el castigo de lo que, en el momento de cometerse, ya era delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Ese es el criterio que nombra el apartado: no la moral social dominante, ni una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ni la doctrina penal mayoritaria.

El art. 2.2 dice cuándo una muerte no viola el derecho a la vida, y reprimir conforme a la ley una revuelta o insurrección es uno de esos casos; derogar es otra cosa, y el art. 15.2 solo la admite para las muertes resultantes de actos lícitos de guerra. Tampoco basta con que la muerte ocurra durante la guerra ni con que la invoque la defensa de la nación.

El art. 6.1 separa dos cosas: la sentencia «debe ser pronunciada públicamente», y el acceso a la sala puede prohibirse a la prensa y al público durante todo el proceso o parte de él, por la moralidad, el orden público o la seguridad nacional, los intereses de los menores, la vida privada de las partes o, en circunstancias especiales, los intereses de la justicia. La declaración del acusado, la prueba y los informes son parte del proceso que puede celebrarse sin público.

La letra b) del art. 4.3 saca del trabajo forzado el servicio sustitutivo del militar obligatorio, pero solo «en los países en que la objeción de conciencia sea reconocida como legítima». El Convenio no lo hace depender de su duración, de dónde se preste ni de que el objetor lo pida: la condición es que el Estado reconozca la objeción.

El art. 13 da derecho a un recurso efectivo ante una instancia nacional «incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales». Que el autor sea un agente público no excluye el recurso ni lo desplaza: no hace falta que se haya salido de sus instrucciones, y el recurso que exige este artículo es ante una instancia nacional, no ante el Tribunal Europeo.

El art. 1 no pide nacionalidad ni residencia: basta con depender de la jurisdicción del Estado, así que alcanza también a los extranjeros que estén bajo ella. Por eso no se limita a los nacionales ni a quienes residan legalmente, y tampoco a los ciudadanos de los Estados del Consejo de Europa.

El art. 10.2 enumera los fines: la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la salud o la moral, la reputación o los derechos ajenos, impedir la divulgación de informaciones confidenciales y garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial. Ni los símbolos nacionales, ni las relaciones con otros Estados, ni la neutralidad de los funcionarios están en esa lista.

La letra c) del art. 5.1 admite la detención para llevar a la persona ante la autoridad judicial en dos casos: si hay indicios racionales de que ha cometido una infracción, o si se estima necesario para impedirle que la cometa o que huya después de haberla cometido. Registrar su domicilio, identificar a otros partícipes u obtener su confesión no son supuestos de esa letra.

El art. 2.2 enumera tres fines y ninguno más: defender a una persona contra una agresión ilegítima; detener a alguien conforme a derecho o impedir la evasión de un preso o detenido legalmente; y reprimir, de acuerdo con la ley, una revuelta o insurrección. La defensa que admite es la de una persona, no la de unos bienes; disolver una reunión no es reprimir una insurrección, y la identificación no está en la lista.

El art. 5.3 exige llevarla sin dilación ante un juez o ante otra autoridad habilitada por la ley para ejercer poderes judiciales. La autoridad gubernativa, el mando de la unidad que practicó la detención y el cónsul no ejercen poderes judiciales: no son la alternativa al juez que admite el artículo.

El art. 12 reconoce el derecho «a partir de la edad núbil», no desde la mayoría de edad, y lo sujeta a «las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho»: el Convenio no fija él mismo las condiciones del matrimonio, las deja a cada Estado.