La adopción

El 178.4 permite esa adopción abierta a propuesta de la Entidad Pública o del Ministerio Fiscal, y «con el consentimiento de la familia adoptiva y del adoptando». La familia de origen no tiene que consentir, ni sola ni junto a la adoptiva, aunque después puede pedir que se suspenda o se suprima la relación; y la Entidad Pública propone, no consiente.

Según el 176 bis.3, los tres meses para proponer la adopción solo se prorrogan cuando la Entidad Pública considere necesario, por la edad y las circunstancias del menor, un período de adaptación a la familia. Lo decide la Entidad Pública, no la autoridad judicial a petición de los guardadores ni el Ministerio Fiscal, y la oposición de los progenitores no es causa de prórroga.

El 175.2 empieza con la regla —«únicamente podrán ser adoptados los menores no emancipados»—, y ese es el distractor tentador, pero sigue con su excepción: cabe adoptar a un mayor de edad si, inmediatamente antes de la emancipación (y llegar a la mayoría de edad emancipa), hubo acogimiento con los futuros adoptantes «o de convivencia estable con ellos» de al menos un año. No hace falta que fuera un acogimiento formal, y tampoco hace falta propuesta de la Entidad Pública: el 176.2 la dispensa cuando el adoptando es mayor de edad.

El 180.6 reconoce el derecho a las personas adoptadas «alcanzada la mayoría de edad o durante su minoría de edad a través de sus representantes legales». No depende de que lo consientan los progenitores biológicos —la Entidad Pública solo les notifica antes de prestar su ayuda—, ni de una autorización judicial, ni del criterio de la Entidad Pública.

El 176 bis.3 cuenta los tres meses «desde el día en el que se hubiera acordado la delegación de guarda con fines de adopción». La declaración de idoneidad y la asignación vienen antes, y la notificación del desamparo es el día inicial de otro plazo, el de oponerse a esa declaración (172.2).

El 176.4 permite constituir la adopción aunque el adoptante haya muerto, en los casos 1.ª, 2.ª y 3.ª del 176.2 —aquí, el hijo del cónyuge—, si ya había consentido ante el Juez, en documento público o en testamento. Y fija el efecto: la resolución se retrotrae «a la fecha de prestación de tal consentimiento», no a la de la resolución. No depende de ninguna petición del Ministerio Fiscal.

El 177.2 lo cierra sin salvedad: «en las adopciones que exijan propuesta previa no se admitirá que el asentimiento de los progenitores se refiera a adoptantes determinados». Que la familia sea idónea no cambia nada, y la forma escrita e informada (177.4) es un requisito de todo asentimiento, no una vía para elegir adoptantes. No hay autorización judicial que lo permita.

El 176 bis.1, párrafo segundo, los equipara a los acogedores familiares: «tendrán los mismos derechos y obligaciones». Todavía no son padres adoptivos, porque la adopción no se ha constituido, ni tutores, y su estatuto no lo fija caso a caso la autoridad judicial: lo da la ley.

El 180.4 es claro: «La determinación de la filiación que por naturaleza corresponda al adoptado no afecta a la adopción». Saber quién es el padre o la madre biológicos no la extingue, no la suspende ni restablece los vínculos con la familia de origen que la adopción extinguió (178.1); la extinción del 180.2 tiene otro fundamento: el progenitor que, sin culpa, no intervino en el expediente.

Que la adopción sea irrevocable (180.1) no impide su extinción judicial: el 180.2 la acuerda a petición del progenitor que, sin culpa suya, no intervino en el expediente como exige el 177, si demanda dentro de los dos años siguientes a la adopción —han pasado ocho meses— y la extinción no perjudica gravemente al menor. No depende de que los adoptantes la acepten, y la acción no es del Ministerio Fiscal.

El 178.1 es tajante —«la adopción produce la extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia de origen»— y el 178.2 abre las excepciones, que son de la familia de un progenitor. Ni se suspenden ni se conservan a medias. Lo de los hermanos confunde dos planos: el 178.4 favorece mantener el contacto con los hermanos biológicos, pero eso no es conservar el vínculo jurídico.

El 176 bis.1 dice que la Entidad Pública, antes de presentar la propuesta, «delegará la guarda con fines de adopción hasta que se dicte la resolución judicial de adopción». Presentar la propuesta no la acaba: la guarda se delega antes y sigue mientras se tramita. Es una convivencia preadoptiva, no una medida que dure hasta la mayoría de edad.

El 180.1 lo dice en cinco palabras: «La adopción es irrevocable». Los distractores toman piezas de la extinción del 180.2, que es otra cosa y no está en manos de los adoptantes: la piden los progenitores que, sin culpa suya, no intervinieron en el expediente, dentro de los dos años siguientes a la adopción, y si el adoptado es mayor de edad requiere su consentimiento.

El 176.2 exige la propuesta previa de la Entidad Pública a favor de quienes «dicha Entidad Pública haya declarado idóneos», y añade que esa declaración «deberá ser previa a la propuesta»; el 176.3 dice que se formaliza por resolución de la propia Entidad Pública, tras una valoración psicosocial. La autoridad judicial (el Código dice «el Juez») tiene en cuenta la idoneidad al constituir la adopción, pero no la declara; ni el Ministerio Fiscal ni los servicios sociales municipales la declaran.

El 178.2.a) mantiene los vínculos con la familia del progenitor cuando el adoptado es hijo del cónyuge o de la pareja del adoptante, y lo dice expresamente: «aunque el consorte o la pareja hubiera fallecido». No hace falta pedirlo; la petición conjunta es la condición del otro caso, el 178.2.b), cuando solo hay un progenitor determinado. Y el contacto del 178.4 es otra cosa: aquí el vínculo jurídico ni siquiera se rompe.

Por regla, los progenitores no privados de la patria potestad asienten (177.2.2.º), y ese es el distractor tentador. Pero el mismo apartado exceptúa a los que la tienen suspendida cuando han transcurrido dos años desde la notificación del desamparo sin oponerse. El desamparo suspende la patria potestad; no priva de ella. Y como no están privados de ella y su asentimiento no hace falta, el 177.3.1.º obliga a oírlos.

El 175.3 dice quién no puede ser adoptado: un descendiente, un pariente «en segundo grado de la línea colateral por consanguinidad o afinidad» —un hermano o un cuñado— y el pupilo por su tutor hasta que se apruebe la cuenta general de la tutela. El tercer grado no impide adoptar, sea por consanguinidad o por afinidad, y el cuarto grado, un primo, tampoco está en la lista.

El 176.1 lo dice al empezar: «la adopción se constituirá por resolución judicial», que tendrá en cuenta siempre el interés del adoptando y la idoneidad de quien adopta. La Entidad Pública declara la idoneidad, propone y delega la guarda con fines de adopción, pero no adopta nada por resolución administrativa; y ni el notario ni el Registro Civil constituyen la adopción.

El último párrafo del 178.4 lo pide para que la adopción abierta sea posible: «En la declaración de idoneidad deberá hacerse constar si las personas que se ofrecen a la adopción aceptarían adoptar a un menor que fuese a mantener la relación con la familia de origen». Las demás opciones no las exige el Código; informar de cómo van las visitas, durante los dos primeros años, es tarea de la Entidad Pública ante el Juez.

El 175.1 pide que el adoptante sea «mayor de veinticinco años», pero si son dos «bastará con que uno de ellos haya alcanzado dicha edad»: él tiene veintisiete, así que ella puede tener veintitrés. Exigir la edad a los dos es el error típico. La mayoría de edad no basta, y los treinta años no salen en el artículo; sus otras cifras son los dieciséis y los cuarenta y cinco años de diferencia con el adoptando.