La ausencia

El 191 hace acrecer la parte del ausente a sus coherederos «al no haber persona con derecho propio para reclamarla», pero no se la regala: deben hacer inventario, con intervención del Ministerio Fiscal, y reservar esos bienes «hasta la declaración del fallecimiento». Como no se prueba que existiera al abrirse la sucesión, su representante no puede reclamarla en su nombre (190). No pasa a su representante, que no tiene derecho propio a reclamarla; y el 192 deja a salvo las acciones de petición de herencia del ausente o de sus causahabientes.

Probada la muerte, el 188 abre la sucesión en favor de quienes eran sucesores al morir, y el poseedor temporal les entrega el patrimonio del difunto, «pero reteniendo, como suyos, los productos recibidos en la cuantía señalada». Lo percibido conforme a lo fijado no se devuelve ni se reparte, ni queda en depósito hasta la partición.

La obligación 1.ª del 185 reparte el trabajo por clase de bien: «inventariar los bienes muebles y describir los inmuebles». No pide tasación ni se limita a lo valioso. El inventario ante notario es otra cosa: el que el 196 exige a los herederos del declarado fallecido.

El 187, párrafo primero, excluye al poseedor actual en favor de quien prueba su derecho preferente, pero no le da los productos hacia atrás: los tiene «a partir del día de la presentación de la demanda». No desde la declaración de ausencia ni desde que empezó la posesión del otro, y tampoco hay que esperar a que la exclusión se haga efectiva.

El último inciso del 183 no distingue: inscrita la declaración, «quedan extinguidos de derecho todos los mandatos generales o especiales otorgados por el ausente». No sobrevive el especial, no hace falta esperar a la declaración de fallecimiento y no hay nada que revocar: la extinción es automática, y desde entonces actúa el representante del 184.

A falta de cónyuge, el 181 llama al «pariente más próximo hasta el cuarto grado, también mayor de edad»: decide la proximidad, no la edad, y el círculo llega al cuarto grado, no al segundo. El Ministerio Fiscal no designa a nadie: si no hay parientes, no están presentes o la urgencia es notoria, la persona solvente la nombra el letrado de la Administración de Justicia (el «Secretario judicial» del texto), y al Fiscal solo se le oye antes.

El 185, obligación 2.ª, manda prestar la garantía que el letrado de la Administración de Justicia (el «Secretario judicial» del texto) fije, y exceptúa a «los comprendidos en los números 1.º, 2.º y 3.º» del 184: el cónyuge, el hijo y el ascendiente. Los hermanos del número 4.º, aunque también son representantes legítimos, no están exceptuados, y tampoco lo está el representante dativo que se designa en defecto de todos ellos.

El 182 separa a los obligados (cónyuge no separado legalmente, parientes consanguíneos hasta el cuarto grado y Ministerio Fiscal) de quien simplemente puede pedirla: «cualquier persona que racionalmente estime tener sobre los bienes del desaparecido algún derecho ejercitable en vida del mismo o dependiente de su muerte». El acreedor está en ese segundo grupo: puede, pero no debe. La denuncia al Fiscal es una vía por la que el Fiscal actúa, no la única que tiene el acreedor.

El 187, párrafo segundo, devuelve al ausente que aparece «su patrimonio, pero no los productos percibidos, salvo mala fe interviniente»; como aquí hubo buena fe, los productos se quedan con los hijos. El tercio reservado del 186 solo existe cuando poseen los hermanos, no los hijos, y lo que se restituye es «su patrimonio», sin distinguir entre muebles e inmuebles.

El 189 lo dice en una línea: «el cónyuge del ausente tendrá derecho a la separación de bienes». Los productos los hace suyos el cónyuge que tiene la posesión temporal, pero solo «en la cuantía que el Secretario judicial señale» (186). Tampoco le da una pensión compensatoria, que es efecto de la separación o el divorcio; la sucesión del ausente solo se abre si se prueba su muerte (188).

El 184 solo llama a los hermanos mayores de edad «que hayan convivido familiarmente con el ausente»; este no convivió, así que no entra. Agotada la lista, la representación corresponde a la persona solvente de buenos antecedentes que designe el letrado de la Administración de Justicia (el «Secretario judicial» del texto), oído el Ministerio Fiscal, que no la asume él mismo. El «pariente más próximo» es el criterio del 181 para el defensor del desaparecido, no para el representante del declarado ausente.

Sin apoderado general, el 183 pide un año «desde las últimas noticias o a falta de éstas desde su desaparición»: la desaparición solo cuenta si no hay noticias posteriores, y aquí la carta las da. Contar desde el fin del año natural es el cómputo del 193 para la declaración de fallecimiento, no el de la ausencia legal; y los tres años son para quien dejó encomendada la administración de todos sus bienes.

El 181, párrafo segundo, da el puesto por ley al cónyuge: el presente, mayor de edad y no separado legalmente es «el representante y defensor nato del desaparecido». Los parientes solo entran «por su falta», así que ni el hijo ni el hermano desplazan a la esposa. Que el letrado de la Administración de Justicia (el «Secretario judicial» del texto) nombre a una persona solvente queda para cuando faltan parientes, no están presentes o la urgencia es notoria.

El 184 llama primero al «cónyuge presente mayor de edad no separado legalmente o de hecho»: la separación de hecho basta para apartarlo. La trampa es el 181, que para el defensor del desaparecido solo excluye al separado legalmente; para la representación del ya declarado ausente el Código es más estricto. Y el cónyuge sí puede ser representante del ausente: es el primero de la lista del 184.

Los tres años del 183 presuponen que el apoderado sigue ahí. Si muere, renuncia de forma justificada o caduca el mandato, la ausencia legal llega en cuanto concurren dos cosas: que se ignore el paradero y que haya pasado un año desde las últimas noticias. Aquí han pasado dieciocho meses, así que no hay que esperar a los tres años, el año no se vuelve a contar desde la muerte del apoderado y la muerte del mandatario no pasa el mandato a sus herederos: es, precisamente, lo que determina la ausencia legal.

El 186, párrafo tercero, cierra la puerta con una excepción: los poseedores temporales no pueden vender, gravar, hipotecar ni dar en prenda los bienes del ausente «sino en caso de necesidad o utilidad evidente, reconocida y declarada» por el letrado de la Administración de Justicia (el «Secretario judicial» del texto), que al autorizarlo fija también el empleo del dinero. Ser representante legítima no basta, el Fiscal no es quien autoriza y la prohibición no es absoluta.