La curatela

El 271 permite proponer «el nombramiento o la exclusión de una o varias personas determinadas» para ejercer la curatela: excluir a alguien también es cosa de la persona, no del juez. Puede proponer a más de una, y el 273 admite sustitutos y dice cuál se prefiere si no fija el orden. No hay límite de parentesco: el orden de parientes del 276 solo juega cuando falta la propuesta.

El 282 lo dice en su primera frase: ante el letrado de la Administración de Justicia. No ante la autoridad judicial que lo nombró, ni ante notario o el encargado del Registro Civil. Ante el mismo letrado se forma después el inventario, cuando el curador tiene facultades representativas (285).

El 270 se lo encarga al Ministerio Fiscal, «sin perjuicio de las revisiones periódicas»: puede pedir información en cualquier momento. La autoridad judicial tiene su propio control (las medidas de la resolución y el informe que puede exigir al curador), pero el letrado, la entidad pública y los parientes no reciben esa facultad del artículo.

El 279 no deja hueco: mientras se resuelve, «el nombrado estará obligado a ejercer su función». Alegar la excusa no suspende el cargo. Si no actúa y hace falta apoyo, se nombra un defensor judicial que lo sustituya, y si la excusa se rechaza, él paga los gastos. (El plazo para alegarla es de quince días desde que conoce el nombramiento, salvo causa sobrevenida.)

El 285 da sesenta días y cuenta desde la toma de posesión del cargo, no desde el nombramiento: «a contar desde aquel en que hubiese tomado posesión de su cargo». El letrado de la Administración de Justicia puede prorrogarlo si hay causa. Los tres meses son otra celda: la cuenta general al cesar (292). La obligación es solo del curador con facultades representativas.

El último párrafo del 281 lo excluye: «No concurrirá causa de excusa» cuando los apoyos se han encomendado a una entidad pública. Las dos causas de los distractores (carecer de medios, o que las condiciones no casen con sus fines) son del 279 y valen para las personas jurídicas privadas, no para la pública. El plazo de quince días es el de quien sí puede excusarse.

Cuando el impedimento o el conflicto es «prolongado o reiterado», el 283 deja de lado el defensor judicial puntual y permite a la autoridad judicial, oídos la persona y el Fiscal, «reorganizar el funcionamiento de la curatela, e incluso proceder al nombramiento de un nuevo curador». No hay que esperar a la revisión periódica. Y la curatela no se convierte en tutela: desde la Ley 8/2021, en vigor el 3 de septiembre de 2021, la tutela ya no es una medida para mayores de edad.

El 276 empieza por la voluntad de la propia persona: se nombra a quien ella haya propuesto, o a quien propuso la persona en quien delegó la elección. El orden legal —cónyuge o pareja conviviente, hijos, progenitores…, guardador de hecho en quinto lugar— solo juega «en defecto de tal propuesta».

El 272, párrafo segundo, solo lo permite si hay «circunstancias graves desconocidas por la persona que las estableció» o si han cambiado las causas que tuvo en cuenta, y «siempre mediante resolución motivada». Ni el paso del tiempo ni que la persona propuesta no sea pariente lo justifican; y aunque los llamados por ley pueden pedirlo, su sola preferencia por otro candidato no basta.

El 281 se la reconoce «siempre que el patrimonio de la persona con discapacidad lo permita», y se paga con cargo a ese patrimonio. El importe y el modo de cobrarla los fija la autoridad judicial, según el trabajo y el valor y la rentabilidad de los bienes. No es un cargo gratuito por definición, no la paga una entidad pública y no depende de que la autocuratela la prevea (aunque puede regularla, 271).

El 287.2.º lo pone en «término inicial que exceda de seis años». Los seis años se repiten en el capítulo con otro papel: son el techo excepcional de la revisión de las medidas (268). Los arrendamientos de duración menor no necesitan autorización por esta causa.

El 292 lo deja claro desde su primera línea: la cuenta general justificada de la administración se rinde al cesar «sin perjuicio» de la rendición periódica que se le hubiera impuesto. Las cuentas periódicas no la sustituyen, ni hace falta que nadie la reclame. Y no depende de que la autoridad judicial se la exija expresamente al cesar: el artículo ya la impone («deberá rendir»).

El 286 le da al silencio un efecto duro: si el curador no incluye en el inventario sus créditos contra la persona, «se entenderá que renuncia a ellos». No los conserva para la cuenta final ni hay un plazo para completar el inventario que lo salve.

El 277 lo admite si la voluntad y las necesidades de la persona lo justifican, y pone el ejemplo: se pueden separar «como cargos distintos los de curador de la persona y curador de los bienes». Si son varios, la autoridad judicial fija cómo funcionan, respetando la voluntad de la persona. No depende del tamaño del patrimonio ni de que el curador sea una persona jurídica.

El 292 da cinco años y fija el día inicial: «desde la terminación del plazo establecido para efectuarla», es decir, al acabar los tres meses (o su prórroga) que tenía para rendirla, no desde el cese. Los tres años son la prescripción de otra acción: la de responsabilidad por daños, que cuenta desde la rendición final de cuentas (294).

El 291, párrafo segundo: cuando la medida ya no es precisa, o cuando se adopta una forma de apoyo más adecuada, la curatela se extingue «por resolución judicial». No se extingue de pleno derecho: hace falta que una resolución lo declare. El curador no puede darla por terminada renunciando, y la revisión periódica no la extingue de forma automática.

El último párrafo del 269 lo cierra sin excepciones: «En ningún caso» puede la resolución incluir la mera privación de derechos. La curatela fija los actos en que se presta apoyo, no los derechos que se quitan. Ni el informe del Ministerio Fiscal ni la naturaleza patrimonial de los derechos abren una puerta que el texto no deja abierta.

Para el conflicto ocasional, el 283 encarga el nombramiento al letrado de la Administración de Justicia, que oye a la persona y respeta su voluntad, deseos y preferencias. La autoridad judicial entra cuando el conflicto es prolongado o reiterado: entonces puede reorganizar la curatela o nombrar otro curador. Ni el Ministerio Fiscal ni la entidad pública nombran este defensor judicial.

El conflicto de intereses está en el 275.3, que no es una prohibición absoluta como la del 275.2: la autoridad judicial no podrá nombrarlo «salvo circunstancias excepcionales debidamente motivadas». Decir «nunca» lo convierte en lo que no es. Ser el cónyuge conviviente no lo dispensa, y la fianza no levanta la prohibición: es una garantía que la autoridad judicial puede exigir por razones excepcionales (284), no la motivación que pide el 275.3.

El 272 no separa el nombre de lo demás: «la propuesta de nombramiento y demás disposiciones voluntarias» del 271 —entre ellas, las reglas de administración y la retribución— vinculan a la autoridad judicial. No son orientativas ni necesitan ratificarse. Solo puede prescindir de ellas en los casos tasados del párrafo segundo y por resolución motivada.